El nuevo despertar del movimiento cívico-constitucionalista

Un aspecto importante de las organizaciones cívicas y constitucionalistas consiste en afirmar su gran influencia y capacidad de movilización en décadas pasadas en contra del terrorismo de ETA y en la defensa de los derechos civiles de los ciudadanos amenazados por esta lacra. Una etapa felizmente hoy superada. Todos los que tenemos cierta edad recordamos las grandes movilizaciones de repulsa y rechazo a los asesinatos cometidos por esta banda terrorista.

El movimiento cívico-constitucionalista ha sido, sin embargo, poco estudiado y con frecuencia se han utilizado categorías ideológicas que han enmascarado y simplificado su complejidad, así como su capacidad de persuasión sobre la opinión pública y los partidos políticos, su carácter transversal y pluralismo ideológico, o su evolución en el tiempo. Por ello parece poco útil caracterizar como conservador a un movimiento que i) emergió a mediados de 1990 fruto de la indignación colectiva ante reiterados asesinatos de ciudadanos en función de sus posiciones políticas, y ii) que viene defendiendo desde entonces valores cívicos y democráticos.

Además del contrasentido que es en democracia la utilización del chantaje, la extorsión y el asesinato para la consecución de fines políticos, las organizaciones cívicas de este movimiento también denunciaron el contrasentido de que el grupo político que representaba a ETA fuese legal. La difusión de esta idea entre la ciudadanía fue potenciada por los medios de comunicación cada vez que ETA asesinaba a políticos de la oposición al nacionalismo. Estos hechos contribuyeron a la difusión del discurso de organizaciones como Basta Ya! o Foro Ermua, y su amplio respaldo ciudadano.

Desde mediados de 2000 las organizaciones del movimiento cívico dieron un nuevo alcance a su discurso de la firmeza democrática. Si estas organizaciones habían venido centrando sus demandas en la organización terrorista, desde 2005 las extendieron al Gobierno de la nación a causa de una política de negociación que dichas organizaciones presentaron como contraproducente e injusta. Al exigir dicha responsabilidad a quien detenta el ‘monopolio de la violencia física legítima’ sus demandas entroncaron con uno de los pilares del orden democrático moderno, que establece la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos y contiene una grave imputación de omisión de ese deber.

Asimismo, su discurso comenzó a no responder únicamente a cuestiones relacionadas con el terrorismo, al enfatizar otras de índole social vinculadas a cambios que se venían produciendo en España. La situación de la educación en las Comunidades gobernadas por partidos nacionalistas, y las políticas destinadas a promover lo que en ellas se denomina inmersión o normalización lingüística, también han sido objeto de denuncia. Algunos grupos y organizaciones cívicas llevan años presentando estas políticas como medidas destinadas al adoctrinamiento y a la generación de dos clases de ciudadanos, una brecha que se agrava en el caso de los que se resisten a lo que han denominado ‘nacionalismo obligatorio’. Esa situación es denunciada como una clara discriminación anticonstitucional cuyo objetivo es colocar a las personas que hablan español en condición de ‘ciudadanos de segunda’.

Ello se presenta como una cuestión clave del proyecto nacionalista en las Comunidades donde gobiernan los partidos que lo impulsan. Por ello, las asociaciones de este movimiento no se limitan a ¡Basta Ya!, Foro Ermua o COVITE. Sino también a otras como Asociación Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, y más recientemente Sociedad Civil Catalana o Concordia Cívica, centradas en la denuncia de la política lingüística y del ‘nacionalismo obligatorio’ en Cataluña, y en la actualidad del proceso independentista impulsado por partidos políticos en esa Comunidad. Los miembros y seguidores de estas organizaciones catalanas se refieren a sí mismos como la ‘Resistencia’, y sus acciones en la actual situación que se vive en Cataluña parecen clave, no sólo para dar voz, de forma cívica y responsable, a aquellos ciudadanos que no se sienten parte del proyecto independentista, sino para explicar al resto de ciudadanos españoles lo que, sostienen, ha estado ocurriendo. ¿Qué estrategia acometerán estas organizaciones ante el nuevo escenario que se presenta? ¿Conseguirá prosperar y calar su discurso en Cataluña y en el resto  de España? El tiempo lo dirá, pero las acciones públicas que han venido teniendo lugar desde el pasado 30 de septiembre en diferentes ciudades catalanas y españolas, y la gran manifestación celebrada el 8 de octubre en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana, son una muestra del resurgir de este movimiento. Es pronto aún para saber si este nuevo estado de vigilia persistirá o no en el tiempo.

A pesar de que el término más empleado para referirse a este movimiento hoy día es el de ‘constitucionalismo’, sus organizaciones más relevantes han venido empleando ‘cívico’ o ‘constitucionalista’ indistintamente. Ambos términos se refieren a la importancia que adquiere la defensa de la Constitución, como garantía de los derechos de los ciudadanos y del principio de igualdad ante la ley con independencia de su lugar de residencia.  La acepción ‘movimiento cívico’ enfatiza además la defensa de los derechos civiles y mitiga su dimensión formal y legal, siendo congruente con una de sus metas, una reforma constitucional que hicieron pública hace una década algunas de sus organizaciones, y los partidos impulsados desde sus líderes intelectuales y bases sociales: Ciudadanos y UPyD. Por estos motivos constituye un movimiento democrático y de derechos civiles, que contribuye al proceso democrático iniciado por los movimientos de oposición a la dictadura franquista.

El objetivo de tal reforma tendría un significado simbólico y otro político.  Con el primero el movimiento enfatiza que persigue cambios, y no simplemente resistirse a los que promueve el nacionalismo. Con el segundo señala que las reformas de alcance constitucional no deben producirse ‘por la puerta de atrás’: reformas encubiertas de la Constitución, que se negocian entre los gobiernos autonómicos y el central sobre la base de intereses políticos que no suelen tener en cuenta los de los ciudadanos. Negociaciones que se desarrollan ‘en la sombra’, exclusivamente en el ámbito de la clase política, y han dado lugar a importantes reformas de las leyes por las que se rigen los gobiernos nacionalistas. Estas reformas estatutarias las aprueban los parlamentos regionales y posteriormente son refrendadas por el Congreso de los Diputados, en el que la dinámica de voto responde a la disciplina marcada por la cúpula del partido. Curiosamente una reivindicación coincidente con la que cobró fuerza tras la irrupción del 15M en relación a la reforma acordada ‘en la sombra’ entre  PP y PSOE en 2011 para modificar el artículo 135 de nuestra Constitución.

Parte de este artículo  forma parte de un libro que será publicado en coautoría junto a Enrique Laraña (1949-2014), bajo el título “Democracia, dignidad y movimientos sociales. El surgimiento de la cultura cívica y la irrupción de los indignados en la vida pública”.

Autoría

2 Comentarios

  1. Guillermo Escobar
    Guillermo Escobar 10-09-2017

    Si la supremacía de la Constitución se basa en su aprobación popular, resulta claro que las reformas que se presenten (a mi juicio muy necesarias y encaminadas a asegurar la integración socio-política) deberían realizarse en el contexto de un proceso participativo, que no se dio en 2011.

  2. RUBEN DIEZ
    RUBEN DIEZ 10-09-2017

    Hola Guillermo, Gracias por tu comentario. Entiendo que esa reforma debería ser fruto de una elección previa de los encargados (representantes de la ciudadanía) de llevarla a cabo. Y que posteriormente debería ser refrendada por esa misma ciudadanía. Eso pondría a cada opción (y en que dirección iría esa reforma) en su lugar. Otra cosa es que eso se vaya a dar.
    Saludos.

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