Las trampas del desarrollo en América Latina: hacia un nuevo contrato social

“Hagamos un trato”, decía el escritor uruguayo Mario Benedetti a su compañera, porque “usted sabe que puede contar conmigo: no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo”. Sirva este verso para introducir algunas reflexiones sobre un tema menos poético, pero que es también cuestión de confianza: el contrato social en América Latina.

La expansión de la clase media es uno de los grandes logros recientes del desarrollo latinoamericano, que hay que celebrar. Hoy uno de cada tres ciudadanos en la región pertenece a una clase media consolidada, viviendo con un ingreso diario de entre 13 y 70 dólares, según el Banco Mundial. El aumento de los ingresos, un mayor acceso a la información gracias a las nuevas tecnologías y décadas de vivir en democracia (para los jóvenes, toda la vida) han generado nuevas aspiraciones, reivindicaciones más exigentes.

Ante ello, los sectores públicos en América Latina han mejorado, y mucho. La meritocracia en el servicio civil es la norma, según el índice elaborado por el BID y la OCDE. Los gobiernos son notablemente más abiertos, y se ha progresado en gobierno electrónico y en participación electrónica, según Naciones Unidas.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Pero estas mejoras no han sido suficientes, o al menos no están siendo suficientemente rápidas. Hoy un 75% de latinoamericanos tiene poca o ninguna confianza en las instituciones nacionales, 20 puntos más que en 2010. La satisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública ha caído del 57% al 41% en los últimos 10 años, tendencia también observada con la educación pública (del 63% al 56% entre 2006 y 2016).

Si se ha de elegir una medida de la salud del contrato social, ésta sería probablemente la moral tributaria; es decir, la predisposición de los ciudadanos en América Latina a pagar impuestos. La foto es de nuevo desafiante. Un 52% de latinoamericanos justifica ‘en ocasiones’ o ‘siempre’ evadir impuestos, con datos de 2015. El desapego hacia las obligaciones tributarias permea, por tanto, a más de la mitad de la sociedad y ha venido repuntando en los últimos años, en una región que ya de por sí muestra un nivel de recaudación modesto, con un 22% de ingresos tributarios como porcentaje del PIB en promedio, frente al 34% en la OCDE.

Estamos, pues, ante una trampa institucional en América Latina; a pesar de los avances en este campo, la insatisfacción ciudadana es creciente y las aspiraciones y exigencias de la nueva clase media parecen no encontrar respuesta. Ante ello, el desapego frente a las obligaciones tributarias crece, y con ello se debilita la capacidad de recaudación fiscal de los estados, fundamental para financiar las instituciones y servicios públicos de calidad que tanto demandan los ciudadanos. Es un círculo vicioso que resquebraja los pilares mismos del contrato social en la región.

Esta trampa interacciona negativamente con otras que están surgiendo en esta fase del desarrollo en América Latina. Los menores recursos tributarios limitan también la financiación de políticas fundamentales para impulsar la productividad y la diversificación para afrontar la trampa del ingreso medio, como infraestructuras, mejor educación y competencias, o políticas de desarrollo productivo. La falta de servicios públicos de calidad y las escasas oportunidades de empleo formal generan asimismo una trampa de inclusión social, ejemplificada por un grupo socio-económico vulnerable (que es el más numeroso en la región, casi un 40%, y que vive con entre cinco y 13 dólares al día) con riesgo de caer en la pobreza al perder el trabajo, enfermar o jubilarse. La manera en que los países con diferentes niveles de desarrollo afrontan estas trampas y cooperan entre ellos para superarlas es parte central de lo que hemos denominado desarrollo en transición.

Moral tributaria en América LatinaFuente: OCDE/CAF/Cepal/UE (2018), ‘Perspectivas Económicas de América Latina 2018: Repensando las Instituciones para el Desarrollo’.

Por ello, es urgente repensar las instituciones para construir un nuevo contrato social en América Latina, como sostenemos en el reciente informe Perspectivas Económicas de América Latina 2018, Repensando las Instituciones para América Latina, elaborado conjuntamente por el Centro de Desarrollo de la OCDE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina  y la Comisión Europea. Se deben aprovechar las transformaciones y las demandas sociales para poner la arquitectura institucional a la altura de las nuevas aspiraciones.

La ventana de oportunidad está aquí. La transformación digital permite acelerar los cambios y salvar las barreras institucionales e incluso físicas. El contexto económico está mejorando algo, con un crecimiento económico esperado de alrededor del 2% para 2018 y en torno al 2,5%-3% en los siguientes años. Y la ola de elecciones presidenciales renueva capital político para abordar acciones ambiciosas.

Este nuevo contrato social se debe asentar sobre estados que sean más creíbles, más capaces, más abiertos y visionarios. Es fundamental recuperar la confianza de los ciudadanos, instalando la integridad en el centro de la vida política, reforzando los mecanismos y las prácticas anti-corrupción. Los escándalos destapados en los últimos años revelan la gravedad de esta lacra, pero muestran también los esfuerzos por atajarla, como ha ocurrido recientemente en Brasil o en Perú. Es central también dotar a los estados de mayores capacidades, con un músculo fiscal más fuerte, pero también con personal más capacitado y sistemas meritocráticos de reclutamiento, o con mejores sistemas de evaluación y monitorización de la gestión pública, en especial en el ámbito de las infraestructuras (como muestran México y Colombia). Es también vital que los estados sean más abiertos, no sólo para mejorar la transparencia y el acceso a la información, sino también para crear espacios para la participación de los ciudadanos en la vida pública e impulsar laboratorios de innovación política. Los ejemplos de Mi Quito, Mi Medellín o Ágora Río son buenas prácticas. Y se deben construir estados con visión de futuro, que anticipen transformaciones para encontrar oportunidades en un mundo que cambia a gran velocidad. Los desafíos del cambio tecnológico sobre el mundo del trabajo ejemplifican la importancia de dotar de un carácter prospectivo a las políticas laborales y educativas.

Tras los malos tiempos recientes, la región está retomando el buen rumbo. Debemos desplegar nuevas velas para recoger estos vientos de cambio. Debemos devolver la confianza a los ciudadanos. Que sepan, compañera, compañero, “que usted puede contar conmigo”.

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.