El nuevo papel del impuesto al patrimonio: Macron vs Piketty

Macron acaba de suprimir en Francia el Impuesto a las Grandes Fortunas y con ello se ha ganado el sobrenombre de “Presidente de los ricos”. En realidad este apodo es una deformación interesada, tomando la parte por el todo, de su intento de conseguir mayor competitividad para Francia. Ahora bien, en materia estrictamente tributaria,  sus argumentos para suprimir el Impuesto se hacen eco de lo que se podría llamar el “círculo vicioso de la tributación patrimonial”, a saber: un mal diseño, permitiendo todo tipo de excepciones (por ejemplo la vivienda habitual, las acciones de sociedades familiares, determinadas formas de ahorro financiero…), lleva a una baja recaudación; y  una baja recaudación reduce el interés político por el impuesto…el círculo se completa fácilmente, pues un bajo interés político permite una mayor presión de grupos de interés para estrechar el patrimonio gravable (más excepciones). Por supuesto las justificaciones para su supresión también pueden presentarse en forma más académica (ineficiencia, inequidad…) y un resumen de todo lo anterior puede hallarse aquí. Por si esto fuera poco, el Impuesto se bate en retirada en la OCDE, donde solo 5 países (España, Italia -con una fórmula sui generis-, Luxemburgo, Noruega y Suiza) mantienen esta figura.

Piketty, el gran economista contemporáneo  de la desigualdad (también francés), después de emplear cientos de páginas de su encomiable trabajo (“el Capital en el Siglo XXI”, 2014) demostrando que el mundo es hoy profunda y crecientemente desigual, y que la riqueza se concentra cada día más, de forma peligrosa, trata de proponer soluciones en los Capítulos finales de su obra. Una de sus propuestas pasa por revitalizar el Impuesto al Capital de una forma coordinada a nivel mundial o cuando menos regional (¿UE?). De acuerdo al autor esto “posibilitaría detener la espiral de desigualdad a la vez que se preserva la competitividad y los incentivos para iniciar nuevas instancias de acumulación”. Con miras a ello, presenta un ejemplo de un impuesto progresivo en el cual se grave a tipos de 0.1% o 0.5% todas las fortunas inferiores a 1 millón de euros, un tipo de 1% para aquellas fortunas entre 1 y 5 millones de euros, y 2% para aquellas superiores a 5 millones de euros, aunque no descarta que se pueda aplicar y un gravamen de 5 o 10% para las fortunas superiores a 10 millones…

¿Quién tiene razón?

El Impuesto sobre el Patrimonio tal y como lo conocemos hoy en algunos países, como España, es un perfecto desastre técnico y recaudatorio por la enorme cantidad de exenciones, la utilización de mecanismos imperfectos de valoración basados en registros no actualizados según valor de mercado, la insuficiente disponibilidad o explotación de información internacional compartida y finalmente por la utilización de tipos de gravamen fijos, que por lo tanto no tienen en cuenta las diferentes rentabilidades medias de cada año (lo que puede llevar en un año de “crisis” a que el gravamen se exija en la misma proporción que en un año de fuerte expansión económica). Todo lo anterior hace que el Impuesto no cumpla bien ni su función censal o de control, ni la recaudatoria (En España la recaudación fue de € 1.003 millones en 2015, menos de 0,5% de la recaudación total y menos de una décima del PIB), ni, lo que es más grave, la distributiva (en España pagan menos proporcionalmente los muy ricos que los ricos, y desde luego –aunque esta es otra discusión- menos los madrileños que los andaluces). Un Impuesto así, mejor que se suprima. Macron tiene razón.

Pero en el contexto actual, donde los Registros de bienes muebles e inmuebles podrían actualizarse fácilmente sobre la base de las operaciones de compraventa próximas en el tiempo de activos similares (tal y como se hace ya en EE.UU. para cobrar el Impuesto a los Bienes Inmuebles); donde las Administraciones tributarias están a punto de recibir una cantidad masiva y organizada de información financiera del extranjero incluyendo Suiza, Luxemburgo o Panamá; donde resulta posible facilitar al contribuyente un borrador de declaración y también ajustar los tipos impositivos a las variaciones de mercado; y donde es razonable alcanzar mayores consensos a nivel de la UE (excluido ya el Reino Unido, gran enemigo de la armonización fiscal), y por qué no, a nivel del G-20; en este nuevo contexto, la idea de recuperar una forma de imposición al Patrimonio, cobra mucho sentido. Piketty tiene razón.

Ahora bien, la función socioeconómica del Impuesto sería probablemente muy diferente a la actual y no está exenta de algún reto técnico. El marco conceptual para evaluar los efectos de un tributo con este potencial debe ser diferente, porque para valorar su efecto sobre la eficiencia económica no se puede permanecer en el esquema neoclásico: es evidente que en términos de incidencia sobre el ahorro y la inversión, un gravamen así dará resultados muy negativos bajo el marco conceptual actual; pero en un contexto más amplio y dinámico en el que se considere un horizonte de tiempo  largo, se incorporen nuevas variables y se actualicen los supuestos utilizados,  la disminución de la desigualdad podría generar incrementos de productividad sistémicos y la conclusión probablemente podría ser diferente.

Sea como fuere, y volviendo a Piketty, el Impuesto debería cubrir una triple función:

(i) el control o inventario de la riqueza mundial, saber en manos de quién está en última instancia. Ni la lista Forbes ni las diversas metodologías existentes para calcular los patrimonios y su distribución pueden equipararse al conocimiento real de los datos de todos y cada uno de nosotros. Y esta información tiene un valor enorme desde el plano estadístico, fiscal, de la investigación macroeconómica, etc. Advertimos que a nivel desagregado no debe ser de público conocimiento, pero sí debe ser conocida de los Fiscos de todo el mundo.

(ii) una función apoyo a la tarea regulatoria de las fluctuaciones y crisis del sistema financiero mundial.

(iii) una función más clásica, predicable del sistema fiscal en su conjunto, de recaudación y redistribución de la riqueza.

El mayor reto técnico es la valoración de empresas no cotizadas (admitiendo que el valor en Bolsa de las cotizadas es su “verdadero valor”). Para esto será necesario salvar dos problemas, uno consistente en acertar en el método de valoración, que deberá incorporar alguna fórmula de flujos esperados, y otro técnico-jurídico derivado precisamente de esto: superar el tabú que supone considerar y gravar un patrimonio “esperado”, no realizado ni comprobado. Pero habrá otros importantes como la explotación ordenada y coherente de la información procedente del extranjero o la determinación de una fórmula válida para ajustar los tipos impositivos cada ejercicio en función de la evolución de la economía.

Los resultados de tal tributo, incluso mantenido en la moderación, pueden ser alentadores, de acuerdo con los cálculos de Piketty, en la UE, y los nuestros (para América Latina): con una tarifa progresiva aparentemente moderada como la mencionada más arriba en la UE se obtendría una recaudación de hasta un 2% de PIB adicional, quizá algo más, aproximándose al 10% de aumento de la recaudación total en casos como el español. Además, está garantizada su capacidad redistributiva al gravarse la riqueza de forma significativa solo por encima de los 5 millones de euros.

Por otro lado, en un trabajo para 5 países de América Latina hemos obtenido los siguientes resultados con un tipo único del 1,4% focalizado en el 10% más rico de la población de cada país:

*dado que en Uruguay ya existe un Impuesto a la riqueza, se considera el alza marginal que supondría modificar su impuesto actual.

También en este trabajo se realiza una simulación de la hipótesis más agresiva propuesta por Piketty, gravando al 10% el patrimonio del 2% más rico. Aunque ni él (ni nosotros) esperaría nunca estos niveles de recaudación y de redistribución en circunstancias normales, resulta interesante tentar los límites del gravamen a la Fortuna, y desde luego resulta sorprendente.

En definitiva, el trabajo explora diferentes formas de tributación al patrimonio neto, donde lo más aconsejable sería una forma de imposición balanceada, que se aleje de posiciones populistas y que más bien centre a este tipo de tributo dentro de un debate  en el que las pérdidas por eficiencia tengan su contrapeso en  los beneficios derivados de una mayor equidad.

No obstante, es posible que para repensar la imposición patrimonial con éxito haya que abandonar el marco conceptual, legal y político clásico, y dar un salto cualitativo, totalmente permitido (e incluso alentado) por el estado de la técnica, de la colaboración política en materia de impuestos y por la peligrosa realidad de desigualdad creciente que vivimos.

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