Las políticas europeas contra la ablación: el dilema de la triple alteridad 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye, entre sus numerosos compromisos, la erradicación de la Mutilación Genital Femenina. Sin embargo, si la dinámica actual continúa, se estima que para esa fecha 86 millones de niñas habrán sufrido algún tipo de ablación.  Éste 6 de febrero se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero con dicha práctica y quizás es un buen momento para evaluar las políticas públicas europeas en la materia.

La ablación es una forma de violencia de género que ocupa un lugar preponderante en el ordenamiento social y de género de las comunidades donde se practica, teniendo un valor ritualístico de primer orden en las cosmovisiones a las que se adhieren sus integrantes. Marca de por vida a las niñas y mujeres que son sometidas a la misma, diferenciándolas tanto de las que no han sido cortadas aún, como de las que no lo serán nunca porque no pertenecen al grupo.

La función social e identitaria transcendental que se le atribuye, colisiona con su definición como violación de los derechos humanos y la consecuente prohibición de dicha práctica. Pero cuando una norma cultural de carácter identitario colisiona con una norma jurídica que emana de un estado que se percibe como distante, la primera resta efectividad a la segunda.   

Sólo en nuestro país residen cerca de 17.000 niñas en riesgo de ser sometidas a la MGF. Sin embargo, las políticas públicas encaminadas a luchar contra la MGF ponen el peso en un enfoque estrictamente punitivo que, en ocasiones, no hace la necesaria distinción entre los diferentes tipos de MGF con una lesividad muy dispar; que contemplan desde una infibulación (Tipo III) hasta ligeras perforaciones (Tipo IV).

Fuente: United Nations Children’s Fund, Female Genital Mutilation/Cutting: A global concernUNICEF, New York, 2016.

Conviene advertir que, aunque todas las mujeres se ven expuestas -en mayor o menor medida- a la opresión que supone la construcción de la diferencia sexual como complementariedad y jerarquía, las migrantes suman a la misma la alteridad cultural. Con diferente raza, etnia, religión, idioma o costumbres a los hegemónicos en el país de destino, sufren una intersección de factores que agravan y sofistican la discriminación. Un proceso de exclusión simbólica y material en el que han de enfrentarse a una política cultural que las expone a una doble alteridad: como mujeres en un sistema androcéntrico y como no occidentales en uno etnocéntrico.

En un contexto como el señalado, de no reconocimiento y exclusión para las mujeres migrantes, pueden cobrar especial valor o significado los ritos de paso que otorgan pertenencia al grupo humano del que proceden. De no someterse a los mismos, deben asumir las implicaciones personales y familiares que conlleva su no aceptación como miembro de su grupo étnico y cultura de origen. Una expulsión especialmente gravosa si se tiene en cuenta el peso que la familia y el grupo tienen en algunas culturas en la configuración de la identidad y el deshonor familiar que puede conllevar la renuncia al rito.

La identidad se conforma por un complejo sumatorio que integra componentes individuales, familiares y comunitarios. Frente al individualismo occidental que entroniza los primeros, en otras cosmovisiones culturales prevalecen los dos últimos. De forma tal que la ruptura con los rituales grupales de pertenencia condena a las disidentes a una triple alteridad: como mujer, como extranjera y como persona que renuncia a sus orígenes y traiciona sus tradiciones.

Por ello, cualquier pretensión para prevenir prácticas culturales o ritos de paso lesivos para las mujeres en Europa, como es el caso de la MGF, ha de contemplar las implicaciones de dicha triple alteridad y activar políticas de inclusión, empoderamiento y resignificación que desactiven las dinámicas que sustentan la misma. Una intervención que ha de alejarse tanto de posiciones de superioridad etnocéntrica, que abonan la exclusión y las identidades reactivas, como de un relativismo cultural acrítico con la violencia de género que suele recurrir al argumento del libre consentimiento o incluso a una sacralización de las culturas entendidas como universos estáticos, inmutables e intocables.   

Desde este marco, es un reto pendiente derribar el tabú y los mandatos patriarcales que rodea tanto a la sexualidad femenina como al propio rito de la mutilación, así como las resistencias que encuentra –en todas las culturas- la pretensión de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Se trata, en definitiva, de promover las condiciones necesarias para que las mujeres puedan reapropiarse de su sexualidad y su reproducción, de sus cuerpos y sus vidas; como ya propusiera el colectivo de mujeres de Boston a finales de los años sesenta.

Como propone Celia Amorós, frente a la noción acrítica del multiculturalismo es preciso apostar por una concepción feminista intercultural que permita consensuar mínimos éticos de convivencia que hagan compatibles el respeto a los derechos humanos, las diferentes singularidades identitarias y el empoderamiento de las mujeres. Promover una equifonía, equipotencia o equivalencia de mujeres y hombres en la vida, las costumbres y la sociedad que permita una interpelación mutua de todas las prácticas culturales lesivas contra las mujeres, por el mero hecho de serlo, bajo la lupa de la dignidad individual.

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1 Comentario

  1. Ana Soage
    Ana Soage 02-06-2018

    Muy de acuerdo con las ideas expresadas en el texto, pero falta contexto. Por ejemplo, ¿a qué país se refiere ese terrible gráfico?

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