La renta básica en nueve ‘teclas’ del contrato social

Pobreza, desigualdad, carestía del trabajo, burocracia, intromisión del Estado, inteligibilidad de la fiscalidad y el gasto público, innovación tecnológica, precariedad laboral, cohesión social… son algunas de las teclas del contrato social sobre las que interviene la renta básica, existiendo ciertas discrepancias entre expertos sobre los efectos sobre cada una de esta política pública.

¿Qué es la renta básica? Puede definirse recurriendo a tres de sus rasgos principales: (a) una asignación monetaria (b) concedida incondicionalmente (c) a toda la población. Cada uno de estos rasgos puede configurarse de modo distinto, pero podemos asumir un modelo sencillo: transferir X euros cada mes sin imponer obligación alguna a todos los residentes legales en España, con una reducción para los menores de edad. Veamos cuáles podrían ser efectos en los distintos temas señalados:

1.- Pobreza: la renta básica, a un nivel suficiente, implicaría abolir la extrema necesidad. ¿Qué significa suficiente? Existen indicadores relativos (respecto al conjunto de la población) y absolutos (capacidad para cubrir necesidades) que en España se mueven en rangos de 680 euros a 430, respectivamente. Junto a este efecto positivo, también hay que tener en cuenta que la pobreza no es sólo precariedad material, y que existe un riesgo de que las personas en tal situación pueden caer en la llamada trampa de la pobreza cuando lo que ganarían por un trabajo penoso apenas superaría las prestaciones que reciben (y que perderían), algo que resuelve la renta básica al ser incondicional.

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2.- Desigualdad: el efecto de la renta básica sobre la desigualdad resulta menos evidente, ya que dependerá de la estructura fiscal que se utilice para financiarla, es decir, a quiénes se les cobrarán más o menos impuestos, frente a la cantidad fija que recibirían todos. Además, la desigualdad también se ve afectada por la distribución del mercado de trabajo.

3.- Carestía del trabajo: existen claras evidencias del alto ritmo de la evolución tecnológica, que puede provocar que hasta el 30% de las actuales ocupaciones desaparezca en la próxima década. Lo que resulta más disputado es si se generarán nuevos empleos que aprovechen esa evolución tecnológica para satisfacer necesidades poco atendidas o latentes. Se añade el factor demográfico, muy variable según los países: por ejemplo, en España es posible que el número sensiblemente inferior de personas en edad y disposición de trabajar no llegara a notar esa disminución de la demanda de trabajo. Lo que es seguro es que altas bolsas de la población menos cualificada sufrirán como una amenaza la desaparición de sus empleos, algo que la renta básica puede paliar.

4.- Burocracia: actualmente, la red de prestaciones resulta muy compleja, dado que la mayoría no se atribuye de oficio sino que debe solicitarse, con requisitos y documentación dispares, dependientes de diversas administraciones territoriales. Esto implica tanto una pérdida de tiempo para el administrado como un coste importante de burocracia, que puede además provocar errores.

5.- Intromisión del Estado: relacionado con lo anterior, esas ayudas, aunque nunca deben ser arbitrarias, sí tienen un elevado grado de subjetividad y hacen el anonimato casi imposible. Ciertos solicitantes que tendrían derecho no las piden no sólo por la dificultad, sino por la vergüenza de exponer sus circunstancias personales. Otros adoptan comportamientos (por ejemplo, declararse o no como unidad de convivencia) para acceder a ciertas prestaciones. La simplicidad de la renta básica atenuaría estos dos problemas.

6.- Accountability’ de la fiscalidad y del gasto público: es decir, que el elector entienda mejor cuántos impuestos se le aplican, y qué y cuánto gasto público le beneficia. Actualmente, resulta muy difícil que cada uno sepamos si somos contribuyentes o receptores netos. Además, a escala macro, la suma de fiscalidad y gasto público es regresiva en muchos tramos (beneficia más a las clases altas que a las medias). La facilidad de una renta básica que reemplazara muchas prestaciones (sobre todo no contributivas), combinada además con una simplificación del cálculo de impuestos, podrían incorporar muchísima claridad al sistema. Así, el elector podría tener una mayor inteligibilidad de lo que aportan y reciben él y los demás, y el Estado debería asumir mayor responsabilidad en sus decisiones, mientras que ahora puede permitirse comunicar vistosas promesas porque luego sus efectos se confunden en la maraña de decisiones presupuestarias.

7.- Innovación tecnológica: se ha indicado que la renta básica puede paliar ciertos efectos negativos para algunas personas menos cualificadas, pero a su vez puede incentivar que las empresas introduzcan innovaciones socialmente útiles, ya que les resultará más difícil encontrar trabajadores que acepten trabajos penosos a bajos sueldos.

8.- Precariedad laboral: se reduciría por lo anterior y también por atenuarse el miedo a arriesgar (emprender, cambiar de empleo…) que atenaza ahora a ciertos trabajadores.

9.- Cohesión social: además, podría surgir más empleo parcial, lo que unido a la menor angustia laboral, liberaría tiempo y voluntad para ocupaciones altruistas.

Estas reflexiones se han centrado en la deseabilidad. La aplicabilidad en España (¿o más bien en Europa?) requeriría un estudio riguroso de costes, incentivos y riesgos, pero ante todo un impulso político firme que hiciera creíble esta reescritura del contrato social en lo que se refiere a conceptos tan importantes como el progreso, el mérito, la igualdad y la solidaridad.

(Nota: este viernes 8 de junio por la mañana se celebra en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UPM un seminario sobre renta básica con dos mesas redondas (deseabilidad y aplicabilidad en España) y una conferencia magistral del reputado experto internacional, Philippe Van Parijs. Más información e inscripción gratuita en www.itd.upm.es/renta-basica)

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