Las dos politizaciones de la Justicia en España

Hay algo enormemente desafortunado en el debate sobre la politización de la Justicia en España. Se trata de su planteamiento en términos dicotómicos, de todo o nada. De un lado, hay quien niega la politización de la Justicia, tildando cualquier crítica en esta dirección de ataque al Estado de Derecho y convirtiendo la idea de independencia judicial en un dogma de fe que debe ser defendido contra toda evidencia, en lugar de un ideal hacia el que debemos caminar. La otra postura es la de quienes solo ven politización en la Justicia, negando que existen espacios de independencia y eficacia en nuestra judicatura que, en lugar de ignorar, debemos mimar y maximizar.

Este debate entre posiciones frecuentemente faltas de matices impide un debate sosegado sobre qué hacer para tener una mejor Justicia. Impide reconocer que siempre habrá conexiones entre Justicia y política pues, por ejemplo, nuestros tribunales habrán de pronunciarse tanto sobre asuntos con implicaciones políticas como, en ocasiones, por desgracia, sobre la inocencia o culpabilidad de los políticos mismos. Los aspavientos sobre esta politización de la Justicia o, su reverso, la judicialización de la política, impiden a veces reconocer que estos episodios forman parte del funcionamiento normal de un sistema democrático y, más aún, de los sistemas de garantías de que disfrutamos en un Estado de Derecho. Existen, sin embargo, formas de politización más difíciles de digerir y ante las cuales mirar para otro lado no es una buena idea, pues condenan los problemas de la Justicia a perpetuarse, potencialmente minando la confianza de los ciudadanos en nuestro Estado de Derecho.

Hay una forma de politización de la Justicia que podríamos llamar externa. Se trata de aquella que ocurre cuando los actores políticos tienen una influencia inoportuna en los órganos judiciales. En nuestro país, creo, la forma más visible de esta politización tiene que ver con el nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Nuestro sistema de nombramiento, en donde el parlamento tiene un papel protagónico, desafía las buenas prácticas internacionales que desaconsejan la hegemonía política sobre órganos de este tipo. Tal vez por ello, un reciente informe de la Red Europea del Consejos del Poder Judicial mostraba que los jueces españoles eran, de entre los países estudiados, y con enorme diferencia, aquellos que más perciben que su Consejo del Poder Judicial no respeta su independencia. En efecto, en España los políticos no nombran a los jueces, como algunos erróneamente en ocasiones apuntan. Pero sí es cierto que, en España, los partidos políticos tienen una enorme influencia sobre un órgano que a su vez tiene amplios poderes sobre el Poder Judicial en su conjunto. Es difícil negarse a ver los problemas asociados a este diseño institucional, o tratar de ocultarlos bajo una pretendida transferencia de legitimidad democrática del parlamento al CGPJ, cuando es evidente que dicho sistema de nombramientos no hace otra cosa que, precisamente, deslegitimar la institución a ojos de la sociedad.

Junto a esta politización externa hay, sin embargo, una forma distinta de politización, de la que se habla menos. Se trata de la politización interna. Es una forma de politización que ocurre cuando son las propias dinámicas internas del del Poder Judicial las que acaban siguiendo lógicas políticas que, a priori, parecen más apropiadas para los otros poderes del Estado. Un buen ejemplo es el del carácter ideológico de muchas asociaciones judiciales, sea este explícito o implícito. La idea de que las asociaciones de jueces tengan un carácter ideológico es, en nuestro espacio continental, común en algunos países, sobre todo del sur de Europa, pero no en todos. En muchos países del norte de Europa las asociaciones judiciales no aspiran a representar sensibilidades ideológicas, o al menos no de la forma a la que estamos acostumbrados en España. Otros fenómenos de politización interna tienen que ver con las famosas puertas giratorias entre judicatura y política, o con el más reciente fenómeno por el cual jueces insignes se prodigan en los medios pronunciándose sobre cuestiones de política general, por más que se haga desde una óptica judicial. Lo que resulta más interesante de estas dinámicas de politización interna es que permiten desterrar una idea demasiado habitual: que la politización de la Justicia es un fenómeno en el que los políticos son los únicos culpables, y los jueces siempre las víctimas. En realidad no es así, pues un análisis más detenido permite apreciar que amplios sectores de la judicatura han tenido una participación, tal vez involuntaria, pero fundamental, en la promoción de los males que aquejan a su gremio, por lo que urge cierto sentido autocrítico.

Una última apreciación permite además cerrar el círculo. Pues politización externa e interna son con frecuencia, aunque no siempre, las dos caras de la misma moneda. Son dos dinámicas engarzadas entre sí, y facilitadas por el diseño de las instituciones político-judiciales españolas. Es en particular el diseño del CGPJ, al que antes me refería, el que más ha permitido la emergencia de estos dos males siameses, incluso pese a su reciente y a mi juicio incompleta reforma. Dados tanto el poder de los políticos para nombrar a los vocales del Consejo como el carácter ideológico, abierto o soterrado, de algunas asociaciones judiciales, el riesgo de potenciales confluencias de intereses ha venido siendo excesivamente alto, abriendo espacios a dudas legítimas por parte de la ciudadanía. Es normal que haya quien dude de si los niveles de representación de ciertas asociaciones judiciales en el Consejo, especialmente en algunos periodos, estaban o no justificadas. Es casi inevitable que la ciudadanía se cuestione si las lógicas políticas y las afiliaciones asociativas influyen en las promociones dentro de la carrera. Que surjan estas dudas es normal y casi inevitable, porque con independencia de que estos temidos males tengan o no fundamento real, nuestra Justicia está diseñada de forma que el riesgo no queda suficientemente minimizado.

Por eso, nuestra Justicia requiere de una reforma en profundidad, tantas veces demorada, que aborde los urgentes problemas asociados a la politización externa, pero que también reflexione sobre los frecuentemente ignorados problemas de la politización interna. Una reforma en la que nos planteemos cómo conseguir un sistema judicial completamente emancipado de todo control político y sin otra ideología que el servicio al Estado de Derecho en una sociedad democrática. Una reforma para que nuestra Justicia sea más independiente, más eficiente, y capaz de inspirar aún más confianza a la ciudadanía.

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