La ruptura, un año después

Ha pasado ya un año desde que, los días 6 y 7 de septiembre de 2017, el Parlament aprobara dos leyes, la del referéndum de autodeterminación y la de transitoriedad (del Estado español a la nueva República catalana) que pretendían la ruptura institucional de Cataluña con España. Esta ruptura, de por sí gravísima en un contexto democrático, fue posible porque los representantes del 50% de los catalanes impusieron su apuesta unilateral al otro 50% de la población (votos). Desde entonces, vivimos una escalada de faroles amenazantes desde el ‘procesismo’ frente a la realidad estatal que, alcanzado el límite de lo jurídicamente admisible en un Estado democrático, puso sobre la mesa sus armas de defensa constitucional, aunque no siempre de la forma más acertada.

Hemos vivido la Declaración Unilateral de Independencia con la efectividad más corta de la Historia, por decisión de sus propios impulsores. Hemos visto prisiones preventivas (a mi juicio, desproporcionadas), huidas de la Justicia, órdenes de detención retiradas, vueltas a solicitar y rechazadas, aunque sólo parcialmente. Hemos visto cómo se aplicaba, por primera vez, el artículo 155 de la Constitución Española respecto del autogobierno de Cataluña. Se han celebrado unas elecciones en las que, también por primera vez y de forma absolutamente inédita, vencía una fuerza no catalanista, Ciudadanos, y en las que los dos partidos que apostaban claramente por el diálogo y tender puentes (PSC y Catalunya sí que es Pot) perdían apoyos; y cómo el líder huido ganaba en votos al líder que, aceptando sus responsabilidades, fue privado de libertad en régimen preventivo.

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Hemos asistido a la caída de la antigua Convergència, PDeCAT en manos de Puigdemont y los suyos (si no, que se lo digan a Marta Pascal); asimismo, a la pugna entre este partido y ERC para formar un nuevo Gobierno que ha quedado, finalmente, en manos de un acólito del ex presidente, el señor Quim Torra. Hemos visto también cómo el Partido Popular era declarado responsable civil a título lucrativo por el caso Gürtel, en una sentencia en la que se dudaba de la credibilidad como testigo del entonces presidente de Gobierno, Mariano Rajoy. Este pronunciamiento judicial fue aprovechado por Pedro Sánchez para exigir responsabilidades políticas al Ejecutivo mediante una moción de censura y acabó, inesperadamente, con el líder socialista investido como nuevo presidente español.

Hemos visto esto y muchas cosas más, porque éste ha sido un año larguísimo para Cataluña aunque, pese a todo, no ha cambiado gran cosa: el ‘Govern’ actual sigue sumido en un discurso irreal, victimista, construido sobre mentiras y medias verdades, propio del nuevo fantasma que recorre Europa: el populismo. Haciendo uso de los trabajos publicados en Agenda Pública haré un repaso de las ideas fuerza del procesismo y desenmascaré su falta de corrección. Otra cosa es que la ciudadanía, ante los hechos, datos y argumentos, prefiera quedarse con una visión idílica a la vez que inexistente. Como muestra de esta actitud me limitaré a desmentir lo manifestado por el president Torra hace unas semanas en Twitter:

Cataluña no es titular del derecho a la autodeterminación porque no cumple los requisitos establecidos por el Derecho Internacional y sus diferentes órganos de interpretación y aplicación. Así los artículos 1.2 y 55 de la Carta de Naciones Unidas de 1945 reconocen, en forma de principio general, la libre determinación de los pueblos, conjuntamente con el principio de la integridad territorial de los Estados (artículo 2). La Asamblea General aprobó en 1960 una Resolución expresamente orientada a reconocer la autodeterminación de los pueblos, a sus titulares y formas de ejercicio, dirigida a las colonias. Más tarde, se reconoció también, en la Resolución 2.625 (1970) el derecho a autodeterminarse en el marco de un Estado, pero nunca “se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto, dotados de un Gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”. Se entiende que esa autodeterminación no implica en estos casos secesión, como explicó Jaume Saura en su momento, sino que el reconocimiento del actual autogobierno de Cataluña sería una de las formas previstas para autodeterminarse respetando, a la vez, la integridad territorial española.

Tampoco es de aplicación para Cataluña la doctrina de la ‘remedial secession’ que se aplicó a Kosovo o a Sudán del Sur, esto es, en un contexto de graves y violentas vulneraciones de los derechos humanos de una determinada comunidad política. Pese a la alusión de Torra en su tuit, la mera comparación de Cataluña con Kosovo es ridícula. ¿Recuerdan las muertes, número de desplazados y secuelas de dicho territorio? Pues está todo dicho.

En definitiva, ni la Carta de San Francisco de 1945, ni la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 ni otros tratados internacionales reconocen el derecho a la autodeterminación de Cataluña como pueblo.

Otra cosa es defender que, ante el evidente problema político existente en Cataluña relativo a su relación o incardinación en España, quepa considerar que el principio democrático aconseja resolver tal problema de forma igualmente política, lo que puede pasar con una consulta o referéndum (pactado, legal y no vinculante jurídicamente), como he tenido ocasión de defender en estas mismas páginas junto a J. L. Martí. Ahora bien, hay que tener en cuenta que tal decisión debe ser adoptada mediante un acuerdo entre el Gobierno central y el Gobierno autónomico, y que en ningún caso se acepta la unilateralidad en un contexto democrático. Esto fue lo que ocurrió, por cierto, en Escocia (aquí el Acuerdo de Edimburgo) y Quebec, y no el ejercicio del derecho de autodeterminación.

Porque, además, España es efectivamente un Estado democrático; imperfecto y con problemas, algunos graves, sin duda, pero globalmente aceptado como una democracia liberal. Así lo ponen de manifiesto los diferentes rankings internacionales, como nos mostraba Pau Marí-Klose hace unos meses. Como he explicado en otras ocasiones, en materia de derechos humanos la ratio de demandas pendientes por habitante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 era semejante a la de Bélgica, Francia o Dinamarca, con un 0,14, frente a Italia (0,23), Grecia (0,31) o Turquía (3,25).

Como decía, España presenta problemas respecto a algunos elementos cardinales de un Estado democrático moderno. Así, son varios los excesos en los que nuestros tribunales incurren en relación con la libertad de expresión, incluido aquí el Tribunal Constitucional, que, apoyados en una legislación que ha ido hacia atrás en esta materia (la reciente Ley de seguridad ciudadana es un buen ejemplo), entienden el libre ejercicio de una forma excesiva restringida y contraria, por cierto, a los estándares fijados en Estrasburgo, como nos ha explicado Miguel Ángel Presno Linera. Esto no significa, en cambio, que la Justicia española vulnere de forma sistemática y estructural el derecho a la libertad de expresión. Prueba de ello es la cantidad de mensajes que cruzan nuestras redes sociales sin que pase nada. Los desmandes de algunos tribunales no representan a la mayoría.

Así pues, ni los derechos históricos de Cataluña (habría que preguntarse cuáles en concreto) ni una Declaración de Unilateral de Independencia que el propio Parlament suspendió (aunque tampoco tenía la legitimidad para aprobarla) son base para defender ni el derecho de autodeterminación ni una necesidad democrática de secesión.

De hecho, por no existir, no existe ni ese poble único y homogéneo al que constantemente se refiere el president Torra en sus discursos en teatros y en Twitter (por el Parlament va poco). Porque no olviden que, como señalan los datos de Pau Marí-Klose en Anatomía del ‘procés’, Cataluña es muy diversa en sus preferencias.

Fuente: Sondeos del Institut de Ciènces Polìtiques i Socials, 2011-2017. Anatomía del ‘procés’.

De hecho, y aunque no cabe equipararlo a los resultados de un referéndum, los resultados de las últimas elecciones en Cataluña fueron los siguientes:

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Lo que se traduce en 2.228.421 de votos a partidos que no están por el camino unilateral a la independencia y 2.079.340 que sí lo están.

El drama de esta situación es que Cataluña vive en estos momentos absolutamente polarizada; de hecho, los datos de Juan Rodríguez muestran que son los políticos y políticas los que más lo están. Y eso es muy preocupante porque en una sociedad dividida, todos los responsables políticos deberían hacer los máximos esfuerzos por tender puentes y buscar el entendimiento entre sus votantes. Sin embargo, eso perjudica electoralmente a unos y a otros. Al ‘Govern’ de Torra y Puigdemont, sobre todo a este segundo, les va la supervivencia política en la tensión, la greña, la polarización máxima. Y de ahí que fuercen a las instituciones públicas catalanas para que hagan de impulsoras y portavoces de la ocupación del espacio público, rompiendo con la regla de neutralidad, como señalaba Víctor Vázquez, y confundiendo a la ciudadanía sobre el alcance del ejercicio de la libertad de expresión. Así, hay que distinguir los espacios y los sujetos: las instituciones no pueden coadyuvar a enmudecer a un 50% de la población y tampoco pueden erigirse en titulares del derecho a la libertad de expresión, que sólo tienen los particulares.

En este contexto, Esquerra debería asumir que la traición al proyecto independentista es de aquéllos que, pese a su fracaso, mantienen una estrategia de confrontación política y social. Es el momento de cambiar de interlocutor y permitir que Cataluña vuelva a ejercer su autogobierno de forma plena y autónoma. No cabe el independentismo a toda costa ni podemos mantenernos en el inmovilismo estatal ya que, como afirmaba hace sólo unas horas el mismo Joan Tardà: “No hay solución al conflicto sin tener en cuenta al 50% de catalanes que no son independentistas y no hay solución sin tener en cuenta al 50% de catalanes que lo son”.

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4 Comentarios

  1. Pablo
    Pablo 09-07-2018

    Está claro que tanto estar unidos como dejar de estarlo tienen ventajas e inconvenientes, lo que no puede ser es querer separarse para dejar de tener los inconvenientes, pero querer seguir teniendo las ventajas de estar juntos. Si te separas te separas para lo bueno y para lo malo. La principal motivación para la independencia de Cataluña es económica. Simplemente no compartir los ingresos fiscales con regiones más pobres y al mismo tiempo, eso sí, seguir conservándolas como mercado. Pero si hay frontera para los impuestos hay frontera para las mercancías y las personas. Estoy de acuerdo en establecer una Ley de claridad que permita una salida de Cataluña, pero como hicieron en Quebec, en unas condiciones en las que no puedan conservar las ventajas de estar juntos si no quieren tener los inconvenientes. Y esto a través de una reforma votada por todos los españoles, que tenemos derecho a decidir, siguiendo los procedimientos democráticos establecidos constitucionalmente.

  2. PABLO
    PABLO 09-07-2018

    En Canadá después de 2 referéndums en Quebec, hicieron una Ley de Claridad en 1998, y no ha vuelto a haber ningún referéndum más. De hecho los independentistas quedaron en un 20% de votos y no gobiernan Quebec.Una ley de claridad establecería los siguientes puntos, bajo el principio de no poder mantener las ventajas de estar juntos si no se quieren tener los inconvenientes:
    – para iniciar el proceso de referéndum se necesita una mayoría de 2/3 del Parlamento autonómico.
    – una pregunta clara aprobada por el Congreso,
    – obtener mayoría de más del 50% del censo en todas las provincias de la Comunidad.
    – plazo de 20 años hasta poder repetirlo.
    – y posibilidad de referéndum para que los ciudadanos de partes del territorio decidan no separarse. Si España es divisible, el nuevo estado también.
    – se establecen los criterios del reparto de activos y pasivos, especialmente las pensiones y la deuda pública, asumiendo cada uno su parte.
    – Plazo de 40 años para la entrada del nuevo estado en la Unión Europea, con lo que conlleva respecto a la zona euro y al espacio Schengen. Se negociará la exención de visado.
    – 40 años sin acceso al mercado español y europeo sin aranceles.
    – 40 años sin posibilidad de firmar convenio de doble nacionalidad.
    – Separación de selecciones nacionales y ligas y competiciones deportivas.

    • Miguel Pantoja
      Miguel Pantoja 09-07-2018

      En una de sus visitas a España le preguntaron a Stéphane Dion si nuestro país necesitaba una Ley de Claridad como la canadiense. Dijo que no porque la Constitución Española tiene los artículos 1 y 2, que faltan en la Constitución federal de Canadá.

  3. Ignacio
    Ignacio 09-08-2018

    Abundando en la frase de su texto (“todos los responsables políticos deberían hacer los máximos esfuerzos por tender puentes y buscar el entendimiento entre sus votantes”).
    …y trasladar serenidad y no caer o provocar confrontaciones.
    Brillante, una vez más, su artículo.
    ¿Quién aceptaría, como buena o bien hecho, una familia, una comunidad, una hermandad, una empresa, etc.; basada en la bronca, la descalificación, la mentira, la violencia?

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