Las implicaciones del triunfo nacionalista en Córcega

La victoria de los nacionalistas corsos en las elecciones territoriales de 2017 es la continuación de una progresión iniciada desde hace 10 años. Los nacionalistas confirman aquí su primer éxito en este tipo de elecciones, establecido en 2015, pero las proporciones son muy distintas. El 35,3% de 2015 solo les confió una mayoría relativa; el 56,5% de 2017 —combinado con una prima del 18% de los escaños— les da una posición hegemónica en la nueva colectividad de Córcega, fusión de los niveles regional y provincial.

Su avance obedece a factores estructurales. En Córcega, las estructuras de movilización política más poderosas eran la familia y la red de cargos electos locales. Ahora han sido suplantadas por la organización de masas nacionalista, que cuenta con miles de militantes y simpatizantes, y por las cualidades de su líder, Gilles Simeoni, que es de lejos la personalidad política preferida por los corsos. Muchos alcaldes continúan ejerciendo una fuerte influencia sobre sus conciudadanos, pero su impacto es ahora muy inferior al que antes tenía. En el plano programático, las ideas nacionalistas han terminado por adquirir una posición central en el debate político. Sus oponentes han sido incapaces de imponer una agenda distinta, fundada en asuntos económicos y sociales.

El triunfo de 2017 se explica también por factores coyunturales. Por un lado, los nacionalistas, en el poder desde hace solo dos años, no han tenido tiempo de decepcionar. Al contrario, han impuesto un estilo más dinámico y han podido dar tranquilidad a un electorado que dudaba al principio de su capacidad como gestores. Su amplia —e inesperada— victoria en las legislativas de junio de 2017 les daba así la condición de grandes favoritos. Por otro lado, las otras fuerzas políticas no supieron reorganizarse y volver a movilizarse. La abstención alcanzó niveles muy altos —47,83% en la primera vuelta, 47,37% en la segunda—, pero eso procede de la incapacidad de los oponentes al nacionalismo para movilizar a su electorado potencial. A la inversa, el voto nacionalista avanza fuertemente. No solo en porcentaje, también en número de votos: de 37.407 a 62.208 en la primera vuelta, y de 52.840 a 67.342 en la segunda.

Los opositores a los nacionalistas intentaron utilizar el proceso de secesión de los independentistas catalanes como referencia disuasoria, pero esa opción táctica no tuvo ningún éxito. Lo que separa Córcega de Cataluña es muy evidente en lo relativo a la potencia económica, la experiencia de la autonomía y quizás —sobre todo— las aspiraciones a la independencia. Es probable que en Córcega el deseo de independencia se sitúe alrededor del 12% de la población. Además, el mismo partido independentista Corsica Libera afirma que, solo después de un desarrollo económico sustancial de la isla, es plausible un debate sobre este asunto.  

La autonomía es precisamente lo que pide la coalición nacionalista, y desde 2003 la autonomía ha tenido una definición bastante precisa en la Constitución francesa (art. 74). Por otra parte, la distribución de competencias es algo menos favorable al Estado de lo que ocurre en España, especialmente porque se intentan evitar las competencias compartidas. Ciertamente, esa autonomía está reservada a los territorios de ultramar, particularmente a la Polinesia. Esos territorios están muy alejados de la metrópolis pero, en teoría, nada prohíbe que se extienda su aplicación a un territorio insular europeo.

En la práctica, los nacionalistas se enfrentan a un desafío inmenso. Es muy complicado convencer al poder nacional para que cree excepciones a los principios unitarios de la República, tanto más cuando el Gobierno no dispone de una mayoría parlamentaria de 3/5, indispensable para la revisión de la Constitución, y cuando una reforma de ésta corre el riesgo de ser muy impopular. El caso de Córcega irrita a muchos franceses, lo que es probablemente la herencia de la utilización de la violencia clandestina. Otorgar un estatuto constitucional a Córcega en estas condiciones implicaría costes para el Gobierno. Sin embargo, la respuesta negativa a todas las demandas nacionalistas comportaría otros costes. Especialmente, los riesgos de estimular el activismo radical, de favorecer las conversiones al independentismo, y de cavar una enorme fosa entre una gran parte de los corsos y la República francesa.

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