Israel/Palestina: cambio de paradigma

Las imágenes y datos que el pasado lunes llegaban de Gaza revolvieron la conciencia de muchos, más aún en contraste con las sonrisas y aplausos de quienes, a pocos kilómetros, celebraban la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Desde que el pasado 30 de marzo tuviera lugar en la Franja la primera protesta en el marco de la Gran Marcha del Retorno, han muerto 111 palestinos y hay más de 10.000 heridos. Son cifras que en cualquier otra parte del mundo protagonizarían la actualidad mediática durante meses. Pero tratándose de Israel/Palestina, y no digamos de la región, la opinión pública se ha acostumbrado a que cada cierto tiempo le lleguen titulares teñidos de sangre y violencia; y cuesta mantener la atención: es un conflicto inextricable, un problema enquistado en Oriente Próximo (por momentos, responsabilidad en exclusiva de sus habitantes) y ningún actor internacional ha conseguido resolverlo pese a los numerosos esfuerzos e iniciativas.

No obstante, siguen fluyendo desde despachos de gobiernos y organizaciones internacionales comunicados de consternación; pero no de condena, llamada a la mesura y, sobre todo, conminando a ambas partes a que vuelvan a la mesa de negociación. Así planteado, nada pudiera parecer más fácil: representantes palestinos e israelíes se mirarían a la cara, limarían sus diferencias, negociarían y acordarían dividir la Palestina histórica en dos estados, uno palestino y otro judío, poniendo fin a décadas de violencia y tensiones. Todo ello sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (muy particularmente la número 242), que a su vez toman como punto de partida del conflicto el inicio, en 1967, de la ocupación israelí tras la llamada Guerra de los Seis Días.

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¿1967? ¿51 años? ¿Acaso no celebraba Israel este año sus 70 años de existencia, y la Embajada estadounidense se inaugura por tal ocasión? Precisamente este dato nos recuerda que el conflicto tiene su verdadero origen (aunque muchas de las semillas de la discordia se habían plantado con anterioridad) en 1948. Mientras que el 5 de junio de 1967 representa para los palestinos la naksa (derrota), el 15 de mayo de 1948 fue el primer día de la nakba (catástrofe): ese día, con la guerra arabo-israelí como telón de fondo, 750.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares, convirtiéndose en refugiados esparcidos por todo el planeta. Hoy, 1,3 millones viven en la Franja de Gaza y 800.000 en Cisjordania, pero también 520.000 en Siria o 450.000 en Líbano, un país que no les reconoce como ciudadanos de pleno derecho. A estos refugiados, la mayoría descendientes de los expulsados, la Resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas les concede el llamado derecho de retorno, que nunca han podido ejercitar.

El futuro de los refugiados es una de las cuestiones de estatuto final que palestinos e israelíes no fueron capaces de convenir cuando alcanzaron los Acuerdos de Oslo, que desde 1993 han enmarcado el llamado proceso de paz; ése que las partes son llamadas a recuperar comunicado tras comunicado. Muchos los han calificado como una puñalada en la espalda del pueblo palestino. Edward Said los denominó el “Versalles palestino”, la forma más sofisticada que los israelíes encontraron de abandonar a los palestinos a su suerte sin por ello ceder la soberanía sobre Judea y Samaria (Cisjordania).

El Estado palestino no ha visto aún la luz, y aunque lo hiciera, en las condiciones actuales sería completamente inviable desde el punto de vista territorial, económico, militar e incluso geopolítico. Aquí entran en juego otras cuestiones de estatuto final como la de los asentamientos que Israel ha ido construyendo como política de hechos consumados mientras en otros foros se hablaba de paz: más de 600.000 colonos israelíes viven hoy en Cisjordania y Jerusalén Este. El problema, sin embargo, va más allá de meros individuos: los asentamientos están conectados entre sí y con Israel por una serie de infraestructuras que convierten a Cisjordania en un puñado de bantustanes (en el apartheid sudafricano, enclaves territoriales cerrados destinados a los negros). La construcción y mantenimiento de estas infraestructuras han corrido a cargo del Ejército y del sector privado israelíes y se han convertido en parte integral de la economía y la sociedad de este país.

Aunque los asentamientos de Gaza fueron desalojados unilateralmente en 2005, pesa sobre la Franja un estricto bloqueo desde hace 11 años que, unido a tres enfrentamientos a cielo abierto, ha convertido al enclave en la ‘cárcel’ al aire libre más grande del mundo. Acabar con la ocupación no sería, por tanto, tan sencillo como puede desprenderse de los comunicados y conferencias de Washington o Bruselas.

El futuro de Jerusalén es otra cuestión de estatuto final. Ése es el motivo por el cual fue tan polémica la decisión de Donald Trump de reconocer la ciudad como capital de Israel, sin haberse acordado su situación final. Destinada en principio a erigirse en capital para las dos naciones, Israel la declaró en 1980 “capital única e indivisible” del país, punto de partida de una serie de acciones destinadas a ‘judaizar’ la Ciudad Santa, muy particularmente su parte oriental: asentamientos en barrios destinados a formar parte de un futuro Estado palestino, una ley de ausencia que deja a miles de palestinos sin residencia, carestía de la vivienda, impuestos altos pero insuficiente provisión de servicios básicos, represión y acoso diarios… A todo esto se añade el Muro del Apartheid, que la Corte Internacional de Justicia declaró en 2004 contrario al Derecho Internacional por -entre otros motivos- impedir el derecho de los palestinos a autogobernarse; un muro que engulle territorio en principio palestino y condena a la separación y ostracismo a docenas de localidades y familias.

La cuarta cuestión de estatuto final clave es la situación de los llamados ciudadanos palestinos de Israel, un 20% de la población del país que está relegada a la condición de ciudadanos de segunda clase tanto de facto como, cada vez más, de iure. Israel se ha convertido así en lo que el autor israelí Oren Yiftachel denomina “etnocracia”, un sistema en el que se atribuyen distintos derechos y obligaciones a sus ciudadanos dependiendo de su etnia, religión o secta. Este régimen se extiende a los territorios ocupados, cuyos habitantes se ven también sometidos a un distinto régimen legal dependiendo de su etnia (colonos judíos o nativos palestinos) y lugar de residencia (Israel, áreas A, B o C en Cisjordania o la Franja de Gaza). A pesar de existir gobernantes y representantes palestinos y una Autoridad Nacional Palestina cincelada en los Acuerdos de Oslo, la soberanía recae directa e indirectamente sobre Israel, que controla las fronteras, la economía, la seguridad, el territorio y la libertad de circulación de personas y bienes en la totalidad de la Palestina histórica.

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Teniendo en cuenta todo lo anterior, es comprensible que sea cada vez mayor el número de académicos, activistas y ciudadanos de a pie que aboguen por desarticular definitivamente el mantra impracticable de la ‘solución de los dos estados‘ y su sustitución por la de un ‘Estado binacional’. La idea no es nueva y ha germinado  tanto antes como después de la partición palestina, tanto por intelectuales judíos como por pensadores palestinos (incluso por la propia Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que en los años 1970 ya hablaba de un “Estado único, democrático y secular”), y tanto dentro como fuera del antiguo mandato británico. Hoy por hoy es utilizada por autoridades de un lado y otro de la Línea Verde (la frontera entre los territorios ocupados e Israel) como revulsivo, por algunos políticos palestinos como amenaza del fin de Israel como Estado judío y por representantes israelíes como promesa de un futuro Gran Israel en el que los palestinos finalmente cedan sus derechos, su soberanía e incluso sus tierras.

El Movimiento por un Estado no depende, sin embargo, de los políticos. Ha dejado de prestar atención a los diplomáticos que se lamentan de la muerte de la solución de dos estados. Considera que estos últimos perciben el sempiterno proceso de paz como su única zona de confort, en la que se sienten capaces de gestionar el conflicto pero no vislumbrar su solución, contando con la complicidad de los sucesivos gobiernos israelíes y palestinos. Es un movimiento extremadamente poco unificado, a pesar de que el debate lleva encima de la mesa más de 20 años, revigorizado tras el fracaso de Oslo y el estallido de la segunda intifada. A pesar de no reclamarse como tal, cuenta con representantes en un importantísimo número de ideologías, procedencias o marcos de análisis (como el estudio del apartheid, el del sionismo como colonialismo de asentamientos o la resolución de conflictos etnonacionales, entre otros). En vez de debatir sobre la forma, bandera, himno o constitución que adoptaría ese futuro Estado binacional, el movimiento se centra en la lucha por la igualdad de derechos –individuales y colectivos– y de oportunidades para todos sus habitantes; en el mutuo reconocimiento y la posibilidad de una reconciliación futura, inspirados por el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

Aquellos que apuestan por la solución de un Estado son perfectamente conscientes de las enormes dificultades a las que se enfrenta su propuesta, empezando por la intransigencia de un Ejecutivo y sociedad israelíes cada vez más acuartelados en el confort del statu quo, el apoyo incondicional (y material) de Estados Unidos al Estado hebreo, la división dentro de la propia causa palestina, la pasividad de la comunidad internacional o el doble rasero de los estados árabes que ansían la normalización de relaciones con Tel Aviv, incluso a expensas de los palestinos y de sus propias poblaciones.

Algunas grietas en el muro invitan, sin embargo, a una tímida esperanza: la creciente desafección de la diáspora judía hacia las acciones de Israel, la conciencia cada vez mayor entre los palestinos de que su movimiento nacional (encabezado en la actualidad por facciones más absortas en una lucha cainita por el poder que en un futuro más digno para sus conciudadanos) necesita con urgencia un giro de 180 grados, los progresivos éxitos en la escena internacional del movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones, inspirado en las acciones de la Sudáfrica de los 80 y 90), los crecientes vínculos entre los auto-denominados one-staters… En el horizonte, aunque lejano, podría vislumbrarse un futuro en el que ni los habitantes de Gaza tengan que enfrentarse a la muerte para retornar a su hogar, ni los habitantes de Cisjordania que acostumbrarse al miedo cuando atraviesan un checkpoint, ni los israelíes se vean obligados a empuñar un arma y disparar contra su vecino a los 18 años, ni el mundo siga pasivo ante violaciones sistemáticas de los derechos y libertades fundamentales recogidos por el Derecho Internacional.

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