Las tres intersecciones entre política y judicatura del “procés”

Finalmente no hubo solución de última hora y, de forma casi simultánea, los dos actores en liza jugaron sus cartas más temibles. Con precisa sincronización, el Parlament catalán primero, y luego el Senado de España, anunciaron respectivamente la aprobación de la declaración unilateral de independencia y del uso del artículo 155 de la Constitución. Aquel 27 de octubre marcó la culminación de una perversa dinámica de enfrentamientos y desencuentros entre las autoridades del Estado y de Cataluña. Pero sabemos bien que aquel fue un episodio central, pero no el último, de la historia del ‘procés’. Y muchos de los episodios que están por venir tendrán un escenario y unos protagonistas indiscutibles: los juzgados, los jueces y toda la densa atmósfera política que suele rodear, con frecuencia muy a pesar de aquéllos, a los casos como el que nos ocupa.

Ha sido la previsible querella de la Fiscalía contra miembros del anterior Govern y de la mesa del Parlamento catalán la que nos ha introducido de lleno en esta situación. Pero hace mucho tiempo que el ‘procés’ no es ajeno a la lógica judicial, por más que hasta ahora haya sido el Tribunal Constitucional el protagonista. En este sentido, el paso de la justicia constitucional a la justicia criminal es una rotunda expresión de cómo la situación política se ha ido enrareciendo y, por decirlo con la claridad que merece el asunto, degenerando. Ahora, con las querellas presentadas ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, se abre un tiempo nuevo en que vamos a ver un fuerte despliegue de estrategias políticas en sede judicial, o al menos respecto a los jueces y tribunales. Déjenme que les hable a este respecto de tres cuestiones, tres puntos de intersección entre política y judicatura, que se van ustedes a encontrar en los próximos meses.

El primero de ellos son las estrategias de enmarcado político de los tribunales y su actividad. Como ya he comentado en alguna ocasión, los políticos elaboran estrategias retóricas para presentar la actividad judicial ante la opinión pública de la manera que les es más favorable. De hecho, el ‘procés’ ha ofrecido hasta ahora, y a buen seguro lo seguirá haciendo, un vistoso abanico de estrategias de enmarcado judicial, que constituye a mi juicio un valioso material para politólogos. En este sentido, los actores no independentistas -o ‘unionistas’, como lo prefieran- ya han comenzado a enmarcar la acción ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional con narrativas legalistas, como expresión de la acción del Estado de Derecho y de una Justicia para la que todos somos iguales ante la ley. Es muy probable que en las próximas semanas se esfuercen en recalcar la independencia y neutralidad de estos órganos judiciales, para reforzar su legitimidad. Justo lo contrario de lo que harán los actores independentistas. Si éstos habían venido denunciando al Tribunal Constitucional como un tribunal politizado, es muy posible que ahora enmarquen al Supremo y la Audiencia Nacional como órganos represivos del Estado. En este sentido, el célebre enmarcado de la Audiencia Nacional como órgano ‘heredero del franquismo’ es más que previsible, así como la explotación de las -existentes- disfunciones de la Justicia española en favor de su narrativa. Cuando se encuentren ustedes expuestos a estas narrativas en conflicto sobre la acción de los tribunales mi consejo es que, en lugar de tomar partido inmediatamente -tendrán ustedes la tentación de hacerlo en favor de aquella narrativa que refuerce sus preferencias-, den un paso atrás y recuerden que lo que están ustedes escuchando de ambas partes son, sobre todo, estrategias retóricas.

Un segundo elemento interesante, que estamos viviendo con intensidad estos días, es el relativo a las posibles estrategias de los querellados para eludir la acción de los tribunales. En este sentido, la solicitud de asilo en Bélgica, con la que tanto se había especulado, hubiera tenido tanto de estrategia personal de los querellados para salvaguardar su libertad personal como de estrategia política de los actores independentistas para obtener una victoria moral. El asilo político, por parte del país que lo ofreciera, vendría a implicar que a juicio de las autoridades de dicho país España en un Estado en donde se persigue a ciudadanos por realizar una acción política legitima, en lugar de por cometer un delito legítimamente tipificado en una ley penal que deba ser aplicada por un tribunal justo e imparcial. En este sentido, la concesión de asilo por parte de una democracia avanzada como Bélgica, Estado Miembro de la Unión Europea, habría tenido una clara lectura en términos de ‘internacionalización’ del ‘procés’, pero también, por volver al punto anterior, implicaría una narrativa respecto a España como democracia respetuosa del Estado de Derecho y la independencia judicial. Aunque Puigdemont en su reciente rueda de prensa declaró no estar en Bélgica para pedir dicho asilo, creo que la opción no es aún descartable, por lo que merece la pena tener estas cuestiones en mente.

Un último punto, tal vez el más interesante de todos, tiene que ver con la estrategia de litigación que adoptarían los querellados en caso de que finalmente tuvieran que sentarse frente a un tribunal. En este sentido, cobra relevancia la distinción del siniestro abogado Jacques Vergès entre estrategias de connivencia y estrategias de ruptura. La estrategia de connivencia supone por parte del reo una aceptación tácita del derecho y el sistema judicial por el que puede ser condenado, a fin de usar esa legalidad para minimizar o incluso eludir la pena. La estrategia de ruptura, mucho más arriesgada, supone negar legitimidad al tribunal juzgador. De esta forma, se minimiza la posibilidad de obtener una pena menor, pero a cambio de tratar de maximizar el daño político no solo al tribunal que juzga, sino al sistema político en su conjunto en que dicho tribunal se inserta. Esta estrategia radicaliza la idea de convertir la arena judicial en un campo de batalla político. ¿Asumiría Puigdemont, llegado el caso, una estrategia de connivencia, deshaciéndose de la épica para minimizar su pena, o llevaría la narrativa del ‘procés’ hasta el extremo, negando toda legitimidad a los tribunales españoles al coste de una defensa potencialmente menos efectiva?

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.