Hay (otras) soluciones para el sistema de pensiones

La sociedad que existía cuando se creó el sistema de Seguridad Social ya no es la misma. Ha llegado, por tanto, el momento de repensar nuestro sistema de pensiones sin perder de vista los principios de solidaridad, cohesión social y la certidumbre económica sobre los que fue concebido en el modelo social europeo como alternativa al modelo anglosajón, desregulado e individualista. Recopilamos aquí las conclusiones de un intenso debate que continuará en el futuro próximo.

La crisis económica tambaleó las bases del sistema del bienestar en Europa y, pese a que todos los estudios coinciden en que los sistemas públicos de pensiones no han sido los culpables de la crisis en ningún país europeo, éstos han sufrido fuertemente sus consecuencias. En España, las medidas adoptadas en 2012 y 2013, sin contar con consenso social y apartándose totalmente del Pacto de Toledo aprobado por todos los partidos en enero de 2011, tuvieron una marcada orientación ideológica y ahora, con el sistema en números rojos, los malos resultados se transmiten a la opinión pública no como resultado de una mala gestión de la crisis económica, sino como un problema de inviabilidad e insostenibilidad del sistema.

Este deterioro se debe, sobre todo, a la fuerte caída de la tasa de empleo, a un incremento del gasto en pensiones contributivas (en porcentaje del PIB), al aumento de la tasa de dependencia (que relaciona los dependientes con las personas en edad de trabajar) y al alza de la tasa de sustitución de las pensiones (porcentaje que supone la pensión respecto al último sueldo percibido). Además, España, al igual que nuestros homólogos europeos, tiene un enorme desafío demográfico por delante. El envejecimiento de la población, debido al incremento de la esperanza de vida y al descenso de la natalidad, plantea un gran reto para el sistema. La OCDE advirtió recientemente a nuestro país de que si la evolución demográfica no cambia, para 2050 tendrá la segunda mayor tasa de dependencia del mundo, sólo superada por Japón. De cada 100 habitantes, 77,5 serán pensionistas.

En las condiciones actuales, el sistema no parece preparado para afrontar este gran reto. En los últimos 10 años, el gasto en pensiones contributivas, que suponen el 78% del gasto de la Seguridad Social, se ha disparado un 45%, mientras que el correspondiente a las de jubilación lo ha hecho en un 56%, junto a un aumento del 12% en el número de pensiones (1.106.631 más que en 2008). Junto a ello, los ingresos por cotizaciones (en torno al 76% de los recursos del sistema) sólo se han incrementado un 7,5%. De esta forma, desde 2011, durante toda una legislatura, los ingresos por cotizaciones no han cubierto el gasto en pensiones y hemos alcanzado en 2017 un déficit de 16.800 millones de euros (sin el Fondo de Garantía Salarial y el Servicio Público de Empleo Estatal). Esta precaria situación de las cuentas, junto a la reducción de fondos de la hucha de las pensiones, ha conducido a la solicitud de créditos al Tesoro, que este año ascenderá a 15.000 millones de euros.

Si queremos mantener el nivel de protección de la Europa del euro y unas tasas reales de sustitución como las actuales, debemos incrementar el gasto público. No obstante, hay que recordar a este respecto que en 2011 el 40% de los trabajadores que accedían a la pensión de jubilación no acreditaban los 37 años de cotización, con lo cual su cuantía se reducía el 2% aproximadamente por cada año de menos. El nivel de protección social en España es bajo en términos comparativos y el porcentaje de gasto público en España también es inferior respecto a Francia, Alemania e Italia. Son cinco puntos menos de PIB respecto a la zona euro; 50.000 millones al año menos que la media del gasto social. No obstante, el nivel de protección del sistema de pensiones sí está dentro de los estándares de países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

Por el lado de los ingresos, las bonificaciones a la contratación y los menores salarios que ha dejado la crisis se han traducido en un volumen que crece más despacio que la economía y que los gastos. Mientras éstos aumentan un 3,11% interanualmente (1,3% por el incremento del número de pensiones y un 1,92% por el efecto sustitución), los ingresos no crecen al mismo ritmo.

En estos momentos, los ingresos derivados de los salarios no parecen capaces de garantizar en el futuro la estabilidad financiera de los sistemas públicos de pensiones en Europa. En el caso de España, tras la reforma laboral de 2012 los sueldos siguen descendiendo en importancia respecto al PIB y no recuperan la que tenían al comienzo de la crisis. Por el contrario, el excedente bruto de explotación respecto al producto es incluso muy superior. El Gobierno, en una muestra de deslealtad al sistema de pensiones, ha logrado que la cotización (en relación al PIB) sea tres puntos inferior a la media de los países de la eurozona.

De esta forma, el porcentaje de cotizaciones sobre el PIB se ha mantenido sin cambios en la última década (12%), mientras que el correspondiente a financiar el gasto en pensiones se ha reducido (desde el 90% de 2008 al 76% en 2017). Esta caída se debe a dos motivos principales: el aumento del número de pensiones (+12% desde 2008)) y un incremento del 44,87% del gasto anual (de 84.700 millones a 122.700 millones).

La solución a esta delicada situación exige revisar los mecanismos de financiación de nuestro sistema. En el caso de que se optara por aportar nuevos ingresos para financiar el gasto, parece razonable buscar otras fuentes distintas a las actuales, dado el elevado nivel de partida de las cotizaciones sociales y sus efectos negativos sobre la demanda de trabajo. “La reducción del gasto no es el único camino (…) Incremento de los tipos de cotización, una mayor aportación impositiva estatal y aumentar la edad de jubilación son mejores alternativas”, se puede leer en el informe 8/2018, pág.132, del Deutsches Institut für Wirchafsforschung, (DIW, Berlin).

Propuestas para aumentar ingresos

El sistema de pensiones tiene un grave problema de ingresos que tiene una muy alta probabilidad de no poder solucionar con su sistema actual de financiación. Con el objetivo de mantener su equilibrio  con un nivel de protección similar al europeo, están sobre la mesa distintas opciones.

La primera alternativa puede ser incrementar el número de cotizantes. Habría que conseguir tres millones de nuevos cotizantes y cada millón significaría un incremento de cotizaciones de casi 6.000 euros. Pero esta opción resulta irreal y utópica: el mayor número de cotizantes ha sido de 19,5 millones (recordemos que actualmente son 18,5 millones).

Otra opción sería incrementar el tipo de cotización en tres puntos, alcanzando la media de la zona euro. Esto produciría un aumento de las cotizaciones y un encarecimiento del factor trabajo de 11.500 millones de euros al año, pasando de 5.889 euros al año por cotizante a 6.512.

En tercer lugar, un incremento de la base media de cotización del sistema del 15% (pasando así de 1.734 euros a 1.974 euros) aumentaría los ingresos por cotizaciones en 16.460 millones de euros al año. Pero esta opción encarecería el factor trabajo en la misma cuantía y, a medio y largo plazo, incrementaría también el gasto en pensiones.

Cargar contra impuestos (y no contra el presupuesto de la Seguridad Social) pensiones como las de  viudedad u orfandad es una propuesta que lleva años sobre la mesa. Esta solución, sin embargo, significaría cambiar de forma radical el actual modelo de reparto y contributivo. También existe la opción de separar la financiación de las prestaciones de maternidad y el incremento de la pensión de jubilación de las mujeres por la tenencia de dos o más hijos. El PSOE, por su parte, ha propuesto financiar las pensiones con un impuesto especial a banca y grandes empresas; sin embargo, para solucionar el problema del déficit actual y previsiblemente futuro sería irrelevante.

Alternativamente, se podría recurrir a los impuestos generales. En Francia, por ejemplo, existe desde 1991 el mecanismo de la contribución social generalizada de carácter finalista, que pagan todos los contribuyentes como un suplemento en el Impuesto sobre la Renta y que en 2017 recaudó 90.625 millones de euros para la protección social, el 18% de su gasto. El Gobierno francés acaba de incrementar este impuesto un 1,7% para el año 2018. Alemania, en 2016, financió el 21,2% del gasto de su sistema de pensiones a través de impuestos generales, no con préstamos (64.469 millones de euros al año).

Por último, indicar que el gobernador del Banco de España, en su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo del 15 de febrero de 2017, dijo lo siguiente: “Si hubiera que recurrir a esa vía de aumentar ingresos vía impuestos, serían más bien impuestos indirectos. ¿Cuáles? Realmente no me atrevo a decir cuáles podrían ser”. Sin embargo, otros como Pablo Hernández de Cos, Juan Francisco Jimeno y Roberto Ramos (El sistema público de pensiones en España: situación actual, retos y alternativas de reforma, 2017), sí lo tienen más claro, y señalan como alternativa incrementos de la imposición indirecta.

El sistema de pensiones en España presenta desafíos ante los que no se puede mirar hacia otro lado u optar por medidas que actúen como parches. Las movilizaciones de los pensionistas suponen un punto de inflexión para un modelo que, en números rojos y ante el envejecimiento de la población, necesita reformarse. Pero debe hacerlo siempre sobre los principios de la solidaridad intergeneracional, la equidad y la cohesión social sobre los que ya se concibió inicialmente dentro del modelo social europeo.

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