Más allá del Presupuesto

Se puede y se debe gobernar incluso con las cuentas de otro. Aun diríamos más, es lo normal en democracias maduras, donde los relevos gubernamentales se superponen con presupuestos y leyes heredadas que se deben gestionar con realismo político, sin perjuicio de un enfoque propio y autónomo. No obstante, dicho esto, una de las importantes restricciones que posee el Gobierno de Pedro Sánchez es la de tener que hacer suyos los Presupuestos que no hace más de un mes se anotara el ya extinto Ejecutivo de Rajoy.

Sin embargo, esta restricción no implica que el Gobierno no esté capacitado para favorecer el devenir de la economía. Tampoco significa que no pueda plantearse realizar reformas que permitan un mejor comportamiento estructural. En primer lugar, aunque ciertamente limitadas, existen posibilidades de ajustar algunas partidas del actual proyecto de ley de Presupuestos para 2018: los diferentes grupos parlamentarios -incluido, obviamente, el Socialista- pueden intentar introducir enmiendas a su paso por el Senado. El Gobierno podría explorar esa fase del trámite parlamentario para negociar algunos cambios respecto al texto aprobado por el Congreso, pero sabiendo que, conforme al Reglamento de la Cámara Alta, si las propuestas suponen aumento de crédito en algún concepto, únicamente podrán ser admitidas a trámite si en la propia enmienda se incluye una bajada de igual cuantía en la misma sección a la que aquélla se refiera. En este sentido, no resulta ocioso recordar la mayoría absoluta del Grupo Popular en el Senado. Esto significa que toda posible enmienda que el actual Gobierno quiera introducir en el proyecto de Presupuestos que se aprobó en el Congreso pasa por llegar a un acuerdo con dicho Grupo, algo que ahora se antoja poco probable.

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Como es conocido, si ésas -u otras- enmiendas fueran aprobadas en el Senado serían debatidas de nuevo en el Congreso. Las que obtuvieran la mayoría simple de los votos emitidos (más votos a favor que en contra) se incorporarían al proyecto presupuestario; en caso contrario, se mantendrían las previsiones aprobadas en su día en la Cámara Baja. El Gobierno de Sánchez no lo tiene, pues, nada fácil para ajustar el proyecto presupuestario de 2018 a lo que serán sus directrices de orientación política y económica.

Es verdad que en el supuesto de que el Gobierno no consiga apoyo político para introducir cambios en el proyecto ahora en discusión podría, una vez aprobada la Ley, intentar modificarla acudiendo a una iniciativa legislativa de las previstas en la Ley General Presupuestaria, que en su artículo 51 dispone que “la cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos de gastos sólo podrán ser modificadas durante el ejercicio, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido, mediante transferencias, generaciones, ampliaciones, créditos extraordinarios y suplementos de crédito e incorporaciones”. Pero esta opción también exige que el Gobierno recabe unos apoyos parlamentarios que, al menos en estos momentos, no aparecen en el horizonte político.

Lo que ya sabemos a estas alturas es que el Senado rechazó, el 11 de junio, los vetos generales al proyecto de Presupuestos que habían presentado Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu. Ahora, el texto seguirá debatiéndose por secciones y habrá que ver si prosperan algunas de las más de 5.000 enmiendas parciales presentadas.

Sin embargo, en los Presupuestos no se agota la política. Diversos estudios han demostrado que las políticas de oferta bien orientadas pueden permitir reducir los costes de financiación de las economías, lo que ayuda a su crecimiento. También, por ejemplo, se puede fomentar e incentivar a los agentes sociales para que diseñen políticas de rentas que permitan, después de varios años de desequilibrio, elevar la participación de los salarios en las rentas distribuidas y generadas por la actividad económica. Esto puede favorecer tanto el aumento del consumo como el de los ingresos fiscales, aunque para lo segundo sea también necesaria una reforma fiscal integral, compatible con las revisiones de la financiación autonómica y local (la ministra de Hacienda tiene trabajo, es evidente). También es posible hacer política de intenciones, es decir, diseñar y prever políticas que, llegado el caso de elecciones, puedan justificarse sólo si en el Congreso se obtienen los diputados necesarios para llevarlas a cabo. En este caso se podrían proponer políticas de ayuda a las familias, de lucha contra la pobreza infantil e, incluso, la dotación de algunas políticas educativas como pueden ser, por ejemplo, las becas. Mensajes de buenas intenciones que permitan enseñar la patita y dejar su aplicación condicionado a una victoria holgada. No duden de que veremos esto.

Asimismo, la designación de ministras y ministros como Nadia Calviño y Josep Borrell ofrecen una clara perspectiva europea al Gabinete de Sánchez. Esto tiene, de nuevo, una lectura económica. La capacidad de negociar en estos meses en la Unión Europea es necesaria. Las negociaciones por los fondos europeos para los años 2021-2027 exigen, sin duda, músculo y cintura en Bruselas. No cabe duda de que Sánchez tratará de rentabilizar los pocos meses que tiene desde todos los ámbitos, y en Europa tiene el campo expedito para hacer lo que considere necesario. Además, no sólo se planta en Europa con ganas de pelear, sino que lo hace con la idea clara de que, para los españoles, tener voz, voto y fuerza en Europa es importante. Por último, dada la inmolación de Italia, Sánchez entiende que es el momento definitivo de aparecer como la tercera economía de Europa, solo por detrás de Francia y Alemania.

En definitiva, la restricción presupuestaria impide al actual Gobierno incidir de forma significativa en la economía a través de la política de gasto. No obstante, quedan resquicios a partir de los que poder actuar aunque sea testimonialmente. Esto, sin embargo, no impide atacar flancos que los Presupuestos no cubren. Proponer reformas significativas y condensar gran parte del esfuerzo en obtener un buen resultado en la negociación de los Presupuestos europeos sería un activo para un Gobierno que tendrá que pelear con una mano atada a la espalda.

Agradecemos los comentarios y sugerencias de Alain Cuenca, Pau Marí-Klose y Roberto Fernández Llera

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