París: de nuevo libertad vs. seguridad

Los atentados cometidos por el ISIS en Paris el 13 de noviembre y la respuesta jurídica e institucional que han generado, empieza a aparecerse a la que en su momento se produjo el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Entonces, en muy pocos días, el Congreso de los Estados Unidos aprobó, con la práctica unanimidad de sus miembros, una ley de seguridad frente al terrorismo, la conocida como la Patriot Act, que suscitó un rechazo en la American Civil Liberties y otras entidades de defensa de los derechos fundamentales.

El derecho a un juicio justo y la intimidad en las comunicaciones fueron algunos de los derechos que se creían vulnerados por la decisión legislativa impulsada por el Gobierno del nefasto George Bush Jr. tras los ataques a las torres gemelas y al Pentágono. La prisión de la isla cubana de Guantánamo que alojó a los tribunales militares sigue abierta, para descrédito del Presidente Obama. Asimismo, el peligro de criminalizar a cualquier ciudadano en el ejercicio de sus derechos de libertad (en especial, la libertad de expresión y de información, así como el derecho a la autodetermianción informativa, el habeas data) fueron algunas de las consecuencias colaterales de una ley muy controvertida. Tanto que posteriormente, el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de junio de 2006 (Caso Hamdan c. Rumsfeld) (….) consideró parcialmente contraria a la Constitución.

Ahora, ante la masacre cometida en la capital francesa el gobierno del Presidente Hollande, tras un discurso ante las dos cámaras legislativas reunidas en sesión conjunta en el palacio de Versalles, en un acto de alta carga emocional, ha afirmado que Francia está en guerra contra el yihadismo y promueve una reforma de la Constitución, junto a una serie de importantes medidas para combatir el terrorismo del ISIS. En lo que concierne a la revisión de la norma suprema, se propone adaptar la actual regulación del estado de emergencia a las nuevas amenazas que se han cernido sobre Francia. Por el momento se ha prolongado su vigencia de los actuales 12 días a tres meses. En este nuevo contexto y para garantizar la seguridad la policía, la judicatura y los militares dispondrán de mayores competencias para perseguir y desarrollar la labor de vigilancia de los sospechosos de terrorismo. Más concretamente y a fin de reforzar la seguridad interior, se ha decidido otorgar más competencias a la policía sin que sea requerido el necesario control judicial en los registros que lleven a cabo. Las medidas que ha anunciado Hollande y que debe poner en práctica de forma inmediata el Gobierno del Primer Ministro Valls, se suman a las que ya habían sido aprobadas el último año. Ente ellas destacan la nueva legislación sobre los servicios secretos que habilita para el rastreo masivo de datos telefónicos y cibernéticos también al margen del control judicial. El precedente del caso norteamericano está, sin duda, presente, y así lo habían ya denunciado diversas organizaciones de derechos humanos.

La cuestión que siempre es recurrente vuelve a plantearse: el binomio libertad y seguridad aparece de nuevo en la escena de un estado democrático como Francia, que precisa defenderse ante unos atentados contra la libertad y la vida de sus ciudadanos. Es evidente que el impacto del drama de más de un centenar de muertos y muchos más heridos no se produce en un contexto desconocido. La lucha contra el terrorismo del ISIS no es nueva y el gobierno francés ya había tomado medidas. Cabe preguntarse, no obstante, si la reforma constitucional y de la legislación de seguridad pueden paliar las lagunas que puedan haber existido para intentar evitar la masacre. Ciertamente ante el terrorista suicida que se inmola poco se puede hacer. Sin embargo, desde la estricta perspectiva de la seguridad, no es cuestión baladí que los detenidos hasta ahora conocidos fueren poseedores de pasaporte francés, lo que pone de manifiesto que algo ha funcionado mal en su mantenimiento ordinario. La cuestión que una vez más se plantea es hasta que punto la legislación antiterrorista adoptada puede suponer un sacrificio para el ejercicio habitual de las libertades públicas del ciudadano y una demonización del mundo islámico y de los refugiados en Europa procedentes de Siria.

Desde la perspectiva jurídico-constitucional, la adopción de estas medidas constitucionales y legislativas para combatir el terrorismo del ISSIS se enmarcan en el ámbito del llamado derecho de excepción, integrado en el derecho comparado por los estados de necesidad, alarma, excepción, sitio, etc.. Junto con la justicia constitucional y los procedimientos de reforma, el derecho de excepción es una forma más de defensa de la Constitución. El gran reto al que se enfrentan las medidas excepcionales, que siempre han de estar previstas en la Constitución, es que nunca pueden ser una alternativa normativa a la propia Constitución. No pueden hibernar temporalmente su vigencia. La racionalidad del Derecho ha de ser el antídoto frente a la lógica de fuerza que pretenda aniquilar las instituciones democráticas. Por esta razón incluso en los casos en los que se suspenda en ejercicio pleno de algunos derechos y se introduzcan controles preventivos, el funcionamiento de las instituciones del Estado no puede quedar alterado. Como afirmaba el profesor Pérez Serrano sobre el derecho de excepción, la regla de comportamiento es que se ha entrar en esta situación conforme a derecho y se ha permanecer y salir de la misma, también conforme a derecho. En el mismo sentido, el antiguo presidente del Tribunal Constitucional español, Pedro Cruz Villalón recordaba que con la configuración constitucional del derecho de excepción, el constituyente debe siempre decidir hasta qué punto una Constitución puede admitir la suspensión temporal de algunos de preceptos. Con la sola existencia del derecho de excepción se pone de manifiesto de manera constante hasta dónde está dispuesto a llegar el constituyente en nombre de la seguridad del estado, sin con ello desautorizar la esencia del Estado democrático.

El artículo 16 de la Constitución francesa en su formulación primigenia de 1958 era un ejemplo de derecho excepción que dejaba la puerta abierta a la dictadura republicana. Era el golpe de estado permanente denunciaba Mitterand en los años sesenta, pero que –por cierto- nunca modificó durante sus 14 años de presidencia. Tras la reforma constitucional de la década pasada, los poderes omnímodos del Presidente ha sido limitados a través de una consulta previa al Consejo Constitucional y una vez tomadas las medidas, este órgano de justicia constitucional puede ser requerido para examinar su adecuación a la Constitución. Por tanto, el derecho de excepción ya existe en Francia. La cuestión a plantear es si las medidas adoptadas, más allá de la espectacularidad, pueden resultar eficaces y, asimismo, en qué medida constituyen una restricción inasumible de las libertades del ciudadano.

Finalmente, en el plano de la Unión Europea el reto para hacer frente a situaciones como la ocurrida en París resulta decisivo para su respetablidad como entidad política. Obviamente, no se trata de un problema exclusivamente francés sino europeo y global. En este sentido, cabe preguntarse por el mantenimiento del régimen de dictadura en la Siria de Baixar-Al-Assad y, desde luego, no se pueden olvidar al respecto los lodos que han venido con el tremendo despropósito de la interesada invasión de Irak. En todo caso, es más que razonable que Francia intente movilizar en su ayuda al resto de la Unión a fin de hacer causa común y controlar mejor las fronteras, activando las previsiones del artículo 42.7 del Tratado de Lisboa ante la agresión sufrida. Pero en todo caso, no es seguro que la espectacularidad política de las medidas que van adoptarse puedan realmente ser la mejor solución para evitar casos similares en el futuro. 

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