¿Qué pasa con la democracia de Bruselas?

Dicen los tratados que el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) será nombrado por el Consejo Europeo “de entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios”. Se exige la consulta previa, no vinculante, al Parlamento Europeo, además de al Consejo de Gobierno del propio BCE. El nombramiento se realiza sobre la base de una recomendación del Consejo, en su formación Economía y Finanzas (ECOFIN).

Este acaba de respaldar a de Guindos, a pesar de que la Eurocámara había opinado que el candidato rival, Philip Lane, finalmente retirado, tenía mejor perfil, por no ocupar cargo político y ser experto en política monetaria con experiencia como gobernador del Banco Central de Irlanda.

No es de extrañar que la historia de este nombramiento haya vuelto a despertar la curiosidad sobre la democracia de Bruselas.

La composición y funciones del BCE es un elemento crítico. Ejemplifica conjuntamente las tres grandes debilidades de la UE: la complejidad de la toma de decisiones, la constitucionalización del contenido de algunas políticas, y la poca presencia de temas europeos en los procesos electorales.

La complejidad institucional resta al ciudadano capacidad de fiscalización directa. Solo personas introducidas conocen cuestiones mecánicas básicas como que la mayor parte de las decisiones de la UE son adoptadas por los representantes de los gobiernos nacionales y los miembros del Parlamento Europeo, o que el monopolio de la iniciativa por parte de la Comisión está pensado para evitar que los grandes países controlen la oferta legislativa.

Además, si en los sistemas presidenciales (con distintos programas para las elecciones del presidente y los parlamentarios) existen dos cadenas de delegación, en la UE, simplificando, se combinan tantas como Estados multiplicadas por dos. A día de hoy, 56. El mandato de los miembros de la cámara de representación territorial, el Consejo, nace en 28 elecciones generales diferentes, y el de los eurodiputados en otras tantas, toda vez que los comicios al Parlamento Europeo son también 28, donde los partidos nacionales compiten, básicamente, con sus propios programas, elaborados además en clave nacional y no europea.

La “constitucionalización” del contenido de ciertas políticas, por su parte, quiere decir que, para reformarlas, es necesario modificar los tratados, por unanimidad de los países, y con los debidos procesos de ratificación, que pueden exigir la convocatoria de referendos nacionales.

Esto, entre otros factores, provoca que fuerzas políticas, tanto de derecha como de izquierda, por su preferencia, por ejemplo, por una ampliación del mandato del BCE que incorpore objetivos de crecimiento y empleo, o por una mayor intervención pública en el mercado, se consideren una amenaza para el sistema, en lugar partidos normales desempeñando una de sus funciones esenciales, articular alternativas sobre políticas. Los partidos eurocríticos se han asimilado a quienes promueven la salida de la UE (los euroescépticos) y, en general, los actores politizadores han sido tildados de desleales y peligrosos.

Sin embargo, esta despolitización de los asuntos públicos que se resuelven en Bruselas, Estrasburgo o Fráncfort se ha vuelto insostenible, lo mismo que la propia complejidad extrema de la Unión. Todo tiene su momento; hay un tiempo para todo… Y hemos arribado a una nueva oportunidad para hablar y construir.

Que merece la pena arremangarse por Europa, no hay duda.

La democracia de Bruselas nos ha enseñado a implicar más a la sociedad civil organizada en las distintas fases de la elaboración de políticas, a regular la representación de intereses, a promover políticas de emprendimiento en beneficio del interés público, a defender los intereses difusos frente a intereses privados de actores económicos poderosos, a planificar estratégicamente las inversiones públicas, transparencia.

Por difícil de ver que resulte, por efecto todavía de la tenebrosa retórica de la austeridad, la UE, sobre todo, ha protegido nuestros Estados de bienestar, mejorando su capacidad regulativa y recaudatoria. Ha posibilitado, en la globalización, la continuidad del modelo social europeo, verdadero elemento definitorio de la UE como sistema político compuesto.

Nos lo podemos permitir. Permitamos a la Unión seguir cumpliendo su misión, de forma más democrática, con procedimientos (y nombramientos) más comprensibles para todos.

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