La trama Gürtel y los delatores: Roma sí paga traidores

En las últimas semanas, y con motivo del juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional sobre la rama valenciana de la trama Gürtel, varios medios se han hecho eco de las presuntas negociaciones entre Francisco Correa y la Fiscalía Anticorrupción para pactar una confesión a cambio de una rebaja en las penas solicitadas, y de cómo tales negociaciones han motivado que otros acusados hayan solicitado incluso una suspensión de las sesiones del juicio para rediseñar sus estrategias de defensa y ofrecerse a colaborar activamente –ahora sí- con las autoridades.

Pero resulta que eso de que el acusador público se dedique a negociar con el cabecilla de una trama corrupta –ya condenado por ello en otra causa- una posible dulcificación de la pena que va a solicitar en su contra a cambio de lograr de éste información relevante para el descubrimiento de la verdad chirría en los oídos de los ciudadanos. En España, quien la hace la paga, y el que pudiera rebajarse sustancialmente la pena a aquel delincuente arrepentido que decide ofrecerse a tirar de la manta es visto como algo inmoral, que sólo conduce a un uso oportunista en manos de los delincuentes y a posibles abusos por parte del acusador. Podría decirse que en nuestro país aplicamos a rajatabla aquello de “Roma no paga traidores”, ¿verdad?

Pues no. Siempre se ha incentivado el chivatazo, el arrepentimiento, y por supuesto, la delación entre los criminales, aunque la relación entre nuestra Justicia y los soplones deba calificarse como de «amor-odio». Socialmente se vitupera al chivato, sí, pero desde la Justicia siempre se ha buscado –y se sigue buscando- la fórmula de lograr la colaboración eficaz de aquél, aunque ello implique concesiones por parte del Estado. Y en este punto, hay que tener presente que nuestra legislación es sumamente restrictiva respecto a esa posibilidad de “negociar” con el delator.

Cuando el chivato es uno de los acusados, nuestro Derecho permite rebajar la pena o la concesión de beneficios penitenciarios (cuando ese arrepentimiento se produce en materia de narcotráfico, terrorismo o crimen organizado) o incluso la decisión de no acusar (como cuando una persona que hubiera cometido un delito leve denuncia a quien le está amenazando con revelar tales hechos). Es el denominado Derecho premial. ¿Han oído hablar del “derecho penal del enemigo”? pues esto consistiría en articular un “derecho procesal del amigo” dirigido a ofrecer ciertas dosis de clemencia o indulgencia a aquel delincuente que decide volver a congraciarse de nuevo con la Legalidad ofreciendo su leal y relevante colaboración para ayudar a desarticular redes criminales, recuperar los activos defraudados, así como descubrir al resto de los responsables o integrantes de dichas tramas, sobre todo cuando aquella colaboración resulte esencial para evitar la impunidad de los delitos perseguidos.

La «delación premiada» es propiamente una técnica de obtención de información procedente de los integrantes de las tramas criminales organizadas con la que se busca incrementar la eficacia de la Justicia Penal, principalmente en la lucha contra la corrupción, gracias a la cual Brasil y medio continente iberoamericano han podido tomar conocimiento y desenmarañar las redes de corrupción institucional y política existentes en sus países con motivo de las conocidas operaciones Lava Jato y Odebrecht.

¿Lo consideran excesivamente moderno para nuestras costumbres patrias?, ¿o quizás algo inmoral? No en vano, nuestra sociedad sigue asociando la delación con la traición a Jesucristo y seguimos usando la expresión “Judas” para designar al delator. Deben saber que, en los delitos de falsificación de moneda, en la Pragmática de Felipe IV de 30 de abril de 1636 se premiaba la delación por parte del cómplice del delito o de uno de los autores principales, incluso con la liberación total de la pena; que hasta 1986 se otorgaba un premio a quien denunciare a otro ante Hacienda o que hasta 1988 cabía la posibilidad de una total remisión de la pena para el terrorista arrepentido colaborador con la Justicia; y que en la actualidad en España se exime por completo de multa –se otorga “clemencia”- a aquella persona o empresa que, habiéndose concertado con otras para crear un Cártel ilícito que distorsiona las reglas del Mercado, la primera en tirar de la manta y delatar a los demás ante las autoridades.

Son muchos los países de nuestro entorno jurídico que ya aplican esta figura del “testigo de la corona” y prevén la posibilidad de acordar el archivo de la causa o la suspensión de la acusación para aquel acusado que confesare los hechos y se preste a colaborar eficazmente con las autoridades, aportando pruebas decisivas que sirvan para descubrir al resto de partícipes, y dada su eficacia en la lucha contra las redes de criminalidad organizada, el legislador español ha tratado de incorporarlo en dos ocasiones recientes: en las últimas propuestas legislativas de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tanto de 2011 –durante el gobierno socialista- como de 2013 –durante el gobierno popular-. ¿Llegaremos a verlo algún día en nuestro país? Tiempo al tiempo.

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