Participar, ¿también en los programas electorales?

En los últimos procesos electorales se ha podido observar que, de manera creciente, las formaciones políticas recurren al sistema de primarias (o algo parecido) para seleccionar a los integrantes de sus candidaturas, lo que, sin entrar en mayores matices, parece recoger una cierta aspiración de abrir la vida interna de los partidos a la participación de militantes y simpatizantes: queda en sus manos, al menos teóricamente, determinar quiénes van a aspirar a ocupar los cargos representativos. Pero no se observa similar apertura en la otra faceta que también da relevancia constitucional a las tareas de los partidos, la orientación programática que ofrecen al electorado y que se comprometen a seguir los elegidos. Más bien se podría afirmar que la elaboración de programas electorales no ha sido hasta ahora un ámbito abierto a la participación ciudadana, estaría más bien en ese terreno en el que la política se presenta como un coto cerrado, a disposición únicamente de unos cuantos profesionales, de un grupo reducido de dirigentes y asesores.

En buena medida, esta situación es consecuencia de que las normas electorales estatales o autonómicas carecen de previsiones en ese sentido: no se obliga a presentar un programa ni a darle publicidad, mucho menos se va a establecer quiénes tienen que participar en su conformación. Tampoco se encuentran en las normas internas de los propios partidos, que apenas contienen referencias a esta cuestión y, cuando las hay, no consagran derechos de sus militantes (salvo en los estatutos del Partido Popular, aunque aquí también sin mayores consecuencias) sino que se limitan a indicar qué órganos han de aprobar los programas o, todo lo más, cuáles tienen capacidad para hacer propuestas.

Al margen pues de lo puedan establecer en sus estatutos, en el ámbito catalán al que se ciñe la investigación desarrollada, no ha sido posible detectar más que una experiencia relevante, la de la CUP, en tanto que organización peculiar, de corte asambleario a partir de estructuras locales, en la que se somete a asambleas abiertas la elaboración y aprobación de un marco político mediante la formulación de enmiendas (aunque, como ocurre en cualquier otra formación política, éste es un debate que viene delimitado por algunos principios básicos que son los que dan identidad al partido). El resto de los partidos abre si acaso alguna vía de propuesta (sobre todo en sus páginas electrónicas) sin formalizar ningún cauce de debate y aprobación en relación con sus ofertas programáticas, mientras que es habitual recurrir a profesionales, antiguos cargos y expertos académicos para redactar el programa, igualmente por vías no formalizadas.

Una modificación de esta línea de conducta (como en parte han hecho PSOE y Podemos de cara a las próximas elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado) facilitaría una apertura de las formaciones políticas a la sociedad o, cuando menos, contribuiría a darle protagonismo a quienes militan en ellas, reforzando su condición de sujetos activos de la vida interna del partido. Además de ampliar los cauces de participación, en principio habría que valorar también positivamente que el debate político en general se viera enriquecido, por la aportación de nuevas ideas y alternativas y la intervención de un número mayor de sujetos, lo que por otra parte plantea el problema de la posible falta de control del proceso, en el que podría influir individuos o grupos en mayor o menor medida ajenos al partido y sus fines: medios de comunicación, entidades que pretendan concentrarla en algún tema en concreto… Sin contar con que en esos procesos seguramente tendrán ventaja quienes dominen las herramientas digitales, que requerirá el empleo de numerosos recursos materiales y personales y que puede generar textos más largos y no muy coherentes, lo que no va a contribuir a dar más relevancia a los programas, sino más bien lo contrario: se hará más complicado el análisis riguroso y tendrán menos capacidad de influir en la determinación del voto.

Muy complicada en todo caso se presenta la articulación de una modificación legal que estableciera esos cauces de participación. Primero porque quizá convendría que esas prácticas se desarrollaran algo más para evaluarlas con más conocimiento de causa. En segundo lugar, porque difícilmente podría tener lugar durante el periodo electoral, poco apto para una deliberación de este tipo: sólo comienza legalmente con la convocatoria de las elecciones y en veinte días hay que presentar las candidaturas… Por ello, quizá debería orientarse más a regular el modo en que se convocan y desarrollan asambleas y congresos de los partidos, ampliando y concretando los derechos de quienes militan en ellos, no tanto pues en los programas electorales como en los textos que habitualmente se discuten y aprueban en estos órganos.

Este artículo forma parte del Dossier “Participación ciudadana en el ámbito autonómico. El caso de Cataluña“.

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