Matarella y la custodia de Europa

La política italiana ha vuelto a hacer honor a su fama de complejidad con un nuevo episodio en esta historia interminable sobre la (in)gobernabilidad del país. En este caso, el suceso afecta directamente al papel del Jefe del Estado y ocurre en el momento en el que parecía que el letargo postelectoral tocaba a su fin tras el acuerdo de gobierno entre la Lega y el M5S, y el agónico parto de su candidato común a primer ministro, Giuseppe Conte. Pero los efectos tranquilizadores de la fumata blanca han durado más bien poco, puesto que la pasada tarde del domingo el premier in pectore renunciaba a su candidatura por el veto del presidente de la República, Sergio Mattarella, a su propuesta de Paolo Savona como ministro de Economía. Savona es un conocido economista  euroescéptico, y su nominación ponía encima del tablero el cuestionamiento del euro, abriendo un periodo de incertidumbre sobre la continuidad de Italia en el proyecto europeo. La sola idea de este terremoto para la Unión con epicentro en uno de los estados fundadores ha supuesto una reacción política y constitucional sin precedentes, con lecturas interesantes para todos los países del entorno.

Para entender el embrollo político y constitucional que están viviendo en estas horas en Italia, conviene comprender el sistema constitucional italiano. El país instauró en 1948 una república con una forma de gobierno parlamentaria, en la que su presidente se configuró como representante de la unidad nacional (artículo 87 de la Constitución italiana), con una alta autoridad moral sobre la que se sustenta su mandato y, por ende, el ejercicio de sus funciones constitucionales. Se trata de un poder neutro e imparcial, pero también un árbitro que vigila la observancia y el cumplimiento de los principios constitucionales. En este sentido, podríamos considerarlo como un órgano apolítico porque, en palabras del profesor Martines, no se trata de una persona de parte, a diferencia de los otros órganos constitucionales con vocación política, sino que siempre está de parte de la Constitución. Pero es precisamente este alejamiento de la arena política, como espacio en el que las distintas fuerzas políticas son exponentes del pluralismo político (y, por tanto, donde se ejerce la confrontación y colaboración entre los distintos y legítimos intereses de partido), lo que convierte al presidente de la república en un órgano que bien podríamos definir, siguiendo la terminología schmittiana, como guardián de la Constitución, un guardián político que garantiza y controla la adecuación y respeto a los valores constitucionales. No podemos olvidar que la Constitución italiana nace claramente en oposición al fascismo, y el riesgo de retorno a discursos totalitarios no ha desvanecido con el transcurso de los lustros.

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En este contexto, el presidente Mattarella ejerció este control político el pasado domingo ante la lista de ministros propuesta por el candidato Conte. Se trata de un hecho insólito que ha despertado un gran interés doctrinal, aunque la inmensa mayoría de los constitucionalistas italianos se ha expresado en distintos foros apoyando la actuación de Mattarella. Analicémosla.

La conformación del Gobierno en Italia requiere de varios pasos. El presidente de la República realiza consultas para proponer un candidato a presidente del Consejo de Ministros que cuente con una mayoría en el Parlamento (en la Cámara de los Diputados y en el Senado, debido al sistema del bicameralismo perfecto). Pero no es el presidente del Consejo de Ministros el que se somete al voto de la confianza de las cámaras, sino todo el Gobierno (artículo 94 de la Constitución italiana), que está compuesto por aquél y por los ministros (artículo 92). Dentro del Gobierno, es el presidente del Consejo el que dirige la política general del Ejecutivo e impulsa y coordina la acción política y administrativa del Estado, siendo su máximo responsable. Este dato es relevante porque, de acuerdo de nuevo con el mencionado artículo 92 (origen de toda la controversia), el presidente de la República nomina, como es obvio, al presidente del Consejo, pero también a los ministros, aunque a propuesta de éste.

He aquí el problema: el alcance y el valor del poder de nombramiento de los distintos ministros por parte del presidente de la República. Tradicionalmente, esta función de separación de los ministerios y de elección de las personas encargadas de los mismos ha entrado en la esfera de la dirección política que compete al presidente del Consejo. Esta lista se presentaba al Quirinale y ya entonces el Gobierno de la República, que no de su presidente, requería la confianza a las cámaras. Es cierto que no es el primer caso, y abundan, en el que el presidente de la República desaconsejaba el nombramiento de determinadas personas por razones de inoportunidad política. Lo que convierte éste en diferente son las razones de Mattarella para el veto del euroescéptico Savona y la airada reacción de los partidos que apoyaban la conformación de este Gobierno.

Empezando por lo último, la reacción de la Liga y del M5S ha extralimitado toda cortesía constitucional, llegando incluso a proponer un imposible impeachement contra el presidente Mattarella, puesto que el artículo 90 sólo prevé la alta traición y el atentado contra la Constitución como motivos para apartar al presidente de la República.

Lo curioso es que, con su actuación, Mattarella sí ha querido evitar un atentado contra la Constitución italiana, dado que ha considerado que el nombramiento de Savona como ministro de Economía podía ir en contra de la adhesión de Italia en la Unión Europea (artículo 11 de la Constitución), el respeto de las obligaciones internacionales y europeas (artículos 80 y 117) o la protección del ahorro (artículo 47). Siguiendo ese papel de guardián político de la Constitución, ha evitado -podríamos decir- un quebranto del orden constitucional italiano, lanzando un mensaje claro de firmeza ante las derivas populistas que están resquebrajando el continente europeo. Al tiempo, consciente o no, Mattarella ha ejecutado lo que, a mi juicio, supone el gran símbolo en esta crisis: Europa está dentro de la Constitución italiana, la construcción europea no es ajena al orden constitucional italiano y, por tanto, la Unión se encuentra dentro de la Constitución material que el presidente de la República está dispuesto a defender con ese prestigio político que acompaña a su cargo.

Empero, esta loable acción tiene su contrapunto, basado en el cuestionamiento de la deriva de la Unión y su asimilación a la sola idea del neoliberalismo. La Europa defendida por Mattarella, de acuerdo con sus argumentos, ejemplifica el gobierno de los mercados frente al gobierno de los pueblos. El mensaje del presidente de la República deja fuera del juego político las legítimas aspiraciones de los partidos sobre la política económica y monetaria. Y nada lo simboliza mejor que el nombramiento como candidato a la Presidencia del Consejo de Ministros del tecnócrata Carlo Cottarelli, ex economista del Fondo Monetario Internacional.

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