La violencia de género: un problema político

Cuando ya se ha cumplido más de una década de vigencia de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y justo cuando su “prima hermana”, la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,  ha llegado a su décimo cumpleaños, la realidad sigue empeñada en demostrarnos que la desigualdad de género continúa su escalada y que una de sus más brutales manifestaciones, la violencia contra las mujeres, lejos de desaparecer parece intensificarse en estos tiempos de rearme patriarcal. Y todo ello pese a los evidentes logros que, desde el punto de vista jurídico al menos, se han ido alcanzando en los últimos años, tal y como se enumeran en el completo Informe emitido por la Subcomisión creada en el Congreso para la elaboración de un Pacto de Estado en materia de violencia de género. Sin embargo, y como ese mismo Informe pone de manifiesto, la violencia de género continúa siendo un problema global y estructural. La dramática cifra casi 1000 mujeres asesinadas en los últimos 15 años nos obliga a ir más allá de las “ceremonias” del 25N y nos plantean el reto de hacer un diagnóstico lo más completo posible porque solo desde él podremos ir encontrando respuestas a la que continúa siendo la más brutal consecuencia del orden patriarcal.  Ese diagnóstico pasa, a mi parecer, por cinco evidencias.

1ª) La fragilidad de la respuesta penal. Es decir, entiendo, como lo hacen buena parte de los penalistas y criminólogos que han investigado este tipo de violencia, que un error esencial es partir del entendimiento del feminicida como un delincuente más, sin tener en cuenta que su reacción ante la amenaza penal es mínima. El elevado porcentaje de suicidios posteriores o de asesinos que se entregan a la policía lo pone de manifiesto. Por lo tanto, las medidas penales y procesales que suelen  poco útiles. Así lo ponen de manifiesto por ejemplo los estudios realizados por el profesor Javier Fernández Teruelo. Este investigador también subraya cómo el sistema de protección no identifica bien ni los factores ni las situaciones de riesgo, además de continuar basándose más en términos cuantitativos (el riesgo de reiteración de la agresión) que cualitativos (detección de potencial feminicida). Si a todo eso añadimos que el sistema de protección continúa ligado a la presentación de una denuncia, o que fallan las alertas en los procesos de separación y divorcio, las razones para el fracaso se acumulan.

2ª) A la deficitaria coordinación entre todas las Administraciones y agentes implicados hay que añadir una carencia de recursos, materiales y humanos, que en los últimos años se ha hecho cada vez más alarmante. Como indican los datos de las investigadoras Lina Gálvez y Paula Rodríguez, las medidas de austeridad promovidas con el pretexto de la crisis económica han hecho un flaco favor a las políticas de igualdad y no digamos a la lucha contra la violencia machista. No olvidemos como, por ejemplo, la reforma “racionalizadora” que en 2013 se realizó de régimen local ha tenido una singular incidencia en la atención de las mujeres en su entorno más inmediato. Un hecho particularmente grave si tenemos en cuenta nuestra elevada fragmentación municipal y la mayor vulnerabilidad de las mujeres rurales.

3ª) Continúa faltando una adecuada formación y sensibilización de todos los agentes jurídicos y sociales que tienen responsabilidades en este ámbito. En este sentido, el Título I de la LO 1/04 continúa inédito o, en el mejor de los casos, muy deficitariamente aplicado. No debería olvidarse que los mandatos preventivos y sensibilizadores de esta ley han de leerse siempre en estrecha coordinación con los transversales de la LO 3/07. De ahí que resulte ciertamente escandaloso que por ejemplo en Facultades de Derecho como la mía continuemos sin impartir asignaturas específicas sobre igualdad  de género.

4ª) No podemos olvidar que, como bien explica la LO 1/04, la violencia de género es consecuencia de la desigualdad, por lo que difícilmente acabaremos con ella si no progresamos en el empoderamiento de las mujeres y en la superación de un orden  – político, económico, jurídico-  basado en los privilegios masculinos y en la subordiscriminación femenina. De ahí que luchar contra las violencias machistas implica adoptar políticas que incidan en lograr la autonomía de las mujeres y que rompan con unas estructuras de poder hechas a imagen y semejanza del varón dominante. Ello obliga, por ejemplo, a actuar eficazmente en el ámbito de la cultura, en la construcción de los imaginarios colectivos, para generar discursos y relatos que nos permitan superar a fin los androcéntricos y patriarcales y que ayuden a generar un contexto social en el que las relaciones hombre/mujer dejen de basarse en gran medida en el carácter depredador del primero sobre la segunda.

5ª) A estas alturas del siglo XXI, deberíamos tener muy claro que la violencia de género es un problema que tenemos los hombres y que sufren las mujeres. Es decir, el único rasgo que tienen en común todos los feminicidas es el hecho de ser varones que responden a un modelo hegemónico de virilidad. Por lo tanto, la realidad no cambiará mientras que no actuemos políticamente sobre esa construcción de la subjetividad masculina vinculada al triángulo poder/violencia/negación de lo femenino.  Ello pasa, lógicamente, por la mayor implicación de los hombres en un compromiso feminista que ha de suponer: a) la renuncia a nuestro privilegios; b) la superación de los silencios cómplices con el machismo y c) la militancia activa, junto a nuestras compañeras y nunca en posición de líderes, en la lucha por una sociedad paritaria, o sea, democrática de verdad.

Todo lo anterior implica, pues, reconocer que la violencia de género no es un asunto penal sino que estamos ante un problema de naturaleza política, porque nos enfrentamos a una cuestión que tiene que ver con el poder y la ciudadanía. Mientras que no asumamos esta dimensión, mucho me temo que lo único que haremos será continuar poniendo tiritas a los corazones partíos pero no evitaremos que sigan partiéndose corazones de la mitad de la Humanidad. Y seguiremos además corriendo el riesgo de reducir el 25N a una especie de “black Friday” para el lucimiento institucional.

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