Las veleidades peligrosas que esconde el referéndum húngaro

El pasado 2 de octubre se celebró en Hungría el denominado “referéndum de las cuotas” con la siguiente pregunta “¿Quieres que la Unión Europea pueda aplicar el reasentamiento obligatorio de los ciudadanos no húngaros en Hungría, incluso sin la aprobación de la Asamblea Nacional?”.

Antes de hablar de este referéndum, tres datos y un apunte sobre ciudadanía y extranjería en Hungría:

  • Con datos del censo de 2011, en Hungría, un país que ronda los 9.800.000 habitantes, hay 644.524 ciudadanos/as que forman parte de alguna minoría nacional, lo que supone el 6,56% de la población total del país. Entre estas minorías, la comunidad roma (315.583 personas) y la alemana (185.696), seguidas por las comunidades húngaras de origen croata, rumano y eslovaco entre otros, todas ellas con cifras mucho más reducidas que en ningún caso superan las 40.000 personas por colectivo.
  • Según datos de Eurostat, en Hungría la población extranjera la conforman 475.500 personas, lo que supone el 4,8% del total de la población del país. De esta población extranjera, un 3,1% (unas 309.000 personas) han nacido en otro país comunitario, y un 1,7% (en torno a 165.900 personas) en un país no-UE.
  • En 2014, Hungría recibió 41.215 solicitudes de asilo en primera instancia, que se incrementaron a 174.435 en 2015. Hungría se convierte así en el segundo país después de Alemania en recibir el mayor número de solicitudes (13,9% en Hungría y 35,2% en Alemania), principalmente procedentes de Siria, Afganistán y Kosovo. El porcentaje de rechazo de estas solicitudes en Hungría es superior al 90%.
  • En Hungría, la preferencia por los húngaros étnicos (magyar), ciudadanos del Estado húngaro o no, se encuentra en muchas de las leyes nacionales, desde la ley de naturalización hasta la regulación de visados, permisos de residencia o empleo entre otras. El proceso de incorporación de Hungría a la Unión Europea supuso la necesidad de articular cambios en buena parte de su legislación, especialmente aquella vinculada a la nacionalidad (extendiendo la preferencia a los ciudadanos UE), aunque en general en su redactado se ha evitado el uso de las expresiones como ciudadanía europea o ciudadanos comunitarios. Todo este marco legislativo, suele justificarse con la larga y compleja historia húngara, y a la necesidad de garantizar la identidad étnica húngara, amenazada por los distintos procesos históricos del país.

Recapitulando, en Hungría residen hoy poco más de un millón de personas (entorno al 11% de la población), la mayoría de las cuales son nacionales húngaros o de otro país UE, que comparten no ser magyares como el 89% de la población. Y desde la llegada al gobierno de Orbán, esto los convierte en un problema. Con un discurso público permisivo con las expresiones de odio -cuando no incitador de las mismas- no debería sorprendernos, lamentablemente, que en la Hungría de hoy, las expresiones del presidente Orbán sobre la amenaza que los migrantes suponen para la identidad europea no suenen tan extrañas a sus conciudadanos como a (la mayoría) de sus socios europeos. Se ha ido creando un estado de opinión que no deja de sorprender, especialmente por el contraste entre las cifras y las percepciones. Y por la intensidad de estas últimas.

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Fuente: Pew Research Center

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Fuente: The Economist

Además, en los últimos años, Orbán se ha ido consolidando como una voz estridente entre los socios europeos, enfatizando una visión iliberal de la democracia que no sólo pone en riesgo derechos y libertades individuales, sino que se basa en una idea de la ‘comunidad’ restringida a unos pocos, que no tiene por qué tolerar incidencias externas. A lo anterior se suma ahora, inevitablemente, un discurso despreciativo contra la burocracia de Bruselas y, por extensión, la Unión Europea. Mientras las minorías y la población extranjera rompen la imagen (re) creada de comunidad de Orbán -hay pocos países en Europa que tengan una historia étnicamente tan diversa como los herederos del Imperio austro-húngaro-, la Unión Europea se ve como una imposición malintencionada a la soberanía nacional. La construcción de este doble discurso xenófobo y euroescéptico ha permitido a la Hungría de Orbán –junto con sus socios del Grupo de Visegrado– convertirse en una de las voces más críticas ante cualquier intento de la Comisión Europea de responder de manera conjunta a la cuestión de los refugiados.

En este contexto se celebra el referéndum del pasado 2 de octubre, centrado en debatir si Hungría debe cumplir con su palabra de acoger 1.294 personas refugiadas provenientes de Grecia e Italia (el primer compromiso de reubicación adquirido en setiembre de 2015). Y lo hace con una pregunta abierta, confusa y con consecuencias jurídicas poco claras (no sólo ahora que no se ha ganado: tampoco queda claro que hubiera pasado en caso contrario), que enfatiza la imposición europea sobre la soberanía del parlamento húngaro y en una campaña donde ha primado el discurso del miedo que vincula la acogida de estas poco más de mil personas con una cuestión de seguridad nacional.

Pero la pregunta del referéndum esconde una mentira, una excusa y un peligro. Una mentira porque en el marco europeo, las competencias en materia de inmigración y asilo son nacionales. El Tratado obliga a proteger a los refugiados y a una acción solidaria cuando los números lo requieren, pero el cómo esta acción debe llevarse a cabo está en manos de los Estados que, a pesar de los acuerdos alcanzados en los Consejos Europeos, los estados tienen margen para modificar sus posturas. De hecho, Hungría ya lo hizo cuando en septiembre del año pasado se negó a participar en la ampliación de las cuotas de reubicación para personas refugiadas. ¿El resultado? Hungría quedó fuera de los países que, como Italia y Grecia, deberían recibir ayuda para reubicar a las personas refugiadas. Pero según el gobierno de Orbán, la Unión Europea (sic) sigue imponiendo en Hungría una política migratoria común (que por cierto, simplemente no existe). ¿Por qué, entonces, hacer votar una postura que puede defenderse en un Consejo Europeo?

En segundo lugar, una excusa porque la pregunta no se centra en la cuestión sensible y real que debe afrontar el gobierno húngaro: la gestión de la acogida de las personas refugiadas. Nadie puede discutir el volumen de personas que llegaron a las fronteras húngaras antes de qué se cerrara la denominada ruta de los Balcanes. Pero el gobierno de Orbán, en lugar de plantear la cuestión en términos de fronteras exteriores y solicitar ayuda y apoyo de sus socios europeos, buscó malgestionar estas entradas para crear una situación de caos e inseguridad. Nadie olvida las imágenes de personas que buscaban refugio siendo perseguidas por la policía, atrapadas entre perímetros enrejados que se instalaban rápidamente, pero en los que no se habilitaban ni se daban servicios o condiciones mínimas de acogida. Las pésimas condiciones de acogida de las personas refugiadas; la falta de orden en la atención primera -que ha permitido imágenes de policías controlando un desorden ‘organizado’- y un laberinto burocrático que dificulta la obtención del asilo o cualquier tipo de protección humanitaria en Hungría, son ejemplos claros de cómo no hacer nada puede generar problemas mayores. Amnistía Internacional ya advirtió en su momento que los líderes europeos debían organizarse, no ‘orbánizarse’, haciendo referencia a la mala gestión del primer ministro húngaro. De este modo, ha sido mucho más fácil centrar la atención en las cuestiones de seguridad, centrándose en la militarización de las fronteras húngaras y la construcción de un discurso de odio y de criminalización de las personas refugiadas, especialmente las de religión musulmana.

Y finalmente, en tercer lugar, un peligro, porque el referéndum organizado por el gobierno de Orbán quiere rentabilizar esta ‘construcción’ de los refugiados y la Unión Europea como problema. El referéndum no busca dar respuestas reales sino caldear y mantener un cierto nivel de tensión en la opinión pública, para que ésta continúe en la demonización de los refugiados, los migrantes y la Unión Europea, todo en un mismo paquete. Y abre la puerta a una vulneración clara del derecho de asilo, pilar fundamental del derecho internacional público. Lo triste es que a pesar de haber ‘perdido’ (el resultado no puede vinculante al no haberse alcanzado el 50% requerido de participación), está aún por ver si este resultado debilitará los posicionamientos de Orbán o le permitirán continuar su particular cruzada en el interior del país y hacia la Unión Europea, cuyas reglas pretende primero ignorar y después modificar sustancialmente, esgrimiendo para ello un supuesto sentimiento popular de alienación al proyecto.

Añadido a este peligro está la pasividad de los socios europeos, de la propia Comisión Europea y, seguramente, de buena parte de la ciudadanía europea que nos escandalizamos ante estos discursos, pero no somos capaces de canalizar una respuesta distinta. En 2012, la por entonces Comisión Barroso inició un procedimiento contra Hungría por no adecuar correctamente distintas disposiciones legales relativas al sistema bancario y judicial del país. Que después de lo que hemos vivido estos últimos meses nadie haya levantado la mano para sacar ni siquiera una tarjeta amarilla a Orbán, no deja de ser preocupante. Impide tomar las medidas mínimas en relación con el refugio y dar respuesta a las situaciones extremas en las que se encuentran muchas personas. Y debilita, aún más, el proyecto europeo que se basa, y sólo hay que releerse la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (incorporada a los Tratados) en “los valores de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos”, y que añade que “las sociedades de los Estados miembros se caracterizan por el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación”. Si no somos capaces de hacer cumplir las reglas del juego en todos los ámbitos, los tramposos pueden llegar a poner en riesgo toda la partida.

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