La Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos

El pasado 18 de Diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea paralizaba la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. La decisión de Luxemburgo, manifestada mediante el Dictamen 2/13, se fundamentó en que el Proyecto de Acuerdo de Adhesión al Convenio no era compatible con los Tratados de la Unión  a pesar de que el Proyecto que había sido negociado durante más de una década entre los 47 Estados del Consejo de Europa y la propia Unión Europea.

Para concluir su Dictamen afirmando el carácter incompatible del acuerdo previsto, el Tribunal de Justicia se centraba en cuatro argumentos, a saber, (1) la falta de respeto del mismo a las características propias del Derecho de la Unión, (2) el riesgo de que la adhesión llevará a los Estados Miembros a someter conflictos sobre el Derecho de la Unión a órganos jurisdiccionales diferentes al Tribunal de Luxemburgo, (3) los problemas que plantean el mecanismo de codemandado y el procedimiento de intervención previa y (4) la concesión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de control jurisdiccional sobre actos de la Política Exterior y la Seguridad Común. Una reflexión más extensa sobre la Opinión del TJUE fue publicada en esta misma página el pasado mes de Enero [Jaume Saura, “La Unión Europea se aleja de la Europa de los Derechos”]

Por muy respetable que sea el razonamiento que lleva a los jueces de Luxemburgo a estas conclusiones, hay que decir que la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos sigue siendo, a día de hoy, necesaria como forma de completar la tutela de los derechos fundamentales en la Unión Europea.

La adhesión pudiera parecer prescindible dado que el reconocimiento de los derechos humanos por la Unión ya es, como mínimo, equivalente al realizado por el Consejo de Europa. En este sentido, el Derecho de la Unión ha desarrollado a golpe de sentencia durante décadas el respeto de estos derechos y, adicionalmente, desde el Tratado de Lisboa cuenta con su propia Carta de Derechos Fundamentales. Esta Carta se caracteriza por integrar algunos derechos que, hasta el momento, no habían sido considerados “humanos” –es el caso, p. ej., de la protección de datos o de la propiedad intelectual-. A ello debe añadirse que la Carta garantiza en su artículo 52.3 que los derechos que coincidan con los del Convenio tendrán un contenido idéntico al del texto del Consejo de Europa –incluyendo las interpretaciones del Tribunal de Estrasburgo-.

Sin embargo, desde una perspectiva más procesal existe todavía sin duda la necesidad de que la adhesión se lleve a cabo. Ratificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos proporcionaría la pieza que falta para completar el engranaje de protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea puesto que en el estado actual los ciudadanos de la Unión podemos solicitar la tutela de los derechos reconocidos en la Carta a los tribunales nacionales y al mismo Tribunal de Justicia, pero sin la firma del Convenio no podemos ir más allá y someter el Derecho de la Unión a un control externo en materia de derechos humanos –del mismo modo que el derecho nacional de todos los Estados Miembros está bajo la supervisión del Tribunal de Estrasburgo-.

Si bien es cierto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha declarado competente para conocer de demandas que tenían por objeto el Derecho de la Unión, no lo es menos que únicamente lo ha hecho en supuestos concretos: cuando el Estado Miembro actúa con cierto margen de apreciación –p. ej., una directiva, cuya transposición al ordenamiento interno la realiza el propio Estado- y cuando la violación la causa una norma de derecho originario –adoptada por los propios Estados y no por las Instituciones de la Unión-. De esta forma, el Tribunal de Derechos Humanos ha evitado que competencias atribuidas a la Unión Europea quedaran fuera de su ámbito de control cuando las aplican los Estados Miembros. Lo cual es francamente insuficiente, porque todavía existen no pocas competencias cedidas por los Estados a la Unión que están excluidas de la supervisión de Estrasburgo.

Por ejemplo, el Tribunal de Derechos Humanos carece de competencia por razón de la persona cuando el objeto de la demanda son violaciones cometidas por Instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea. Asimismo, este Tribunal nunca se ha pronunciado realmente sobre el fondo del asunto en aquellos casos en que la disposición de la Unión obligaba al Estado Miembro a actuar de determinada manera. En este segundo grupo de supuestos, en los que el Tribunal sí se ha declarado competente para conocer de la demanda, su examen se ha limitado a reafirmar la conocida como presunción Bosphorus, esto es, a entender que la Unión concede a los derechos humanos una protección equivalente a la que exige el Convenio: una presunción que admite prueba en contrario pero que jamás ha sido invertida. No obstante, la misma no podrá sostenerse por la jurisprudencia de Estrasburgo de forma indefinida, pues su aplicación más que beneficiar, nos perjudica a todos: a los Estados Miembros, a la Unión Europea y al resto de Partes Contratantes del Convenio.     

Por los motivos anteriormente expuestos, queda patente que la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos es todavía una cuestión pendiente que debería solucionarse. Únicamente ratificando este texto internacional la Unión Europea podrá conceder a los ciudadanos de la Unión un completo mecanismo de protección de sus derechos humanos.

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