Ni Alemania ni la ‘euroorden’ tienen la culpa

Escribo este artículo cuando la selección francesa acaba de recibir la Copa del Mundo de fútbol, bajo un chaparrón moscovita espectacular. España quedó eliminada por sus propios errores. A nadie se le ocurriría echarle la culpa de ello al reglamento de juego –incluido el VAR– ni al árbitro.

Se me ocurre comparar este hecho con las reacciones que en el mundo político, y en el mediático, ha originado la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein negando la extradición de Puigdemont por el delito de rebelión. Políticos de la derecha y medios de comunicación de ámbito nacional han coincidido en criticar duramente a este tribunal –el árbitro- y a la propia euroorden –el reglamento-, culpándolos de una supuesta humillación del Poder Judicial español.

Nada más lejos de la realidad. El tribunal alemán ha actuado correctamente aplicando la ‘euroorden’. Se trataba de saber si los hechos que el juez Llarena relató en sus escritos al tribunal del land constituirían delito en Alemania. Éste los examinó y llegó a la –previsible– conclusión de que lo que hizo Puigdemont no hubiera sido delito de alta traición del artículo 81 del Código Penal alemán. La Justicia germana no ha juzgado a Puigdemont (eso es cosa de la Justicia española). Pero no tuvo más remedio que valorar los hechos porque, en todo proceso de extradición, un país (Alemania) no puede entregar a otro (España) a una persona reclamada (Puigdemont) si se acusa a éste de un delito inexistente en aquél. Lo que hizo Puigdemont no sería delito en Alemania. Sería inconstitucional, pero no delito.

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El Tribunal ha considerado que los hechos de los que se acusa a Puigdemont no habrían constituido delito de alta traición en Alemania porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo del país centroeuropeo definió ese delito como la intención de llevar a cabo una “lucha revolucionaria”, con víctimas y creación de un estado de caos, y con una paralización de la vida pública. Y eso no ha ocurrido en Cataluña

El Tribunal del land entiende que no hubo riesgo para nuestro orden constitucional. Con ello no está extralimitándose, ni interfiriendo en la labor del Tribunal Supremo español. Simplemente –como debe– aplica, a efectos de una posible extradición, el Derecho alemán a los hechos que se le han ido dados por el juez español.

Además de al Tribunal alemán, se ha criticado, también burdamente, a la euroorden. Sólo porque no habrá extradición por rebelión. Pero la ‘euroorden’ es el instrumento de cooperación judicial penal entre países europeos más útil y más importante que se ha inventado nunca. Decenas de asesinos, terroristas, violadores, estafadores, traficantes de droga, mafias de tráfico de personas, ladrones a gran escala, etcétera son entregados por un poder judicial a otro –sin competencia alguna de los gobiernos y de la política– en cuestión de días.

Sucede que la rebelión o la alta traición no están entre los delitos enumerados en la legislación de la euroorden (32 delitos). Por eso, Alemania ha tenido que comprobar si los hechos atribuidos a Puigdemont –atribuidos por el Tribunal Supremo español– serían un delito en el Código alemán. No podía hacer otra cosa.

Las voces que, demagógicamente, se han alzado contra la euroorden no demuestran sino una deslealtad incomprensible con el proyecto europeo, del que forma parte esa gran idea que es que los jueces europeos cooperen entre sí sin intervención alguna de la política.

Así que ni Alemania ni la euroorden tienen la culpa de que a Puigdemont no se le pueda juzgar por rebelión en España. ¿Quién es el responsable de este fracaso del Poder Judicial español? Por supuesto, el propio Poder Judicial al acusar a los dirigentes del llamado procés de un delito inexistente: la rebelión.

Como observa el Tribunal del land alemán, “no se produjeron batallas callejeras de gran extensión, incendios ni saqueos suscitados de manera directa por el referéndum del 1 de octubre de 2017… No hubo uso de armas de fuego”. No hubo una insurrección violenta y masiva que pusiese en peligro la unidad territorial de España y su Constitución. El Tribunal Constitucional anuló todas las delirantes decisiones del Parlament que declararon frívolamente la independencia de Cataluña. No existen ya en el mundo jurídico y político. Y, por si fuera poco, el artículo 155 de la Constitución permitió destituir al Govern. Nada menos.

Si hubiera habido un atisbo de riesgo para el orden constitucional español, el Gobierno habría solicitado al Congreso de los Diputados la declaración de estado de sitio o de estado de excepción. A nadie se le ocurrió. Porque era innecesario. Porque no hubo rebelión en el sentido del artículo 472 del Código Penal.

El procesamiento por rebelión a 18 líderes del procés, y entre ellos a Puigdemont, es el error de fondo del Poder Judicial español. Es lo que ha convertido en víctimas a quienes vulneraron la Constitución, sí, pero no organizaron una insurrección violenta colectiva para dar un golpe de Estado y segregar a Cataluña de España y de la Unión Europea.

Esa victimización –tan rentable políticamente para el independentismo– se ha prolongado en virtud de la prisión provisional decretada a sus líderes no fugados, que nunca tuvo verdadero sentido jurídico y que forzó la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Llarena decretó la prisión provisional por riesgo de “reiteración delictiva” (sic), cuando la Constitución considera presuntamente inocente a quienes no han sido juzgados ante un tribunal.

Ese error es el que ha facilitado al independentismo su propaganda constante sobre que en España hay “presos políticos”; y que los jueces no son independientes del Gobierno del Estado. Algo completamente falso, como resalta con contundencia en su auto el Tribunal de Schleswig-Holstein.

En España no se persigue a nadie por sus ideas. A nadie. Así lo proclama Alemania (y lo ocultan los independentistas). Pero eso es compatible con que jueces independientes caigan en errores, sólo atribuibles a ellos. No al Gobierno ni al Estado. No a los tribunales alemanes, ni a la ‘euroorden’.

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