El número de eurodiputados españoles, entre la política y las matemáticas

Desde hace tres legislaturas, España se encuentra infrarrepresentada en el Parlamento  Europeo. En las elecciones de 1999 eligió 64 eurodiputados, pero al año siguiente, durante la elaboración del Tratado de Niza, José María Aznar prefirió sacrificar 14 escaños a cambio de tener más influencia en el Consejo de la UE. Aquel resultado fue considerado entonces exitoso, pues en una hábil negociación diplomática se había alcanzado casi el mismo número de votos que Alemania, Francia o Reino Unido en el poderoso órgano intergubernamental.

El problema es que ese sistema apenas estuvo en vigor siete años (2003-2009), pues la Convención Constitucional y el posterior Tratado de Lisboa cambiaron las reglas de votación en el Consejo e introdujeron la doble mayoría que concede a cada estado miembro el peso de su demografía. Sin embargo, en el Parlamento sólo se recuperaron cuatro escaños, pasando de 50 a 54, que son los que en estos momentos tiene nuestro país.

Hoy la cuota de poder que corresponde a cada país en el Consejo es transparente (su porcentaje de población total), mientras que en el Parlamento se introdujo a partir de 2009 un sistema algo más discutible que además, como enseguida veremos, fue implementado de forma perjudicial para España.

Los requisitos del Tratado en vigor suponen que, sobre un máximo de 751 escaños, ningún estado miembro puede tener menos de seis representantes (caso de Malta, que es el más pequeño) ni más de 96, distribuyéndose el resto de acuerdo a una proporcionalidad decreciente; esto es, que la ratio del número de habitantes por diputado tiene que ser mayor para un país que sea más poblado que otro.

Así, actualmente Alemania, con 82 millones de habitantes y 96 escaños en el Parlamento Europeo, tiene una relación de 855.000 habitantes por diputado y ésa debería ser la más alta. Sin embargo, Francia, que ahora tiene 66 millones de habitantes y 74, escaños le sale una ratio mayor que Alemania. Pero mucho más grave aún es que España, que ocupa el quinto puesto en la Unión Europea, con sólo 46 millones de habitantes, tenga una ratio algo superior a la de Alemania.

¿Por qué se han dado esas violaciones del Tratado de Lisboa, tanto en el periodo legislativo actual (2014-2019) como en el anterior (2009-2014)? Básicamente, porque no existe una fórmula matemática para distribuir los escaños entre los países y, por tanto, la composición del Parlamento Europeo se ha venido haciendo mediante acuerdos previos a cada elección. Estas negociaciones han resultado cada vez más complejas, pues en este tiempo la UE se ha ido ampliando, ningún país quiere perder representación y tampoco es posible pasar de 751 escaños. Y así, si ya en 2009 España resultó infrarrepresentada, las negociaciones de 2013 para determinar los escaños de la legislatura actual (2014-2019) terminaron por establecer que ningún país ganaría representación y ninguno perdería más de un escaño, ya que con la entrada de Croacia se había llegado a 766 escaños y había que reducir hasta 751. De ese modo, España continuó estando infrarrepresentada. Tanto Francia como España deberían tener actualmente unos cuantos escaños más, para que las ratios en los países más poblados tengan un descenso matemáticamente razonable.

Aprovechando en parte los escaños que deja libres el Brexit, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 7 de febrero un aumento de cinco escaños para Francia y otros cinco para España de cara a las próximas elecciones de 2019. Habría sido, por fin, un reparto justo, en la zona de los países más poblados, si no fuese porque al mismo tiempo se aumentó en tres escaños la representación de Italia y en uno las de Polonia y Rumanía. De modo que, con esa solución, Italia sale muy favorecida, ya que su ratio de habitantes por escaño se acerca al de España cuando debiera hacerlo al de Francia, que tiene una población similar.

Si en el próximo Consejo Europeo se aprueba definitivamente esta composición del Parlamento para 2019, España estará de nuevo infrarrepresentada, aunque esta vez ciertamente lo sea en menor cuantía y ya no se viole el Tratado de Lisboa. ¿Cuál sería entonces la solución más justa? Pues una que haga reducir la ratio de España (para que se acerque a la de Polonia) y la de Francia (para que se acerque a la de Italia). Esa reducción se traduce en más representación: dos escaños adicionales para Francia y dos para España (es decir, siete más para cada una en vez de cinco) sería un reparto mucho más justo que el que se ha aprobado.

Para la próxima legislatura sería fácil poder conseguir que ningún país quede infrarrepresentado sin necesidad de reducir los escaños de otro, pues la salida del Reino Unido de la UE ha liberado 73 escaños aunque (en previsión de futuras ampliaciones o de un más hipotético distrito paneuropeo con partidos transnacionales) sólo se han usado 27 en la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo. Quedan disponibles 46 hasta llegar al tope de 751.
Pero, aun cuando no fuese así y no hubiese esos escaños sobrantes, nada justifica que Francia y España, que han estado infrarrepresentados en la legislatura anterior porque se negoció bajo el criterio de que “no podían aumentar su representación en 2014”, tengan que volver a estar infrarrepresentadas en 2019. Y hay un tercer país que también debiera aumentar su representación para conseguir una proporcionalidad decreciente equitativa: Países Bajos, que debería pasar de 29 a 30 escaños. De tal forma, se tendría un Parlamento Europeo con 710 diputados en lugar de los 705 aprobados. Sería una asignación razonable y justa.

Tal vez para 2024 se quiera introducir una fórmula más afinada para distribuir los escaños e incluso se puede decidir entonces una reducción del tamaño del Parlamento, porque el del 2019 se considere excesivo o porque finalmente se introduzcan las listas transnacionales y se requieran más escaños para ellas. Pero la adopción de una fórmula definitiva será mucho más fácil de conseguir si se parte de un reparto justo que si se hace de cierto desequilibrio en la representación de varios estados, como ocurre con la propuesta aprobada. De ahí lo importante que es para España hacer ver que, pese al positivo aumento de cinco escaños (conseguido gracias al buen trabajo de nuestros eurodiputados y de la Representación Permanente Española ante la UE), sigue sin tener una representación completamente adecuada. De no hacerlo en esta ocasión, se corre el riesgo de que en sucesivos periodos electorales se siga recurriendo a la negociación y se continúe estando, una vez más, infrarrepresentados.

En este artículo también ha colaborado Ignacio Molina, Profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid e Investigador Principal del Real Instituto Elcano.

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