La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la pobreza energética

La STC de 17 de marzo pasado declaró inconstitucional el Decreto-ley de Cataluña 6/2013, de 23 de diciembre, que modificó la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña, que impedía que las compañías cortaran, por imposibilidad de pagar las facturas, la electricidad y el gas a las personas en situación de vulnerabilidad económica, durante los meses de invierno, de noviembre a marzo, aplazando, que no eliminando, el pago de la deuda.

El TC niega esa posibilidad, en lo que se califica de un recurso de “carácter exclusivamente competencial” (FJ 4), aunque son tres los magistrados (Asua, Valdés y Xiol) que discrepan de esa conclusión.

Este litigio dista de ser meramente “competencial”, pues ha planteado el papel de los juristas y de los jueces en la sociedad actual y ha descubierto las elucubraciones del positivismo formalista y de la (falsa) lógica deductiva (como señala el voto particular del magistrado Xiol).

La pobreza energética mata, y mucho, en España y Cataluña. Se estima que un 15% de la población sufre pobreza energética, mientras que en Cataluña casi el 11% de los hogares declaran que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada. De acuerdo con  los datos disponibles de 2014, España es uno de los estados donde hay más “mortalidad adicional de invierno en España”: más muertos que por accidentes de tráfico.

Todo ello en un contexto de subida de los precios de la energía en los últimos años, en los que las empresas privadas en España duplican los beneficios de sus homólogas europeas. En un sector, además, donde la actividad de los grupos de interés y las puertas giratorias son realidades ya bien conocidas.

Pues bien, la sentencia señala lo siguiente, que es muy fácilmente resumible y también claramente discutible:

  1. La normativa estatal ha realizado la transposición de las directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE, dirigidas a proteger a los consumidores vulnerables en el ámbito eléctrico y gasístico, en las leyes del sector eléctrico (Ley 24/2013) y de hidrocarburos (Ley 34/1998).
  2. Esta transposición tiene la consideración de normativa básica, de acuerdo con los arts. 149.1.13 CE y 149.1.25 CE
  3. De acuerdo con esta normativa estatal, las CCAA, en este caso la catalana, no pueden establecer una regulación diferente, pues es preciso “una regulación normativa uniforme (sic) en el ámbito de la garantía del suministro de la electricidad y del gas” (FJ 10). El silencio estatal significa prohibición de limitar la desconexión, y si el legislador autonómico lo hace entra en “contradicción”.

Sin embargo, cabe contraponer a ello que:

  1. La normativa estatal en realidad no ha establecido una protección del consumidor vulnerable, pendiente aún de desarrollo.
  2. La regulación discutida lo es, en realidad, de las materias específicas de servicios sociales y de consumo, no de energía.
  3. Incluso si aceptáramos que la materia en discusión tiene que ver con la energía y que la regulación estatal se ocupa de proteger al vulnerable y es básica (ex art. 149.1.1.25 CE), todavía debe ser posible una regulación de desarrollo autonómica sobre la materia, porque las políticas públicas no han de ser “uniformes”, salvo que neguemos el Estado autonómico y la existencia de diferentes niveles de gobierno democrático.
  4. El que la normativa estatal no diga nada sobre la limitación del corte de suministro no significa que lo prohíba todo al respecto, como deduce el TC.

La anulación de la norma catalana ha quedado atenuada por la aprobación posterior de una regulación distinta en el mismo sentido (Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, art. 6). Esta ley, avanza en el derecho a la vivienda adecuada en el marco de un servicio de interés general, conceptos bien asentados internacionalmente, que  incluyen el acceso a “energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado” por ejemplo, de acuerdo con la Observación general No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (que debe regir la interpretación del art. 47 CE, de acuerdo con el art. 10.1 CE).

Dado que el Estado no tiene competencia en materia de vivienda, la imposición de obligaciones de servicio público en el contexto de este servicio de interés general sería una decisión sólo en manos de los parlamentos autonómicos, lo que debería bastar, pues, para evitar una nueva sentencia como la comentada, en caso de un futuro nuevo recurso.

Los magistrados Asua y Fernando Valdés califican los posibles impactos futuros de la sentencia de “preocupantes”. No es esta la primera vez que este calificativo se utiliza en votos particulares, como ya sucedió en la que declaró inconstitucional la regulación andaluza de la expropiación del uso de ciertas viviendas en manos de bancos. Es también una sentencia triste. En la que se demuestra como la empatía por el sufrimiento ajeno puede estar perfectamente ausente de la labor de los juristas.

Desconocemos si los magistrados del TC han pasado alguna vez frío en sus domicilios o si conocen a alguien de su entorno cercano que lo pase. Vista la sentencia, nos atreveríamos a afirmar que no. Creemos que deberían reflexionar sobre esta cuestión y sobre el sufrimiento de sus conciudadanos y ampliar, quizás, el círculo de sus contactos personales, por el bien de la Justicia.

Porque la empatía que conduce a la protección de los derechos de las personas, aunque no es indispensable que surja del intercambio de experiencias con otros seres humanos, sin duda es ayudada por esta interacción y por los contactos diversos, que es conveniente que se produzcan con personas cuanto más distintas a nosotros mejor, como nos enseña hoy en día la investigación en psicología cognitiva.

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2 Comentarios

  1. Júcar Morales
    Júcar Morales 04-15-2016

    No discuto sobre el conflicto de competencias, pero sí sobre el modo como los poderes públicos, del nivel que sean, deben ayudar a los necesitados. Por lo general les transfieren recursos, casi siempre en dinero y alguna vez en especie, con cargo al común. ¿Por qué la energía o la vivienda habrían de ir por cuenta de otros particulares? ¿De verdad los poderes públicos deben y/o pueden obligar a los acreedores a perdonar (o a aplazar las deudas) de los pobres o necesitados? ¿No deberíamos pagarlas entre todos?.

    • Juli Ponce
      Juli Ponce 04-16-2016

      Esta regulación anulada, similar a la existente en otros países europeos como Inglaterra o Francia (http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3530/Informe%20pobreza%20energetica%20completo.pdf, país éste último que la ha extendido a otros servicios básicos para la vida humana, como la vivienda, ámbito en la que los propietarios públicos y privados no pueden lanzar a sus inquilinos durante el invierno:http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Politiques-publiques/Solidarite-hebergement-et-populations-vulnerables/Hebergement-et-logement/La-treve-hivernale ), no pretendía condonación de la deuda, sino su simple aplazamiento para su pago entre los meses de abril a octubre siguientes, en su caso de forma fraccionada, con el único fin de proteger la vida y la salud de las familias cuya electricidad y gas dependen de las grandes compañías suministradoras.

      ¿Es lo mismo perdonar que aplazar? ¿qué obligaciones legales democráticamente establecidas han de tener las grandes compañias privadas prestadoras de servicios de interés general esenciales para la vida?

      ¿Deberíamos pagar los contribuyentes las necesidades básicas de otros conciudadanos o pueden y deben hacerlo las empresas con ánimo de lucro en base a su responsabilidad social corporativa o a obligaciones de servicio público propias de la normativa de la UE y existentes en otros países avanzados?

      ¿Es disponer de energía o de alojamiento lo mismo que tener un televisor o un teléfono móvil de última generación?
      ¿Qué significan las necesidades básicas humanas y que el Estado se defina como social?
      ¿Quien gana, quien pierde y cómo se reparten beneficios y costos?

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