¿Negociar sobre qué?

La negociación de un pacto de investidura, de legislatura (más o menos larga) o de gobierno pasa sin duda por muchos aspectos. Pero espero que no sean los que se plantean en la prensa durante las últimas semanas. Dignidades, honores, humillaciones, goles y golpes de efecto no tienen mucho lugar en una negociación política que merezca ese nombre, ni tienen mucho que ver son el acuerdo sobre acciones de un gobierno.

El beneficio electoral futuro de los partidos que negocian (o que se niegan a ello) tampoco parece una cuestión muy relevante. En primer lugar, porque las dinámicas electorales cambian y no son impermeables a la conducta de quien gobierna; y nadie sabe cómo se transformarán tras unos meses de gobierno y acción institucional de unos y otros partidos. Pero, sobre todo, porque los partidos son organizaciones cuya finalidad es desplegar un programa de gobierno; y desplegarlo no dentro de cinco años, dos legislaturas o tres generaciones, sino en la presente legislatura o, como mucho, tras las inmediatas elecciones. Los planteamientos sobre las consecuencias del pacto en las futuras dinámicas electorales a medio y largo plazo constituyen intereses tan particulares como los de supervivencia personal de un secretario general o ambiciones políticas de quién quiera serlo. La decencia, palabra de moda en estos tiempos, aconsejaría ocultar cuando menos tales finalidades y no convertirlas en clave pública de conducta. Quizás a los militantes de los partidos les importa mucho el efecto de un pacto sobre la dinámica electoral a largo plazo (aunque yo apostaría por lo contrario), pero al conjunto de ciudadanos debería importar más si los partidos sirven para algo más que para su supervivencia, pues si no es así deberá buscar otra figura que los sustituya con ventaja para la realización de políticas públicas.

En consecuencia, y en mi opinión, lo relevante son dos elementos: el contenido del eventual pacto y la confianza entre partidos que permite situar a alguno(s) de ellos en la posición de gobierno.

El segundo aspecto lleva a que, en este momento (y sin perjuicio de cambios más o menos inmediatos), sólo pueda plantearse un gobierno en torno a los posibles acuerdos (más o menos activos) de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Si alguno de estos partidos se ve incapaz de llegar a acuerdos entre ellos (incluyendo entre tales la abstención que facilite un gobierno en minoría), no tiene sentido seguir en este escenario. Pero por ahora parece que los tres partidos pueden asumir acuerdos, bien en la forma de un gobierno minoritario del PSOE con apoyos alternos de Ciudadanos y Podemos en función de las decisiones a adoptar, bien en la forma de un pacto más estable de PSOE y uno de los otros dos partidos, tolerado aunque no apoyado por el otro.

En este contexto, cobra sentido el debate sobre el primer aspecto: ¿cuál es el contenido del pacto a negociar? No pretendo, obviamente, detallar aquí todas las cuestiones objeto de negociación, pero sí creo que un pacto debe girar fundamentalmente en torno a tres elementos que, por ahora, no se plantean abiertamente en la opinión pública:

a) El primero, y a mi juicio esencial, es la aceptación del marco de gobierno actual, conformado fundamentalmente por la existencia de unas posibilidades presupuestarias condicionadas por la confianza de los mercados de deuda pública y, en consecuencia, por el cumplimiento (con el margen que sea posible) de los objetivos de estabilidad decididos en las instituciones de la Unión. La postura que se adopte en relación con esta cuestión es central para la actuación (y supervivencia mínima) de cualquier gobierno, y debe existir un compromiso claro de las fuerzas políticas participantes a ese respecto, en uno u otro sentido.

Las decisiones de la Unión, ciertamente, son muy criticables, matizables y hasta  reversibles; y las cuestiones de participación en las instituciones europeas deberían ser, por fin, objeto central de un programa de gobierno (y no sólo por la flexibilización de los criterios de sostenibilidad, sino más bien en sentidos más relevantes a largo plazo como la reforma de las reglas de competencia fiscal entre los estados de la Unión); pero las hoy vigentes son claras y la identidad de un gobierno se define por su acatamiento o por su cuestionamiento. Ésa es, a mi juicio, la gran cuestión del acuerdo con Podemos, que se dirime en consecuencia en cómo y en qué grado reconducir los presupuestos de 2016 y los de los otros años de la legislatura.

b) La segunda es la renuncia a la reforma constitucional como objetivo inmediato, pues la posición del Partido Popular difícilmente permitirá una reforma a ese respecto. Ello no implica renunciar a su discusión política, pero sí exige concentrarse en objetivos que puedan realizarse en el nivel infraconstitucional. Ninguna de las propuestas que actualmente plantean los partidos que exigen reforma constitucional son posibles en el actual contexto político, sin perjuicio de su posible utilidad “escénica” o simbólica en la actual legislatura, sin que ello signifique reducir la importancia de lo escénico y lo simbólico. Y los tres partidos han construido su discurso político con la reforma constitucional como elemento central, por lo que el pacto implica mantener esa finalidad para el futuro pero, en cambio, concretar una serie de actuaciones infraconstitucionales (legislativas y políticas) que puedan suplirla durante la próxima legislatura; y, en especial, en materia territorial y en el ámbito de las reformas institucionales. Ésa es, a mi juicio, la gran cuestión del acuerdo con Ciudadanos.

c) Un pacto está también hecho de renuncias y silencios. Especialmente si el pacto no es de gobierno de coalición sino de apoyo parlamentario más o menos estable. Integrarse en un gobierno exige acordar prioridades e implica compromisos más intensos; apoyar un gobierno desde el Parlamento con un compromiso más flexible permite mantener discrepancias, incluso fundamentales, y acordar actuaciones concretas. Si la (falta de) confianza o algún desacuerdo fundamental impiden un apoyo franco, pueden permitir en cambio una apuesta más reticente condicionada a acuerdos concretos futuros. Cuestión distinta es si sólo la presión temporal y el vértigo electoral son suficientes para concretar un acuerdo de este tipo.

Un acuerdo sobre estas cuestiones deja poco espacio a al veto entre partidos. Cualquier acuerdo que no plantee estas cuestiones, en cambio, se abre por completo a esa desconfianza. Ciertamente, el grado de implicación y corresponsabilidad de los participantes es distinto en un acuerdo de investidura que en un gobierno de coalición (decisión sobre la que las cuestiones tácticas del interés electoral de cada partido son aún más relevantes), como lo es también la capacidad de actuación del gobierno resultante; pero la decisión fundamental de permitir o no un gobierno pasa casi exclusivamente por las cuestiones citadas.

En cambio, los acuerdos sobre una agenda de gobierno más detallada y concreta parecen posibles con un esfuerzo razonable de cualquiera de los partidos participantes. Las coincidencias programáticas y las posibilidades de cesión mutua son numerosas y abarcan a los tres partidos, como intentaba apuntar Pedro Sánchez en su primera comparecencia como candidato. En ese sentido, las llamadas al desarrollo de mesas de negociación sectorial y detallada son comprensibles, y fraguar un acuerdo detallado ayudaría sin duda a la solidez y estabilidad de un futuro gobierno. Pero no creo que ese proceso sea muy complejo ni ponga en cuestión las posiciones fundamentales de cada partido. El núcleo del acuerdo, en cambio, está en manos de las direcciones y no de las mesas de negociación.

Autoría

1 Comentario

  1. Covadonga
    Covadonga 02-06-2016

    Excelente sintesis

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