La ‘vergogna’ italiana: el decreto Salvini sobre inmigración

En octubre de hace cinco años, se hundió un buque procedente de Libia ante la costa de Lampedusa. Murieron más de 360 personas (359 confirmadas) y sólo se pudieron salvar 155 de quienes viajaban en la embarcación. Procedían de Libia, pero también de Eritrea, Ghana y Somalia, entre otros. La oleada de primaveras árabes se había enquistado en Libia, con un escenario de guerra civil que estaba dejando el país desolado. Aún faltaban unas semanas para la muerte de Gadafi pero el país se resquebrajaba, generando una situación de inseguridad y miedo para la población libia, pero también para los miles de personas migrantes que residían y trabajaban en el país, así como las personas que habían buscado refugio allí.

Por eso, el naufragio se convirtió en la primera señal de alerta sobre el impacto que la creciente inseguridad en los países vecinos del sur mediterráneo podría significar para Europa. Pero antes de la cuestión de la seguridad de las fronteras europeas, el naufragio –y los que siguieron esos días– se consideró un drama humano. El presidente italiano, Giorgio Napolitano, lo definió como una matanza de inocentes. El entonces primer ministro italiano, Enrico Letta, lo consideró una inmensa tragedia. La entonces comisaria europea de asuntos de Interior, Cecilia Malmström, expresó su horror ante los fallecimientos y declaró que la Unión Europea debería cambiar su política migratoria ofreciendo vías legales. Hasta el Papa Francisco apuntó que lo sucedido era una “vergogna” europea, mientras el entonces Alto Comisionado de Naciones Unidas, António Guterres, expresaba su preocupación por el número creciente de personas que, huyendo de conflictos y persecuciones, morían en el mar. El entonces ministro de Interior italiano, Angelino Alfano, avisó de que era necesaria la solidaridad de los socios europeos para evitar que tragedias así volvieran a repetirse, y la respuesta italiana a esa tragedia fue la puesta en marcha de la operación Mare Nostrum, dedicada durante un año al salvamento marítimo de personas.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Hoy, cinco años después, el panorama en Italia, y por extensión en el resto de la Unión Europea, ha cambiado considerablemente. La idea de explorar vías seguras ha quedado en el olvido; los intentos de reubicar y reasentar personas procedentes, principalmente, del conflicto sirio no han funcionado correctamente; y la opinión pública ha normalizado que el Mediterráneo se haya convertido en una trampa mortal para miles de personas que buscan sobrevivir, a pesar de los esfuerzos ya no de los gobiernos, sino de organizaciones solidarias.

El cambio de dirección más evidente se ha dado en el propio Gobierno italiano. La falta de solidaridad de los estados miembros y la inacción comunitaria en esta materia, paralizada siempre por los primeros, ha servido de acicate para fomentar un discurso anti-europeísta en Italia, que enseguida ha dirigido sus ataques hacia el colectivo inmigrante en general. Nadie representa mejor este discurso que Matteo Salvini, quien al mando del Ministerio interior italiano y del partido de la Lega (al que parece se le ha caído el cardinal Norte por el camino) ha construido, con cierto éxito electoral, un discurso xenófobo contra la inmigración que bebe de los populismos nativistas y proteccionistas que, sin ser nuevos, parecen haber resurgido con fuerza en varias democracias occidentales. Y nada es más indicativo de este cambio de rumbo que la propuesta de ley aprobada a finales de septiembre por el Consejo de Ministros, que endurece las medidas contra la población refugiada en Italia. El denominado decreto Salvini busca, según su autor, hacer del país “un lugar más seguro”, aunque al hacerlo vulnere los principios más elementales del derecho internacional público y del derecho europeo.

Primero, porque quiere acabar con la protección humanitaria, una forma de protección para quienes no encajan en la definición de asilo de 1951, pero que no pueden ser retornadas a su país de origen por riesgo a su seguridad. Se pretende modificar por unos permisos especiales, sin derecho a permiso de trabajo, que ofrezcan atención a aquellas personas que huyen de desastres naturales o con enfermedades graves, dejando de lado una piedra angular del sistema de protección europeo como ha sido la protección humanitaria. De las 81.500 decisiones aprobadas por el Gobierno italiano en 2017, sólo un 8% fueron para conceder asilo, otro 8% protección subsidiaria y un 25% protección humanitaria.

Segundo, porque permite la suspensión de los procesos de solicitud de protección humanitaria para aquellas personas que se consideren “socialmente peligrosas”. Conviene aclarar que el régimen de asilo y de protección humanitaria vigente en la mayoría de países UE ya les permite paralizar cualquier procedimiento cuando pueda suponer un peligro parar la seguridad del Estado o el orden público (es decir, en esto, el decreto Salvini no aporta nada). Pero el añadido de “peligro social” despierta enorme preocupación, pues abre un espacio de indefensión jurídica que puede afectar a miles de personas –que han huido de las inseguridades y abusos de países como Libia– y que aspiran a este tipo de protección para seguir en Italia. Además, el decreto amplía el listado de faltas por las que se puede revocar una solicitud de asilo, aun cuando no haya sentencia sobre la misma.

Tercero, el decreto reduce el acceso a los centros de protección para las personas vulnerables que solicitan asilo, lo que viene a sumarse al progresivo desmantelamiento del sistema de protección que existe en Italia (donde se han cerrado más de 20.000 plazas en los últimos meses) y parece querer acabar con el sistema de primera acogida, de base territorial, sobre el que se basan las políticas de integración para las personas refugiadas.

Cuarto, ha ampliado el plazo para las personas detenidas en espera de ser expulsadas (de 90 a 180 días), lo que también supone cambiar el marco normativo europeo en este sentido, y ha agilizado su procedimiento.

Y finalmente, y por señalar sólo los puntos más candentes, el decreto también apunta a un endurecimiento contra la mafia y los traficantes de personas, pero que abre la puerta a una mayor criminalización de la ayuda solidaria que parte de la ciudadanía italiana presta a las personas refugiadas. Si esta reforma sigue adelante, casos como la detención de Domenico Lucano, el alcalde de Riace acusado de favorecer la inmigración irregular, pueden incrementarse.

Sergio Mattarella, el presidente italiano, tiene ahora 60 días para firmar el decreto que deberá ser aprobado luego en sede parlamentaria. En estos 60 días, sería imprescindible que la Comisión y Acnur preguntasen al Gobierno italiano cómo la nueva legislación no vulnerará la Convención de Ginebra de 1951 o el marco regulador del asilo en la UE. Pero 60 días no parecen suficientes para romper la narrativa que Salvini ha construido para ir criminalizando la inmigración y el refugio, cerrando puertos, hostigando a quienes salvan vidas en el mar o persiguiendo la solidaridad ciudadana. De aprobarse, el decreto Salvini sería un paso más hacia la destrucción de la protección internacional y, por ende, a los principios fundacionales sobre los que se han construido las sociedades democráticas europeas.

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.