Los CIE: es necesario un debate riguroso

El conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio del Interior en torno a la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona está volviendo a situar a estos establecimientos en primera línea del debate político. Discutir sobre una realidad tan compleja como la del internamiento es legítimo e incluso necesario. La inmigración no afecta sólo a los otros, sino sobre todo al nosotros. Pero parece que asistimos a una confrontación basada más en gestos y en posiciones poco matizadas que en un interés real por la mejora de la situación.

Los CIE son establecimientos en que se priva de libertad a los extranjeros durante un plazo máximo de 60 días con el pretexto de garantizar que su expulsión pueda realizarse. Desde su creación, han estado rodeados de polémica por carecer de una regulación adecuada, por disponer de unas instalaciones y servicios deficientes, por algunos incidentes graves acaecidos en su interior y porque la práctica del internamiento ha sido en muchos casos excesiva. Existen, pues, argumentos legítimos para reclamar el cierre de los CIE o su revisión en profundidad. En todo caso, es el Gobierno central quien tiene la competencia para ello.

Conscientes de este hecho, los actuales responsables del Ayuntamiento anunciaron desde un principio que harían uso de las competencias municipales para conseguir la clausura del CIE de Barcelona. Así, hace unos días ordenaron el cese de  su actividad basándose en que el CIE carece de licencia de actividad e incumple la normativa contra incendios. De entrada, llama la atención que estas pretendidas irregularidades se hayan tolerado durante muchos años y sólo se hayan detectado cuando el Ministerio del Interior ha solicitado permiso para realizar unas obras de mejora. Por otro lado, no resulta tan evidente como sostienen los responsables del Ayuntamiento que las ordenanzas municipales avalen su posición. Pero tampoco parece de recibo que el Ministerio del Interior no se haya tomado en serio el procedimiento tramitado por el Ayuntamiento,incluso en el supuesto de considerar que no estaba fundamentado y constituía una provocación. Todo parece indicar que, una vez más, los tribunales deberán resolver una controversia que responde a un conflicto esencialmente político que se ha desarrollado sin la lealtad institucional que cabría exigir.

Como se desprende de las propias declaraciones de los responsables municipales, su pretensión se basa sobre todo en una discrepancia radical en relación con los CIE que se articula en torno a dos argumentos principales: la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los internos y la existencia de un mandato democrático expresado por el Pleno del Ayuntamiento y por el Parlamento de Cataluña pidiendo la clausura del CIE de Barcelona.

 El argumento del mandato democrático es recurrente en los últimos tiempos y parece que no puede ser discutido. Poco importa, en efecto, que dicho mandato tenga por objeto decisiones sobre las que no se tiene competencia o que el debate realizado para llegar a su formulación no sea riguroso. La mayoría lo puede todo y lo demás no existe.

Algo similar sucede con el cuestionamiento radical del internamiento y los CIE. Se trata de una posición legítima, pero que debería discutirse con mayor profundidad. El primer problema para ello es la ausencia de datos oficiales, que han sido tradicionalmente ocultados por el Ministerio del Interior con una política de información alejada de la transparencia que exige todo Estado democrático y que ha acabado siendo contraproducente al permitir la proliferación de opiniones poco matizadas y en algunas ocasiones falsas. Muchos parecen ignorar, por ejemplo, que la decisión de internar a una persona no es sólo policial, sino que debe ser autorizada por un Juez previa intervención del Fiscal, del propio extranjero y de su abogado. Los internamientos abusivos constituyen, pues, una falla de todo el sistema y no una responsabilidad exclusiva de la policía. Tampoco acostumbra a decirse que los problemas de sobreocupación en los CIE ya no existen, que la estancia media en los mismos es claramente inferior a los 60 días, y que en los últimos años los mecanismos de garantía de los derechos de los internos han mejorado sensiblemente. Ello no significa que no subsistan carencias notables en los equipamientos de los CIE y que no quepa cuestionar el internamiento desde la perspectiva de su eficacia. Pero sostener la sistemática vulneración de los derechos fundamentales de los internos o no reconocer las mejoras que en los últimos años se están produciendo precisamente en el CIE de Barcelona no se ajusta a la realidad.

En lugar, pues, de posturas maximalistas y poco matizadas, sería deseable llevar a cabo un debate riguroso sobre el internamiento y los CIE que partiera de la realidad y se planteara las siguientes cuestiones: ¿en qué casos cabe sancionar a un extranjero con la expulsión?; cuando ello sea posible, ¿cómo puede garantizarse que ésta se haga efectiva?; ¿cuáles son, realmente, las medidas alternativas al internamiento?; en caso de que estas alternativas no sean eficaces, ¿con qué requisitos puede acordarse la privación de libertad y en qué condiciones debe desarrollarse?; ¿Qué márgenes otorga la política europea para prescindir del internamiento? La respuesta a estos y otros interrogantes no es sencilla y requiere mucha reflexión y debate. Pero intentar contestarlas parece mejor opción que una defensa numantina de la situación actual o una acción política bienintencionada, pero que no tiene en cuenta los límites competenciales y la dificultad de la materia.

Autoría

1 Comentario

  1. Júcar Morales
    Júcar Morales 07-11-2016

    Con intención de contribuir al debate, espero incluso que de modo riguroso. Puedo razonar sobre la primera cuestión: ¿en qué casos cabe sancionar a un extranjero con la expulsión? A mi entender en todos aquellos casos en que la entrada no hay atenido lugar por cauces legales. Más aún, creo que la expresión ‘sancionar’ es excesiva en este contexto. La expulsión significa simplemente devolver las cosas al estado en que estaban antes de que la legalidad se vulnerara, equivalente a que el ladrón devuelva lo robado, el que se cuela en el cine salga de él, el que causa un accidente pague los daños, etc. Sanción solo algo adicional (una multa, por ejemplo). Creo que es contrario a toda ley que su violación sea premiada con lo mismo que la ley pretendía evitar, por la simple razón de que supone una contradicción que autoderoga la ley, haciéndola una ley suicida : prohibido entrar so pena de admisión, prohibido robar so pena de quedarse con lo robado, prohibido copiar so pena de aprobar el examen…; lo más parecido que se me ocurre es perdonar al violador o raptor a condición de que se case con la víctima, y ello solo en el caso de que su propósito sea precisamente el matrimonio.

    No se me ocurre mucho sobre cómo garantizar que las expulsiones se hagan efectivas sin violar los derechos humanos. Pero creo que no es uno de ellos la libertad de movimientos por un territorio en el que no se tiene derecho a estar; no solo creo que está justificado el internamiento, sino también el abandono en cualquier lugar habitable si el intruso se sirve del subterfugio de no elegir uno al que ser expulsado. En este sentido van las noticias que tengo sobre las políticas australianas al respecto.

    Con lo dicho debo de haber puesto en evidencia mi ignorancia jurídica y lo mal que podría opinar sobre el resto de cuestiones.

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