Las protestas de los pensionistas abren un debate necesario

Los jubilados que salen a las calles no sólo alertan de la pérdida de poder adquisitivo de sus pensiones, también del efecto que a largo plazo tendrán el índice de revalorización, el factor de sostenibilidad, que hará su aparición en 2019 e irá recortando los ingresos de los nuevos jubilados, y el progresivo aumento de la base reguladora. En las movilizaciones subyace el deseo de deshacer una reforma que cuando se aprobó en 2013 no hizo mucho ruido, pero cuyos efectos ya se palpan.

Carlos Vidal-Meliá, profesor de la Universidad de Valencia, explica que con ella se caminó hacia el sistema de cuentas nocionales, en cuyos principios se inspiró. El paso esencial que faltaría para cumplir con ese modelo sería la creación de las propias cuentas individuales, que acercan lo que uno ha aportado a lo largo de la vida a lo que recibirá en la vejez, si bien el sistema aún sería de reparto, no de capitalización. Vidal-Meliá señala las cuentas nocionales como modo de garantizar la sostenibilidad de las pensiones, puesto que tienden, a largo plazo, a la estabilidad financiera; aunque ello se lograría a costa de unas prestaciones más bajas.

Héctor Maravall, exdirector general del Imserso, apunta, contra un modelo individual, que en una España con tanta diversidad de rentas “sería castastrófico para gran parte de la población”. Borja Suárez Corujo, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la UAM, defiende que hay que atender, además de a la sostenibilidad financiera, a la social, y es partidario, primero, de introducir correcciones en el sistema (dejar de pagar con la Seguridad Social las políticas activas de empleo y el sueldo de sus funcionarios o elevar la base máxima de cotización) y, segundo, de utilizar los Presupuestos, incluso un impuesto finalista, para cubrir el déficit que aún habría. Quizás las pensiones tengan que descansar menos en las cotizaciones y más en los impuestos. 

Pero Maravall ve un inconveniente en esta última propuesta: deja la financiación de las pensiones a la voluntad de cada Gobierno o de la aritmética parlamentaria.

Maravall es partidario de que la Seguridad Social se salve a sí misma introduciendo reformas como pagar vía Presupuestos las pensiones de viudedad y orfandad; la equiparación del régimen especial agrario con el resto de los trabajadores; y tapar el agujero que supone la baja cotización de los autónomos. “Son medidas que no solucionan el problema, pero que contribuirían a acotarlo”, afirma, y añade que tampoco el destope de las cotizaciones sería una varita mágica, puesto que las que hoy serían mayores aportaciones mañana derivarían en pensiones más altas. Además, habría que actuar en el mercado laboral, porque uno precarizado es enemigo de unas pensiones sólidas, y contra el fraude. Asimismo, invita a discutir por qué no se cotiza más para reforzar el sistema: quizás los trabajadores querrían pagar más si así se aseguran la jubilación.   

Este pequeño debate muestra que los pensionistas han abierto una necesaria discusión pública sobre diferentes opciones existentes. También han hecho aflorar conflictos generacionales y de clase que, en el fondo, revelan la insuficiencia de ingresos con que cuenta el Estado y que parece obligar a decidir si se prefieren pensiones dignas o políticas de familia e infancia equiparables a la media de los países europeos.

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