Medidas contra la España despoblada

Desde 2000, el crecimiento poblacional de Europa ha sido muy modesto en comparación con los 50 años anteriores: en torno al 0,5% anual. En 2014, 12 estados miembros experimentaron pérdidas de población. Existen importantes diferencias entre el este y el oeste y también, aunque en menor medida, entre el norte y el sur. Incluso dentro de un mismo Estado son frecuentes las desigualdades regionales. En particular, se aprecia un patrón global de mayor crecimiento en las áreas urbanas que en las rurales en la mayoría de los países europeos. En este contexto, las áreas rurales remotas experimentan desafíos demográficos en todo el continente.

La reciente crisis económica ha acentuado estas tendencias polarizadoras por las que encontramos un fuerte crecimiento de la población de las zonas urbanas mientras el medio rural se vacía. Estos procesos no son inocuos, sino que afectan sustantivamente a la economía, la sociedad, el medio ambiente e incluso a las finanzas de los gobiernos territoriales. El cambio demográfico afecta a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, determina la evolución del Estado de Bienestar, fundamentalmente por la presión sobre los sistemas de salud y los servicios sociales de atención a las personas mayores, e incide en el desarrollo de los distintos territorios de la UE y en el mantenimiento de los ecosistemas tradicionales. Repasemos  algunas iniciativas que se están adoptando en España para intentar afrontar el reto de la despoblación del medio rural. Además, propondremos medidas muy concretas que tendrían un impacto positivo para abordar este asunto antes de que llegue a una fase en la que no pueda solucionarse.

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En España, la pérdida de población y el envejecimiento en gran parte del interior peninsular ha obligado a las comunidades autónomas afectadas a buscar sinergias para que se establezcan medidas específicas sobre despoblación. Una de estas iniciativas ha sido la creación de un foro de debate en el que, por encima del signo político, se priorizan las necesidades de todos los ciudadanos que, queriendo vivir en estos territorios, no cuentan con las mismas oportunidades que tendrían en las grandes ciudades. El Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (FREDD) está formado por ocho comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja, que representan un territorio continuo con una densidad de población inferior a los ocho habitantes/km2 (en Laponia no se superan los 2). Tomando los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística de 2016, podemos comprobar que la densidad más baja de toda España la tiene Castilla-La Mancha, con 25,69 habitantes/Km2, seguida por Castilla y León (25,97), Extremadura (26,13) y Aragón (27,42).

El Foro ha celebrado siete encuentros desde su creación en 2013. En ellos se han alcanzado diversos acuerdos que se han materializado en una serie de hitos relevantes. Entre ellos se pueden señalar los siguientes:

  • En junio de 2016, el Comité de las Regiones (organismo consultivo de la UE compuesto por 350 representantes elegidos a escala local y regional, procedentes de todos los estados miembros y donde los representantes pueden dar a conocer su opinión sobre la legislación que repercute directamente en las regiones y ciudades) aprobó un dictamen titulado La respuesta de la UE al reto demográfico, presentado por el ex presidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera Campo, con el respaldo de todas comunidades españolas afectadas.
  • Se han suscrito numerosas declaraciones, como la Declaración de Cuenca (28/10/16), que los presidentes autonómicos del FREDD entregaron en la Conferencia de Presidentes de 2017. El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió a elaborar una Estrategia Nacional en la que participen todas las administraciones públicas para abordar los graves problemas demográficos que sufren.

El Gobierno anterior se comprometió a nombrar a una Comisionada y crear un grupo de trabajo con las comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias. Sin embargo, nunca llegó a ninguna conclusión o propuesta. De hecho, Castilla-La Mancha, secundada por otras regiones, solicitó formalmente la inclusión de un eje específico de despoblación, ya que este problema, y las dificultades que afrontan los habitantes de las zonas rurales (por ejemplo, el acceso a servicios básicos) no se trataban en los ejes propuestos.

También resultaría de vital importancia la inclusión de criterios demográficos (número de municipios y/o de habitantes por kilómetro cuadrado) en el nuevo sistema de financiación autonómica, y más recursos para desarrollo rural, por su carácter transversal e incidencia en la vertebración del territorio.

Asimismo, los presidentes de las regiones FREDD solicitaron al Gobierno la creación de un fondo nacional específico para los desafíos demográficos con un catálogo de intervenciones como inversiones físicas, el estímulo de la demanda y la creación de servicios de mercado y de servicios públicos (sanitarios, sociales y educativos), bonificaciones fiscales y en los costes a la Seguridad Social; también que tuviera en cuenta los costes del envejecimiento poblacional que tiene que atender cada comunidad autónoma y de las políticas de apoyo a la natalidad, así como fijar la población e impulsar la repoblación.

La agenda política de la UE está debatiendo sobre el futuro de la política de cohesión posterior a 2020. El Parlamento Europeo ha elaborado un informe sobre el despliegue de los instrumentos de cohesión para que las regiones afronten el cambio demográfico, cuya ponente es Iratxe García Pérez. Coincidiendo con lo que en este informe se expone, y puesto que quien negocia en representación de España ante la UE es el Gobierno de España, presidido ahora por Pedro Sánchez, desde regiones como Castilla-La Mancha se les ha instado a que defiendan ante las instituciones europeas que la política de cohesión debe desempeñar un papel prominente en la ayuda a las regiones para que se adapten a los cambios demográficos. Asimismo, debe incluir instrumentos específicos para las regiones más afectadas por desventajas demográficas, como la concesión de una mayor flexibilidad en lo que respecta a los tipos de financiación o a la elección de objetivos temáticos, así como indicadores de identificación de estos territorios.

Igualmente, debería contemplarse la posibilidad de que para la asignación de fondos se tuvieran en cuenta criterios diferentes al PIB exclusivamente, como la densidad de población, o que los recursos destinados por estas regiones a la cofinanciación de las medidas establecidas en los programas operativos de los fondos Feder, Feader y FSE no computen como déficit y se puedan aplicar en toda su extensión en las mismas. Lamentablemente, la Comisión Europea acaba de publicar su primera propuesta para el Nuevo Marco Financiero Anual 2021-2027 -es decir, el Presupuesto de la UE y a qué dedicar el dinero- y de momento no ha tenido en cuenta estos criterios.

Junto con estas grandes necesidades y solicitudes, hay otras cuestiones que también son muy importantes y que requieren de la iniciativa de las comunidades autónomas. Un ejemplo claro de ello es la aplicación del instrumento financiero de Inversión Territorial Integrada (ITI) previsto en la reglamentación comunitaria de gestión de los fondos estructurales europeos (Feder, FSE y Feader) que permite concentrar todos ellos para aquellas acciones de vital importancia para las regiones. Castilla-La Mancha se ha acogido a esta iniciativa que la Comisión Europea promueve, precisamente para dedicar todos los esfuerzos posibles a las zonas más despobladas de la región. Otro ejemplo está relacionado con el mantenimiento de empresas que, a su vez, fijen población en estos territorios, pero que necesitan medios (buenas infraestructuras de comunicación y de telecomunicaciones) e incentivos que les permitan instalarse en zonas rurales de escasa población si así lo desean.

En materia de incentivos, hablamos de la aplicación de incentivos fiscales, tanto para las personas (con el objetivo de garantizar el relevo generacional y la integración de la mujer en el medio rural) como para fomentar el mantenimiento y asentamiento de nueva población joven. Para ello se debe instar al Gobierno de España a llevar a cabo una decidida política fiscal que, teniendo en cuenta el problema de la despoblación, establezca, por un lado, deducciones, similares a las establecidas en el tramo autonómico para la adquisición, rehabilitación y alquiler, tanto de viviendas habituales como de segundas viviendas.

Por otro lado, podrían aumentarse las deducciones referidas a nacimiento, adopción y discapacidad que se apliquen, durante el período impositivo, de hijos que generen el derecho a la aplicación del mínimo por descendiente, viéndose incrementadas en un porcentaje razonable para los contribuyentes residentes en municipios con escasa población.

Por otro lado, también son fundamentales los incentivos fiscales para las empresas. Es necesario incentivar y apoyar el asentamiento de nuevas actividades dentro de las áreas rurales, especialmente las que contribuyan a generar empleo y tengan vinculación con el territorio o sean industrias limpias, así como el mantenimiento de las actividades económicas actuales. Para ello, se debe atender en todo momento el margen permitido por la Directiva de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional por infracciones del Derecho de la competencia de los estados miembros y de la Unión Europea.

En la actualidad, las microempresas (predominantes en estas zonas) que cuentan con menos de 10 trabajadores y un límite de dos millones de euros de volumen de negocio y balance general no disfrutan de deducciones ni bonificaciones que se apliquen con carácter general, atendiendo a criterios de lucha contra la despoblación. Convendría establecer también medidas para las empresas que tributan por el IRPF, por lo que el Gobierno de España debería Incluir un factor de corrección que disminuya el rendimiento neto positivo cuando la actividad se desarrolle en municipios escasamente poblados. Asimismo, las bonificaciones y deducciones en la cuota que vengan determinadas por la inversión en activos fijos y por la generación de empleo, cuando éstos tengan lugar en municipios escasamente poblados, sería una medida positiva.

Para las empresas que tributan por el Impuesto de Sociedades, ya que las deducciones actuales están basadas en criterios económicos o sociales, pero no en criterios de lucha contra la despoblación, el Gobierno debería implementar una bonificación importante de la parte de cuota íntegra del impuesto que corresponda a rentas obtenidas por las entidades que operen en municipios escasamente poblados, así como una deducción en el régimen común para la inversión en activos fijos y por la generación de empleo en estos territorios.

En las regiones más afectadas por la despoblación, existe un grave problema en relación con las obligaciones de cobertura de banda ancha de los operadores nacionales. En este sentido, debería modificarse el Real Decreto 458/2011, que actualmente penaliza sustancialmente la cobertura territorial de las comunidades autónomas más despobladas. Además, es esencial que las actuaciones que se ejecutan actualmente con fondos estructurales europeos y alineadas con los objetivos establecidos por la Agenda Digital Europea prioricen la financiación de soluciones tecnológicas que posibiliten la evolución al 5G.

Debe articularse una línea específica de ayudas para el despliegue de LTE (4G) con el fin de dotarlos de conectividad y movilidad, especialmente en los pueblos de menos de 50 habitantes que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha son 829 de 1.932. Es esencial que las actuaciones ejecutadas actualmente por los fondos estructurales europeos y alineadas con los objetivos establecidos por la Agenda Digital Europea (ADE), prioricen en la financiación soluciones tecnológicas que posibiliten la evolución ulterior a las velocidades previstas. Las iniciativas públicas que se están ejecutando actualmente para el despliegue de redes de nueva generación deben permitir establecer una infraestructura básica totalmente reutilizable para la evolución al 5G. Para ello, es preciso que sea posible dinamizar y estimular el despliegue de soluciones inalámbricas 4G en zonas rurales, ya que, como se afirma por la Comisión en el documento citado “la conectividad para un mercado único digital competitivo (…), la conectividad 5G se apoyará en la de 4G y en redes fijas”. En entornos rurales es impensable pensar en despliegues de fibra óptica masivos, obviamente.

Para solucionar con rapidez el problema del acceso de banda ancha en el último tramo en las zonas rurales, se propone incluir la telefonía móvil en el servicio universal porque facilita el despliegue de soluciones de acceso de banda ancha en movilidad (BAM) en las zonas rurales. De esta manera, por una parte se solventarían las carencias de telecomunicaciones básicas en las zonas rurales de nuestro territorio: inexistencia o precariedad de los servicios de telefonía móvil y de banda ancha de alta velocidad, garantizando así la cohesión territorial a nivel europeo. Porque aunque parezca increíble, el mundo rural sigue teniendo carencias básicas como la inexistencia del servicio de telefonía móvil.

 

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