Lo que queda del ‘caso Alsasua’ sin finalidad terrorista

Las personas que nos dedicamos al Derecho Penal tenemos una alerta automática que en los últimos tiempos salta constantemente La sentencia del caso Alsasua no es una excepción: cuando se lee se disparan muchas alarmas garantistas, lo que no implica que lo sucedido no sea grave. Vayamos por partes y con el máximo detenimiento posible.

A los ocho jóvenes encausados se les acusa de haber formado parte de un grupo de unas 25 personas que, primero, rodearon, insultaron y amenazaron en el interior de un bar a dos guardias civiles y sus respectivas novias cuando tomaban unas copas; es decir, fuera de servicio. Posteriormente, ya en la calle, el tamaño del grupo creció hasta unas 40 personas que les patearon,  golpearon y siguieron insultando y amenazando. El resultado fue que tres de ellos tuvieron contusiones y otras lesiones de gravedad suficiente para merecer tratamiento médico, y uno de los guardias civiles recibió una patada que al parecer le provocó la rotura de la tibia y el peroné. De todas las personas que allí concurrieron, fueron reconocidos como participantes los ocho encausados. Esto no significa que se pudiera saber con certeza quién hizo qué.

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Lo más chocante del caso es cómo, por mor de la intervención de una asociación de víctimas del terrorismo como acusación particular, lo que era un caso de animadversión a miembros de la Guardia Civil pasó a ser considerado como acciones de tipo terrorista. Al añadir ese sesgo, los supuestos delitos comunes pasaron a ser lesiones terroristas y amenazas terroristas, regulados actualmente en los diferentes apartados del artículo 573 del Código Penal. Y como consecuencia de ello, no sólo tienen una pena mayor que las lesiones normales, sino que pasaron a ser competencia de la Audiencia Nacional, añadiendo una gravedad tal a los hechos que ha conllevado la prisión preventiva de estos jóvenes durante hace un año y medio. Este nexo terrorista se fundamentaba en las amenazas e insultos que recibieron los guardias civiles y que aludían a su condición, así como en la supuesta vinculación de algunos de los jóvenes al colectivo asambleario OSPA, que quiere “expulsar a la Guardia Civil de Navarra”. Las acusaciones establecían un nexo directo entre la cercanía a OSPA y la meta de este colectivo, por un lado, y la calificación de terrorista, por otro.

Afortunadamente, y a pesar del empeño de la Fiscalía y de las acusaciones populares por vincular este ataque a actividades de grupos del entorno etarra y de la kale borroka, el tribunal considera que esas relaciones con el colectivo asambleario no son suficientes para probar que, además de conocer y querer participar en la actividad en grupo, la intención de éstos era -como se exige en el citado artículo 573- “subvertir el orden constitucional”, “alterar la paz pública”, “desestabilizar el funcionamiento de una organización internacional” o “provocar un estado del terror”. Por lo tanto, la misma Audiencia Nacional desmonta el motivo por el cual le fue atribuida la competencia del caso. A partir de aquí, debemos felicitarnos pues la proximidad a OSPA ni es delito, ni OSPA tiene finalidades terroristas por mucho que puedan no gustar las que sí tiene. Y también debemos preguntarnos por qué, no habiendo elemento que haga competente a la Audiencia Nacional, ésta resuelve sobre el asunto en lugar de levantar la prisión preventiva y reconducir el caso al tribunal competente.

La lectura suscita otras dudas técnicas, como la interpretación del término en ocasión de en el delito de atentado (artículo 550 del Código Penal), la mezcla entre los conceptos paz pública y orden público para aplicar los desórdenes públicos agravados por ejecución en “reunión numerosa” y con peligro de la vida e integridad física (artículo 557.bis 2º y 3º del CP) o la aplicación de la agravación por discriminación y odio hacia la Guardia Civil (artículo 22.4).

Sin embargo, aquello que tiene más trascendencia para entender la gravedad de las penas finales guarda relación con las cuatro lesiones (147.1 del CP). En primer lugar, se da por probada la participación de los jóvenes en el grupo más amplio basándose en la total credibilidad de las declaraciones de las víctimas en cuanto a su reconocimiento. Lo que no significa que se consiga probar quién hizo qué, es decir, ligar acciones individualizadas de cada acusado a un resultado lesivo concreto, o lo que penalistas y Tribunal Supremo llamamos “imputar objetivamente”.

En segundo término, y a consecuencia de esa imposibilidad, se intenta hacer una atribución grupal de responsabilidad calificándolos de coautores. Al no ser simultáneas las apariciones en la escena delictiva,  se usa la denominada “coautoría funcional”. Pero para calificar como coautores funcionales debe demostrarse, y esto es jurisprudencia asentada del Tribunal Supremo, que hubo un acuerdo previo o simultáneo para cometer las lesiones. Ese acuerdo puede ser implícito o explícito, pero debe probarse y no elucubrar sobre él. También se exige una distribución de roles que permita dominar la parte de la ejecución que se adjudicó en el acuerdo (dominio funcional del hecho).

Lo más llamativo es que ninguno de estos aspectos resulta suficientemente probado. Es más, algunas pruebas en contra no son tenidas en cuenta. Y tampoco está fundamentada la relación de cada individuo con el resultado, ni la existencia del acuerdo, ni la distribución de tareas. Sin embargo, a siete acusados se les hace igualmente responsables de cuatro delitos de lesiones. Si multiplican tres años de pena máxima por cuatro delitos de lesiones, ya les salen esos 12 años que aparecen en los medios. De ahí lo nuclear de esta cuestión.

Es momento de recordar que la animadversión no es delito, que las características sociales de determinados jóvenes, raperos, titiriteros o humoristas tampoco son delito, y mucho menos los hace terroristas. Las animadversiones y las reivindicaciones no se castigan a golpe de Código Penal, de la misma manera que el Código Penal no cura las heridas y traumas sociales e individuales.

 

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