Nacionalismo, religión y liberalismo político

Uno de los principios básicos del liberalismo político, según Jonathan Quong, es que el estado no debe imponer unos valores determinados, o decidir qué constituye una vida buena, ni intentar que los ciudadanos vivan según dicho ideal. Esta es una labor que se debe confiar a los ciudadanos mismos. En vez de eso, el estado liberal debe ceñirse a la tarea de promover un marco imparcial de reglas e instituciones en el cual los ciudadanos puedan perseguir su propia concepción de aquello que constituye una vida buena y que vale la pena vivir.

Otra característica principal del estado liberal democrático es que existen desacuerdos razonables sobre las políticas a adoptar o los derechos a proteger, y cuando eso pasa, votamos y hacemos una apuesta por la opción mayoritaria. Después de las críticas recibidas a Una Teoría de la Justicia, obra inaugural de la filosofía política analítica contemporánea, John Rawls escribió un nuevo libro, Liberalismo Político, para defender que dichos desacuerdos razonables eran compatibles con sus dos principios de justicia, en unas condiciones de razonabilidad determinadas que establece en lo que denomina la posición original.

Una obra tan fundamental como la de Rawls ha recibido sin embargo críticas desde muchas otras vertientes. Will Kymlicka se dio cuenta que la concepción de la justicia de Rawls como igualdad democrática asumía de forma muy poco realista que la sociedad a regular por los principios liberales y de justicia coincidía con la existencia de una sola nación que compartían todos sus miembros. Una nacionalidad común a los miembros de un Estado liberal tiene ventajas, por ejemplo en términos democráticos. Como decíamos, en toda sociedad existen desacuerdos razonables, pero es razonable pensar que el sentimiento nacional permite articular la aceptación de dichos desacuerdos. La oposición tiende a aceptar las derrotas en las urnas como desacuerdos entre los miembros del mismo grupo. Claro está, y la política internacional y europea es prueba de ello, mucho más fácilmente que en caso que los desacuerdos sean con miembros de otra nación.

Kymlicka, quizás porque entiende que el nacionalismo es útil para una democracia liberal, articula esta idea de que en un mismo estado existen frecuentemente distintos grupos nacionales abogando por políticas de reconocimiento de las minorías étnicas y nacionales. Una minoría nacional está dotada de un grupo de prácticas e instituciones que ejercen una influencia común en los miembros del grupo. Paradigmáticamente, es un grupo concentrado en un territorio distinto de la mayoría, tiene una lengua o incluso una religión distinta de la mayoría, así como sus propias instituciones de gobierno o administración. En segundo lugar, este entorno social particular genera un seguido de valores, creencias, y afiliaciones distintivas. En suma, una minoría nacional tiene una cultura propia. Y en tercer y último lugar, aunque no tiene que ser necesariamente el  caso de todos sus ciudadanos, una parte significativa de una minoría nacional se identifica como miembro del grupo nacional, y por lo tanto una minoría nacional tiene una identidad (nacional) propia.

Pues bien, el independentismo catalán defiende que las minorías nacionales deben tener las mismas herramientas de construcción nacional que la mayoría nacional. Como la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatuto de Catalunya negó dichas herramientas de construcción nacional, y en definitiva, el reconocimiento de la nación catalana, la independencia es la única vía posible para remediar esta situación y conseguir un reconocimiento al que la nación catalana tiene derecho.

Sin embargo, hay quien ha negado la mayor: i.e. que el nacionalismo, mayoritario o minoritario, sea compatible con el liberalismo político. Si uno de los principios básicos del estado liberal democrático es la neutralidad frente las distintas concepciones del bien o la vida buena, el estado debe igualmente mantenerse neutral frente al sentimiento nacional de los distintos grupos nacionales que forman un mismo Estado.

Para elaborar y comprender mejor esa oposición puede ser útil hacer una analogía entre el sentimiento nacional y el sentimiento religioso. ¿Qué pensaríamos hoy en día de un estado que adoptara una religión oficial? Parece claro que esto iría contra uno de los fundamentos del liberalismo político. Aquél que, repito, dice que el Estado no puede imponer unos valores particulares a sus ciudadanos o una concepción determinada de la vida buena, porque consideramos que construir dicha concepción de aquello por lo que vale la pena vivir es responsabilidad de cada individuo y el estado no debe entremeterse en ello. La Constitución americana, que aprendió la lección de las guerras religiosas de la vieja Europa promulgó un estado laico. El laicismo en la Constitución de Estados Unidos se fundamenta en dos principios distintos. El primero de ellos es el principio de no-establecimiento. El Estado tiene el deber de no adoptar ninguna religión oficial, y en aplicación de dicho principio está prohibido por ejemplo que haya símbolos religiosos en las escuelas públicas. El segundo principio que fundamenta la libertad religiosa en dicho país es el principio de libre ejercicio de las creencias religiosas, de manera que cada ciudadano es libre de abrazar la religión que quiera sin que el Estado pueda impedírselo, siempre, claro está, que no dañe a terceros ni violes derechos y libertades básicas.

Si nos parece mal que un Estado establezca una religión oficial y no permita que cada ciudadano ejerza libremente sus creencias religiosas, ¿no creen que sea igualmente pernicioso que un estado adopte un nacionalismo oficial? Estoy pensando precisamente en un caso como el español, el canadiense o el británico en los cuales es evidente que no todo el mundo comparte los mismos sentimientos nacionales. ¿No sería más propio de un Estado liberal no establecer ningún nacionalismo oficial y dejar que los ciudadanos elijan libremente a qué nacionalidad afiliarse? No defiendo que no podamos tener sentimientos nacionales. Si un catalán no independentista se siente contrariado porque los partidos nacionalistas catalanes utilizan el argumento de los 16.000 millones que Madrid nos roba, es precisamente porque tiene sentimientos nacionales. Harían bien los catalanes de izquierdas en revisar dicho argumento si no quieren caer en la trampa de la vieja derecha catalana, tenga el nombre que tenga actualmente. Entiendo que les pasa lo mismo a muchos españoles de izquierdas que se sintieron avergonzados al ver que el gobierno mandaba la policía a pegar a los nacionalistas catalanes o que el Estado llevaba a prisión a destacados políticos catalanes. Si se sienten así, es precisamente porque tienen sentimientos nacionales lícitos.

Sin embargo, desde un punto de vista liberal defiendo que deberíamos aplicar los dos mismos principios que promulga la Constitución americana para proteger la libertad religiosa a la libertad de sentimientos nacionales. El estado no debería establecer ninguna nacionalidad oficial y mantenerse neutro frente a los sentimientos nacionales que cada cual quiera adoptar y manifestar, pues el desacuerdo en estas cuestiones es permanente y lícito, y no deberían servir para dividirnos. España es una de las naciones más potentes de Europa, con gran influencia en todo el continente americano, y con una de las lenguas más importantes del planeta, ¿Tiene realmente la necesidad de establecer un única nación, la española, en la Constitución? Los partidarios de crear un estado catalán pueden argumentar que la nación catalana no es una potencia mundial y que por lo tanto necesita de una protección especial que el estado español no garantiza. Pero el intento de crear un estado en Catalunya que adopte otra nación única, la catalana en este caso, también es contrario a la idea liberal de un Estado del siglo XXI. Un Estado catalán que afirmara la existencia de una única nación catalana sería igualmente un estado iliberal, que impondría una serie de valores y sentimientos en un hipotético nuevo estado que muchos de sus ciudadanos podrían muy bien no compartir, y eso sería igual de preocupante y generaría problemas similares a los que tiene, y parece no querer afrontar, el Estado español.

Para concluir, es cierto que implementar un principio de corte liberal respecto a los sentimientos nacionales como el que defiende Brighouse requeriría una revisión a fondo de la Constitución española. Es por todos sabidos que los conservadores españoles llevan más de una década bloqueando cualquier reforma, explícita o implícita, de la Constitución. Deberíamos rechazar una imagen fija de la Constitución, como si fuera un formulario impreso que no se puede cambiar hasta que el procedimiento de enmienda es invocado de forma exitosa o haya una revolución. Podríamos empezar por no referirnos a los que no comparten nuestros sentimientos nacionales como nazis o franquistas. Eso sería un principio.

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