Madrid por el derecho a decidir

“Madrid por el derecho a decidir” es el título de un acto que pretendía desarrollarse en esta ciudad en apoyo del referéndum del 1-0 y para el cual el Ayuntamiento de la capital había cedido el uso de un espacio municipal. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 3 de Madrid ha admitido el recurso presentado por el Partido Popular de Madrid y ha ordenado la suspensión cautelar del acto previsto para el próximo domingo. El Juez centra su decisión en que “los bienes municipales tiene[n] como función principal servir a los intereses generales, entre los cuales no puede incluirse, en modo alguno, la pretensión de realizar actos públicos en favor de un referéndum ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional y que atenta directa, clara y gravemente contra la unidad de España”.

Pues bien, este Juez considero que realiza en su auto de suspensión una errónea interpretación de la Constitución y, en su intento de erigirse como defensor de la misma, termina quebrándola. Así las cosas, el Juez parte de un presupuesto cierto al reconocer la ilegalidad del referéndum del 1-O tal y como viene siendo planteado por las instituciones catalanas. El Tribunal Constitucional ya ha suspendido las sedicentes leyes del Parlamento catalán que pretendían darle cobertura jurídica y ha advertido a distintos cargos y funcionarios públicos de su deber de abstenerse de la organización del mismo. De hecho, algunas de estas autoridades se encuentran ya en una situación de claro desacato frente al Constitucional de lo cual se pueden, y a mi juicio se deben, derivar responsabilidades penales.

Ahora bien, si la premisa es cierta, la conclusión extraída por el Juez es, en mi opinión, completamente equivocada. En un ordenamiento constitucional donde se reconoce la libertad de expresión hay que trazar una nítida diferencia entre acciones ilegales y la pura defensa de las mismas. Mientras que cualquier acción ilegal puede ser prohibida y, en su caso, sancionada, la defensa o apología de cualquier idea, aunque ésta resulte ilegal o atente claramente contra los valores y principios constitucionales, va a estar amparada por la libertad de expresión. Incluso, cuando se castigan actos de apología del delito se hace de forma excepcional como formas de provocación con un componente ofensivo real más allá de la pura defensa de una idea. Por ejemplo, igual que se puede defender la celebración de un referéndum ilegal, sería constitucional organizar un acto a favor de la insumisión fiscal o en el que se apostara porque se suprimiera la libertad religiosa y España volviera a ser nacional-catolicista.

Ésta es la consecuencia de que España sea una democracia abierta, no militante. En palabras del Tribunal Constitucional: “El ámbito constitucionalmente protegido por la libertad de expresión no puede verse restringido por el hecho de que se utilice para la difusión de ideas u opiniones contrarias a la esencia misma de la Constitución […] a no ser que con ellas se lesionen efectivamente derechos o bienes de relevancia constitucional” (Entre otras, STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ. 4º).

Y es que, reitero, en el caso en cuestión no estamos ante la cesión de un espacio público para desarrollar una acción ilícita, en cuyo caso sí que podría plantearse su prohibición –como ocurriría, por ejemplo, si el local se prestara para que se instalaran urnas el 1-0-. Se trata, por el contrario, de un acto amparado por el núcleo de protección de la libertad de expresión al encontrarnos ante la pura defensa de un acto “mediante la palabra”, por mucho que su finalidad sea contraria a la Constitución.

Además, la afectación de esta decisión judicial a la libertad de expresión es aún mayor porque precisamente impide su ejercicio de forma preventiva y no espera a su celebración para deducir, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse si a lo largo del mismo tuviera lugar algún hecho ilícito (por ejemplo, si se cayera en el vilipendio de las instituciones). El Juez desconoce así jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la cual las autoridades públicas deben ser especialmente cautelosas a la hora de adoptar restricciones previas al ejercicio de la libertad.

Por todo lo cual, a mi entender, la decisión del Juez supone un acto de censura previa constitucionalmente prohibido que, indirectamente, vulnera los derechos del colectivo promotor del acto que iba a realizarse en un espacio municipal, un “foro público” llamado al libre debate.

Cuestión distinta es la pertinencia política de que el Ayuntamiento de Madrid ceda un local público para actos que suponen clara apología de una acción ilegal. Si bien, en mi opinión, la autonomía para la gestión de sus propios intereses de la que gozan los municipio cubre indudablemente la de ceder a quienes entiendan conveniente los locales municipales. Una decisión política, por tanto, que no puede ser sustituida por un Juez.

En cualquier caso, esta desafortunada decisión de un concreto Juzgado madrileño no puede usarse para desacreditar el buen hacer de nuestro Poder Judicial. Es cierto que, como he empezado diciendo, creo que flaco favor hace a la causa de la defensa de la Constitución, precisamente en un momento en el que los distintos poderes públicos deben mostrarse más prudentes, sin perjuicio de su fortaleza –ambas virtudes clásicas-, ante la ruptura del orden democrático de convivencia provocada por el Parlamento y el Gobierno catalán.

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1 Comentario

  1. Martín
    Martín 09-14-2017

    Cesión de un bien municipal a para realizar un acto sobre un derecho que no existe, porque el derecho a decidir no existe en nuestro ordenamiento jurídico. De inicio, la solicitud de cesión ya tiene complicado encaje en los fines que todo ente local debe cumplir en estos casos, pues deben justificarse en la correspondiente memoria, máxime tras las resoluciones del TC. Además, el juez se enfrenta a fundadas razones para entender que en el acto puede suceder cualquier cosa, es decir, que no se limite potencialmente a un debate o discusión, sino incluso a una eventual puesta a disposición de urnas de todo el que pasa por allí o cualquier otra barbaridad vistos los precedentes previos y posteriores a las resoluciones del TC, con el horizonte del 1-O. Por no hablar del hecho de que parece más que razonable pensar que si el juez no suspende la cesión del bien local haría decaer la razón de ser el propio recurso, vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte recurrente. Por todo lo cual, es perfectamente posible entender que la suspensión de la cesión del espacio local es correcta, ajustada a derecho, o al menos no es ningún disparate. Cesión de local que además es algo muy diferente a la suspensión de un acto político, que bien puede realizarse en cualquier otro sitio sin las limitaciones propias de la cesión de bienes municipales, ajustándose así a las exigencias de una “Democracia no militante”, pues usar bienes municipales en una dirección determinada hace el sistema, en efecto, militante. Y oiga, si al final la sentencia que entra sobre el fondo entiende que la cesión es conforme a derecho, nada impide realizar el acto en cualquier otro momento, por lo que las garantías a conjugar en este supuesto tampoco parece que se vean especialmente mermadas en ningún caso. Menos se puede acusar de atentar contra el pluralismo político, la libertad de expresión o cualquier otro título de contenido político, pues en el fondo se trata de un asunto que ocupa el 90% de la actualidad informativa de nuestro país en los últimos meses. Son artículos como este los que ayudan a presentar nuestro país como un Estado autoritario, haciendo flaco favor a la defensa de la Constitución y el ordenamiento jurídico, contribuyendo así a desprestigiar la Justicia, que bastante tiene con enfrentarse casi a diario a quienes están dispuestos a fulminarlos si no se acomodan a la estrategia política diseñada.

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