La sustitución temporal de cargos representativos

Es bien sabido que en los últimos tiempos se han venido sucediendo casos en los que parlamentarios estatales y autonómicos, así como miembros de las corporaciones locales, están siendo investigados judicialmente por la presunta comisión de hechos delictivos. En algunos supuestos, además, se ha acordado la prisión provisional de varios cargos públicos electos.

También hemos tenido noticia de que parlamentarios y concejales han tenido importantes dificultades para ejercer de manera adecuada las funciones a las que están llamados como consecuencia de circunstancias tales como una situación de embarazo y/o postparto, la necesidad de atender a un familiar o persona próxima, una enfermedad prolongada en el tiempo,…

Además de las obvias consecuencias que para el propio representante implican circunstancias tan diversas como las anteriores, hay una muy importante que es común a todas ellas: el perjuicio que se causa a los grupos políticos en los que están integrados esos representantes y, en última instancia, a los ciudadanos que les han conferido su apoyo. Tampoco parece admisible democráticamente que decisiones de gran relevancia como el nombramiento de cargos políticos e institucionales, el debate y aprobación de normas, el ejercicio de las funciones de control al gobierno,… y el propio funcionamiento adecuado de un grupo parlamentario o municipal, máxime si está compuesto por un número reducido de miembros, dependan de la salud de alguno de ellos o de las dificultades judiciales que pueda estar atravesando.

Por todos estos motivos, sería adecuado adoptar en España una figura que ya existe en otros países y que se aplica a situaciones variadas: enfermedad prolongada, embarazo, nombramiento como miembro del Gobierno de quien es parlamentario (así ocurre en Francia, Portugal o Dinamarca)…

La sustitución temporal de representantes no está prevista en la Constitución española, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la portuguesa, pero -y aquí radica la distinción con la delegación de voto prohibida para diputados y senadores- tampoco está constitucionalmentre prohibida.

Esta figura no es una alternativa al voto telemático o para el voto delegado sino que está pensada para situaciones diferentes: los votos telemático y por delegación sirven para salvar la concreta imposibilidad de participar, por circunstancias sobrevenidas (por ejemplo, una enfermedad repentina, un imprevisto familiar, un viaje urgente,…) en una determinada votación pero no son la respuesta adecuada cuando, por mencionar diversos y heterogéneos casos, nos encontramos con una enfermedad de pronóstico largo y que precisa tratamiento prolongado, con un permiso de maternidad, con una situación de prisión provisional o una condena privativa de libertad por tiempo menor al que falta para acabar el mandato,…

Y hay que recordar, a pesar de su obviedad, que el cargo representativo no se limita a emitir un voto, presencial o a distancia, sino que su tarea conlleva preparar iniciativas legislativas y de control, asistir a reuniones con el grupo parlamentario o municipal y con los ciudadanos, participar en plenos y comisiones,… Es decir, hace falta un representante político “a tiempo completo” y si el que ha sido elegido para ello no está en condiciones de serlo parece razonable que o bien dimita o sea sustituido temporalmente.

Como es obvio, a la hora de regular, en la Ley Electoral y en los reglamentos parlamentarios, la sustitución temporal habría que tener en cuenta el estatuto constitucionalmente garantizado a los cargos públicos representativos, que, en algunos casos, no permitiría que una medida como la que aquí se propone se imponga en contra de la voluntad de la persona que habría de ser sustituida. Así pues, en los supuestos de enfermedad, maternidad y paternidad,…, la sustitución debiera producirse siempre a iniciativa de la persona que ostente la titularidad del cargo y no por imposición de su grupo parlamentario o municipal. No obstante, si el titular del cargo representativo decide acogerse a los beneficios que suponen los permisos de maternidad y paternidad, tendría que aceptar su sustitución temporal.

Cuando lo que se produzca sea una imposibilidad para el ejercicio del cargo como consecuencia de medidas procesales que limitan la libertad de actuación de la persona afectada o que ponen en cuestión su idoneidad para el desempeño de la función que debe cumplir, la decisión de los órganos judiciales competentes sí podría ser presupuesto suficiente para que por el órgano competente (por ejemplo, la Mesa de la Cámara) se pudiera acordar la sustitución temporal, incluso en contra de la voluntad de la persona a sustituir. Además, es probable que si existiera esta figura de abandono transitorio, pero no definitivo del cargo, hubiera mayor predisposición a aceptar voluntariamente un alejamiento provisional de la vida política por parte de la persona afectada, que podría reincorporarse a la misma si con posterioridad se levantasen las medidas judiciales en su contra, resultara absuelta,…

De hecho, los Reglamentos de las Cámaras ya contemplan la suspensión temporal de los parlamentarios aunque no su sustitución: “1. El Diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios: 1º. En los casos en que así proceda, por aplicación de las normas de disciplina parlamentaria establecidas en el presente Reglamento. 2º. Cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta. 2. El Diputado quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria.” (art. 21 Reglamento del Congreso). ¿Es aceptable democráticamente una merma de las capacidades de actuación y decisión de un grupo parlamentario o municipal por una circunstancia ajena a los mismos y que afecta también a quienes votaron esa candidatura?

Al margen de otros detalles que tendrían que completar la regulación de esta figura -¿Desempeña la sustitución el siguiente de la lista o la primera persona del mismo género no electa? ¿Qué documentación habría que aportar? ¿Conservaría sus derechos económicos o parte de ellos el sustituido?-, la sustitución temporal concluiría con la causa que la originó y el sustituto o sustituta cesarían automáticamente en su condición, pero podrían volver a ser llamados para realizar nuevas sustituciones si así se les requiriese.

Consideramos, en suma, que una medida como la que aquí se propone sería positiva para el ejercicio democráticamente adecuado de los cargos representativos y podría contribuir en algo a recuperar lo que Hanna Arendt llamó “la promesa de la política”, tan desacreditada en estos tiempos, malos para la lírica y para casi cualquier tipo de arte o actividad.

Pd. Puede leerse más información sobre estas cuestiones en el libro La sustitución temporal de los representantes políticos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, del que soy coautor con el profesor Carlos Ortega. 

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