Las terribles dificultades de juzgar (a propósito de “la manada”)

Hay reos a quien casi nadie tiene estómago para defender, aunque desde luego tengan indiscutiblemente derecho a la defensa. En el truculento caso conocido popularmente como “la manada”, se enjuicia la supuesta agresión sexual de cinco hombres sobre una mujer en un portal en mitad de la noche, mujer a la que además uno de los cinco robó el teléfono móvil. La mujer fue encontrada llorando y aturdida tras los hechos.

Relatada así la historia, difícilmente se puede pensar en una hipótesis de inocencia para los cinco reos, pese a que su participación en los mismos quizás no fue idéntica, siendo probablemente confusos los recuerdos de los supuestos agresores y de la supuesta víctima en medio de una larguísima jornada de fiesta –los Sanfermines– en la que debieron de haber consumido sustancias que perturban la memoria y la voluntad, aunque sólo fuera alcohol. Además, en una situación de evidente estrés como la sufrida por cualquier víctima de agresión sexual, está científicamente demostrado que la memoria se hace borrosa incluso en detalles que parecen obvios, lo que no quiere decir, en absoluto, que la víctima mienta. Sea como fuere, resulta obvia la superioridad física de cinco hombres sobre una mujer, y ante ello y el desgarrador hallazgo de la joven, poco queda que añadir, vistos los hechos desde fuera y con la escasísima información que tenemos la ciudadanía sobre los mismos, que no es superior a la ya ofrecida.

En un proceso penal se impone el derecho fundamental a la presunción de inocencia de los reos. Y esa imposición, absolutamente benéfica desde el punto de vista objetivo, parece una auténtica losa cuando el relato de los hechos es el ofrecido. A partir de ahí, cualquier excusa de los reos –todos han dicho que la relación fue libremente consentida– parece una broma de mal gusto. En consecuencia, el derecho fundamental a la presunción de inocencia parece molestar a cualquier observador, aunque jurídicamente no haya otro remedio que tenerlo en cuenta.

Para considerar el caso con objetividad, un primer punto interesante estriba precisamente en ese consentimiento. Todos los sujetos implicados parecen coincidir en que se pasó de un momento de voluntariedad a un instante en el que ya se separa el relato de acusados y víctima. Es obvio que la relación sexual deja de ser consentida en el mismísimo momento en que alguno de los partícipes dice “no”, y pese a ello continúa la relación. O bien cuando simplemente se sospecha razonablemente que la persona no consiente, sea por el consumo de sustancias que alteran su voluntad, sea porque se ve forzada o intimidada por las circunstancias del momento. Pero es dificilísimo precisar –para todos los partícipes– en qué instante sucede ese cambio de actitud. En la consideración del mismo pesa mucho el hecho de que el relato parezca habitual o no. No es lo mismo una relación sexual bipersonal en una habitación de hotel sin signos de violencia que una especie de orgía. Y en cualquiera de los dos casos se puede producir una violación. Y casi todo depende simplemente de la palabra de la persona que denuncia la agresión como víctima acerca de su propia voluntad. Entrar en la cuestión de la “actitud” de la víctima es introducirse en un terreno pantanoso, puesto que no pocas víctimas de agresión sexual no oponen resistencia simplemente para evitar males mayores. Pero la agresión sin duda se ha cometido.

Se comprenderá que todo lo anterior arroja unas tremendas sombras e incertidumbres que complican muchísimo la apreciación de los jueces, que nada menos que deben considerar la consciencia de los acusados y la real voluntad de la víctima en momentos a veces demasiado efímeros. Es por ello que la defensa ha intentado acudir a un medio frecuente en otro tipo de reclamaciones –bajas laborales fraudulentas por ejemplo–, consistente en que un detective privado vigile los actos públicos de una persona –la víctima en este caso– tratando de averiguar si esa vida posterior a los hechos es compatible con el padecimiento de un shock postraumático fruto de una violación múltiple.

Pero con ello se ignoran varios puntos. En primer lugar, que no todo el mundo digiere hechos dramáticos de la misma forma, por lo que personas que han padecido agresiones terribles parecen hacer vida normal tras ellas, o incluso no les ha causado ningún padecimiento psicológico posterior. Y ello no quiere decir que no haya existido la agresión. Pero además, no debiera olvidarse que en el espacio público también se desarrolla la vida privada, aunque la jurisprudencia sea a mi modo de ver inoportunamente laxa y errónea en este punto. Quiero decir con ello que en un Estado democrático nadie debería correr el riesgo de ser seguido y rastreado por nadie cuando está en la calle o en lugares públicos reales, como bares, o virtuales, como las redes sociales. En mi opinión, por desgracia –para todos– muy minoritaria en la doctrina, insisto en que en el espacio público también se desarrolla la intimidad, como puede comprobar cualquier lector si repasa su propia vida en los últimos días y saca la segura conclusión de que a nadie le importa qué es lo que hizo, y que desde luego nadie tiene que seguirle.

No voy a resolver el caso de “la manada”, porque para eso están los jueces. Además, sería inadecuado que lo intentara hacer porque me faltan muchísimos datos. Solamente he querido poner encima de la mesa las tremendas dificultades probatorias del caso, que obligatoriamente –aunque duela– deberán combinarse con la presunción de inocencia aunque finalmente el proceso concluya –o no– con una condena. Ello quizás podrá ofrecer una idea de la complejísima labor que deben desempeñar tantas veces los jueces, y que debe ser considerada y respetada –si está debidamente razonada– sea cual fuere su resultado final.

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