Ministerio Fiscal y acusación popular en el caso Nóos

Posiblemente antes del 9 de febrero se conozca si la Audiencia de Palma acepta la Doctrina Botín en el caso de la Infanta Cristina. En este asunto de tanta notoriedad política y social la actuación del Ministerio Fiscal ha quedado bastante “tocada” en cuanto a su necesaria función de exigencia del cumplimiento de la legalidad

La posición del Ministerio Fiscal en el marco constitucional es cuanto menos ambigua. Por una parte, la Constitución lo incluye en el mismo título del Poder Judicial, su presencia es necesaria en casi todos los procesos judiciales y su espacio de acción coincide con el de Jueces y Magistrados. Por otra parte, sin embargo no participa de la garantía de la independencia que sí es inherente a los miembros del Poder Judicial en el ejercicio jurisdiccional.

El Ministerio Fiscal debe actuar conforma a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y sujeto en todo caso al principio de legalidad e imparcialidad (artículo 124 de la Constitución).

El foco de atención del Ministerio Público radica en que el Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno. Aquí encontramos el nudo de la cuestión, por cuanto una actuación sumisa hacía el Gobierno puede transformar la institución en un mero instrumento político. Además, a esta dependencia del Gobierno, se subroga de modo indirecto todo el cuerpo de fiscales. “La carrera Fiscal está integrada por las diversas categorías de Fiscales que forman un cuerpo único, organizado jerárquicamente”, (artículo 32 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). Existe también todo un régimen sancionador por incumplimiento de las instrucciones recibidas fruto precisamente de esa dependencia.

Son muchos los casos en los que la actuación del Ministerio Público ha dejado en entredicho su función constitucional

El ejercicio de la acción penal en nuestro ordenamiento no recae en modo alguno en régimen de monopolio sobre el Ministerio Fiscal sino que también puede ésta ser ejercitada por el ofendido por el delito o por cualquier ciudadano en el ejercicio de la acción popular.

Una actuación no ejemplar del Ministerio Público se podía compensar hasta hace poco, con el ejercicio constitucional de la acción popular. Ello siempre y cuando ésta no pierda su fuerza procesal acusatoria por una interpretación doctrinal “a medida” que la anule en los casos en que el Ministerio Fiscal no acuse. Pero si se suprime la legitimidad de la acción popular reconocida, no se olvide, constitucionalmente, el Fiscal puede ser utilizado políticamente enervando la deseable independencia judicial.

Numerosos especialistas solicitan una mayor autonomía del Ministerio Público para que no exista esa influencia política o económica en el ámbito jurisdiccional. Pero en tanto en cuanto esta deseable reforma no se materialice la acusación popular debe ser un contrapeso eficaz a un Ministerio Fiscal dependiente del Gobierno.

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1 Comentario

  1. Agustin
    Agustin 01-29-2016

    Magnífico artículo de una gran profesora

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