Los derechos humanos en España: un balance crítico

A finales de 2012 fui invitado a dirigir la elaboración del II Plan Nacional de Derechos Humanos. El Gobierno abortó más tarde el proceso, no de una manera formal, sino pasivo-agresiva, pero no pudo impedir que un grupo de profesores elaboráramos un informe de situación de los derechos humanos en España a esta fecha. Este Informe acaba de ser publicado por la prestigiosa editorial jurídica Tirant lo Blanch. Lo cierto es que, probablemente, no habrá II Plan nacional en los meses siguientes, pero su proceso de elaboración ya ha generado algún resultado que tiene interés por sí mismo. Uno es este Informe, en la medida en que (1º) analiza todos los derechos humanos (y no sólo uno o un grupo de ellos); (2º) lo hace desde un punto de vista no sólo teórico (como lo hacemos normalmente los profesores), ni sólo práctico (de cómo se aplican o no, como lo hacen usualmente las entidades del tercer sector), sino conjugando ambos enfoques (es reflexión para la acción); y (3º) desde posiciones ideológicas plurales. El eventual lector que tenga la paciencia de leer las más de ochocientas páginas del libro estará en condiciones de conocer cuál es el estado de la cuestión actual  en relación con los derechos humanos en España, cuáles los problemas, pero también las fortalezas y, por supuesto, podrá contrastar numerosas propuestas de mejora.

Otro resultado destacable derivado del Informe es haber reunido a algunos de los mejores especialistas en derechos humanos de nuestro país. De hecho, sería deseable que se publicara anualmente un texto de estas características, aunque, obviamente, más breve.

El principal resumen del libro acaso pudiera ser la documentada constatación –por si cupiera alguna duda- de que España no está del todo al corriente en el cumplimiento de sus deberes respecto de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Nuestros responsables políticos no parecen ser del todo conscientes de que también en este campo, y no sólo en el económico, tenemos una deuda que debemos honrar como corresponde. Es evidente que nuestro Estado se halla entre los más avanzados del mundo en materia de derechos humanos, pero esta luminosa verdad no impide que haya numerosas y crecientes zonas de penumbra.

La devastadora crisis económica ha impactado tan negativa como intensamente sobre los derechos humanos en nuestro país. Esto es evidente sobre todo en relación con los derechos sociales. Pero no todo lo malo que ha sucedido en este campo puede atribuirse a la escasez de fondos públicos. En ciertos aspectos, como por ejemplo respecto de los derechos civiles o de los escasos avances en materia de lucha contra las discriminaciones, hay, más bien, desinterés, cuando no, directamente, planteamientos ideológicos afines a visiones antiguas de orden público o de convivencia, en cualquier caso, escasamente simpáticos hacia los derechos y su, al menos teóricamente, posición preferente en el ordenamiento. En ciertas ocasiones, la crisis económica está sirviendo de excusa perfecta para dar cobertura a líneas ideológicas retrógradas en materia de derechos. La lista de actuaciones gubernamentales discutibles en este campo es interminable.

Y no sólo desde el punto de vista ideológico, sino también intelectual. Muchas de las medidas no han venido precedidas de una reflexión previa, sino que son improvisaciones, cuando no directamente imposiciones personales de tal o cual. Qué falta de finura ha habido.

2015 es un año clave porque nuestro Estado se enfrenta a importantes exámenes de Naciones Unidas, sobre todo a dos, el cumplimiento del Pacto sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (en julio) y el examen periódico universal. Es probable que los organismos internacionales nos vuelvan a sacar los colores, debilitando nuestra imagen internacional. La oposición política y los medios deberían estar muy atentos a este proceso. Al Gobierno le resultará muy difícil explicar por qué no tenemos a día de hoy un II Plan Nacional de Derechos Humanos. No obstante, como en nuestro país hay una cultura democrática muy pobre, las advertencias de los organismos internacionales (que los hay, y a menudo son muy críticos con las políticas gubernamentales en materia de derechos humanos) no parecen importar a casi nadie. Ni la academia, ni los medios, ni los ciudadanos, ni siquiera la oposición política parecen conocerlas ni mucho menos tomarlas en serio. Tan sólo unas cuantas entidades del Tercer Sector parecen tenerlas en cuenta.

Tampoco ayuda que la expresión “derechos humanos” sea, en la cultura política española, tan evocadora y solemne como problemática. No es infrecuente, en efecto, que a menudo se asocie la idea de derechos humanos a situaciones de graves lesiones de derechos y de falta de libertad y de democracia de otros países, dando por descontado que en España estamos a un gran nivel en este campo. El concepto de derechos humanos no parece circunscribirse a ningún elemento significativo en el interior de nuestras fronteras. Parece ser un tema para otros o para nuestro pasado. De ahí que no se suelen diseñar  políticas nacionales claras que lleven esa rúbrica. Tampoco ha existido, hasta ahora, un programa sistemático y potente de formación en derechos humanos como lo requiere Naciones Unidas. Por otro lado, tampoco facilita la difusión de la cultura de los derechos humanos el hecho de que en la comunidad jurídica mayoritaria se distinga entre “derechos humanos” y “derechos fundamentales”, precisamente para remitir los primeros a la filosofía política y al derecho internacional (nuevamente, a situaciones más allá de nuestras fronteras y de nuestro tiempo) y conectar los segundos con los derechos que protege nuestra Constitución. Por estas razones y otras (como, por ejemplo, la excusa de la crisis económica para establecer una agenda ideológica tan restrictiva como nugatoria de derechos), no es común entre nosotros hablar de “derechos humanos” como un epígrafe más de la política nacional. Quizá por ello, entre otras razones, el I Plan nacional de derechos humanos pasó, en general, bastante desapercibido. En definitiva, la dinámica de los planes nacionales es, en gran medida, una novedad para nuestros códigos culturales, empezando por la propia denominación y enfoque. No es casual, en este sentido, que su impulso inicial proviniera de Australia, esto es, del orbe anglosajón.

En mi opinión, el Gobierno que salga de las urnas este año –sea del color que sea- debería elaborar un II Plan Nacional de Derechos Humanos pero, para variar, siguiendo la metodología del Manual de Naciones Unidas. También se debería designar un organismo independiente –quizá la propia oficina del Defensor del Pueblo, pero con una organización diferente a la actual- para promover análisis sobre la situación de los derechos en España y sugerir cambios normativos. Pero mucho me temo que esto no sucederá porque la materia “derechos humanos” es una más de las muchas lagunas formativas de nuestra clase política.

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