Lo que pasará con el Acuerdo de Paz en Colombia

Colombia acude este domingo a las urnas para decidir, en segunda vuelta, quién será su presidente los próximos cuatro años. Y entre los hechos que deberán juzgar los electores estará, de nuevo, el futuro del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ya fue rechazado por estrecho margen en el plebiscito de octubre 2016, teniendo que ser modificado por el Congreso. Dieciocho meses después de su aprobación, los interrogantes se ciernen sobre los acuerdos: no quedó blindado jurídicamente y sus medidas se han desarrollado, por ahora, entre trabas legislativas y escándalos políticos. Para el primer aniversario, el noviembre pasado, el Instituto Kroc, encargado de seguir su progreso, cifró en un 77% las disposiciones que presentaban avances mínimos o nulos. En enero, el Observatorio de Seguimiento al Acuerdo de Paz estableció su grado de implementacuón en el 18,3%.

Por todo esto, el futuro del Acuerdo de Paz está en manos del próximo presidente, y ambos candidatos presentan visiones antagónicas. El conservador Iván Duque, favorito tras imponerse en la primera vuelta, promete modificaciones estructurales, principalmente para endurecer las penas a los guerrilleros de las FARC y su acceso a la vida política. El progresista Gustavo Petro, en cambio, ha garantizado su apoyo mayoritario al texto, y ha avanzado que profundizará en alguno de sus puntos; en particular, el referido a la reforma rural.

Los cambios estructurales de Duque

La frase que ha marcado la campaña de Duque ha sido “ni trizas ni risas”, una rima recurrente que pretende evocar una actitud exigente pero justa para con los acuerdos. Sin embargo, Duque es el candidato de la coalición que promovió con éxito el no en el plebiscito sobre el texto, y uno sus pilares de campaña ha sido prometer las reformas que quedaron en el tintero de esa coalición. Destacan especialmente tres: la reforma de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), prohibir la amnistía de los delitos de narcotráfico y un replanteamiento estructural de la reforma agraria, punto 1 del Acuerdo.

En lo que respecta a la JEP, se trata del sistema de justicia transicional pactado en los acuerdos que investiga y juzga violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto. Con su reforma, el candidato quiere que los guerrilleros condenados por crímenes graves no puedan cumplir una pena alternativa a la privación de libertad. Así lo contempla la JEP en su versión actual para quienes asuman los crímenes cometidos, con el propósito de fomentar el reconocimiento del daño causado y la reparación. El espíritu del Acuerdo de Paz, que pone la reconciliación en el centro del proceso, se vería alterado en sus cimientos con la propuesta de Duque, puesto que se perdería el incentivo para confesar.

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Además, el delfín del ex presidente Álvaro Uribe tampoco quiere que los ex guerrilleros condenados por la JEP puedan entrar en política hasta haber cumplido previamente reclusión –lo que ahora sí es compatible, compaginado con las penas alternativas– y pretende desligar de la jurisdicción oficial el juicio a oficiales del Estado. En su lugar, propone que sean juzgados en la Corte Suprema, por una sala penal formada por militares. Defensores del Acuerdo y activistas denuncian que esto puede fomentar la impunidad de los oficiales. Para Duque, se trata de no equiparar a guerrilleros y militares.

Otro de los puntos de la reforma del candidato del Centro Democrático es la revocación de la amnistía para los delitos cometidos durante el conflicto pero ligados al narco. El texto de La Habana abre la puerta a que los delitos por narcotráfico puedan considerarse conexos a los delitos políticos, lo que facilita la amnistía. Eso se daría siempre que se certificara que el guerrillero cometió el delito para financiar la lucha armada, y no para su lucro. Duque quiere que el narco no pueda ligarse a un delito político y, por tanto, no se pueda amnistiar.

Finalmente, en lo referente a la reforma rural, el candidato quiere eliminar las instituciones creadas para abordar sus principales retos, como la restitución y acceso a las tierras, el catastro del suelo rural o la nueva ruralidad. El entramado aspira a reforzar la institucionalidad en el terreno y propiciar un desarrollo desde abajo, pero para Duque supone una burocratización excesiva. Propone, por el contrario, centralizar el desarrollo rural desde el Ministerio de Agricultura, y dar incentivos tributarios a la agroindustria para que cree trabajo para los campesinos.

Qué implica y qué puede hacer

El impacto directo de estos cambios es, en algunos casos, incierto. Por ejemplo, respecto a la obligación de cumplir presidio aun asumiendo los crímenes juzgados por la JEP, o de perder la amnistía por delitos de narcotráfico, no está claro que afectara a los ya procesados. Lo impediría el principio jurídico básico, incluido en la propia Constitución colombiana, según el cual se aplica al procesado la pena más favorable que exista a partir del momento del delito. En el caso del narco, además, el propio Duque ha planteado que la reforma no tendría carácter retroactivo, por lo que no perseguiría a los desmovilizados de las FARC.

Sí que tendría gran peso, en cambio, en el clima general alrededor del Acuerdo, que se vería desnaturalizado en su esencia. Las FARC se comprometieron al proceso de paz a cambio de poder canalizar sus reivindicaciones a través de la política, y de que la financiación de la guerra fuera amnistiable. La inseguridad jurídica (como mínimo, eventual) que plantearía la reforma podría empujar a la disidencia a algunos desmovilizados. Un cambio de calado en la reforma agraria también podría tener un fuerte impacto en las comunidades rurales, el grupo social más directamente beneficiado por los acuerdos, y podría suponer la pérdida de la legitimidad ganada por el Estado en las zonas donde su presencia histórica ha sido reducida. El plan de Duque también afectaría, previsiblemente, a futuras negociaciones, como la que se vive hoy con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Por lo que respecta a la aplicación de estas modificaciones, al no estar el acuerdo blindado por el bloque de constitucionalidad, Duque podría acometerlas a través de un referéndum, una asamblea constituyente o una reforma de la Carta Magna. La configuración del Congreso tras las legislativas del marzo deja al candidato en una situación favorable para promover esta última opción.

La continuidad ambiciosa de Petro

A diferencia de Duque, Gustavo Petro no ha puesto el Acuerdo de Paz en el centro de su programa político, y su campaña ha discurrido por terrenos en los que tenía fuerza entre el electorado, como la lucha de clases, el modelo social de país o el desarrollo de las comunidades. Petro apuesta por respetar y aplicar los acuerdos, y si el núcleo de la reforma de Duque gira en torno al cuestionamiento de la JEP, el candidato de Colombia Humana pone el énfasis justamente en su importancia; tanto para la obtención de la verdad, la reparación y la reconciliación como para evitar que las FARC duden y renieguen del proceso. La JEP es para Petro la garantía de que se aprende de lo vivido y no se vuelve al conflicto con la guerrilla.

Más allá de esto, de entre los presidenciables favorables al Acuerdo (todos excepto Duque), Petro era el que lo abrazaba con menor entusiasmo. Esto es fruto, en buena medida, de las enmiendas post-plebiscito de la coalición del no, aunque también influye su radiografía de la sociedad colombiana. El candidato considera que el Acuerdo traerá el fin de la guerra con la FARC, pero también que la paz requiere de cambios sociales estructurales.

En este sentido, ha manifestado su intención de profundizar en la dirección de algunas de las medidas del texto, particularmente en lo referente en la reforma rural, pero sin concretar mucho. Esto debe traducirse no tanto en una batería de propuestas novedosas (aunque las hay,  como gravar los latifundios sin uso para fomentar la industria agrícola, o el abandono progresivo de las industrias extractivas), sino en una priorización de la reforma agraria en su agenda política. Un enfoque de desarrollo rural, en definitiva, de abajo a arriba, cercano al que propone el Acuerdo de Paz, pero que pretende ir más lejos. Como en casi todo en esta segunda vuelta presidencial, en las antípodas de la propuesta de Duque.

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