La reforma pendiente de la universidad española

El Informe CYD 2016 sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo económico y social, de reciente publicación y que elabora la Fundación CYD, detalla los aspectos más relevantes de la actuación de las universidades españolas. Uno de ellos es la  creciente competencia internacional a la que están sometidas y que se refleja en la captación de alumnos extranjeros, en las acciones encaminadas a incorporar profesores internacionales a sus claustros y, de manera muy relevante,  a una competencia por la captación de fondos para la investigación procedentes de organismos internacionales, singularmente la Unión Europea.  Este incremento de la competencia entre las instituciones universitarias, que es relativamente reciente,  se ha desarrollado en paralelo a un protagonismo creciente de los rankings internacionales que facilitan visualizar la posición de las universidades en el contexto internacional. Los resultados obtenidos en rankings como el ARWU, el THE , el QS y el U-MUltirank nos indican que las universidades españolas están lejos de ocupar posiciones relevantes en cualquiera de ellos que son, por otro lado, los que tienen un mayor reconocimiento. Es verdad que es conveniente ser cuidadoso cuando se analizan los resultados obtenidos en dichos rankings porque las metodologías no son coincidentes  y, en consecuencia, no es lo mismo que una universidad ocupe una posición en uno u otro ranking.  Por ejemplo, el ARWU, más conocido por ranking de Shanghái, identifica la posición de las universidades con indicadores que son prácticamente en su totalidad de carácter absoluto y, además, algunos de ellos, que representan el 30% del valor final,  están vinculados al número de ex alumnos o al de profesores que han sido o son premios Nobel.  Es fácil deducir en este caso que la estabilidad de las posiciones ocupadas por las universidades en  este ranking es muy notable. El THE y el QS, en cambio,  utilizan variables que  son relativas al tamaño de la universidad lo que debería permitir una mayor presencia de aquellas instituciones que aun siendo más pequeñas,  mantienen un nivel de eficiencia elevado. Sin embargo una característica común de estos dos rankings es que la posición de las universidades depende  de una manera muy relevante de encuestas de opinión que en el caso del THE suponen el 33% del valor final y en el del QS el 50%. De manera que las instituciones más reconocidas internacionalmente lo seguirán siendo por la importancia de las encuestas de opinión en su posición final. El U-Multirank, en cambio, se diferencia de los tres anteriores porque no construye indicadores sintéticos y presenta sus resultados en más de 30 indicadores diferentes.  Además todos sus indicadores son relativos al tamaño de la universidad y no incluye encuestas de opinión salvo a los estudiantes que tiene,  en cualquier caso, un carácter complementario.  A pesar de las diferencias metodológicas mencionadas, en todos ellos la posición de las universidades españolas es manifiestamente mejorable. En el U-Multirank, el más completo en lo que hace referencia a la presencia de las universidades españolas, 69 sobre un total de 1497 instituciones de todo el mundo,  la posición de las universidades españolas es claramente mejorable en los indicadores de investigación, en buena parte de los de transferencia y en la totalidad de los indicadores que reflejan la orientación internacional de las universidades con la excepción de la movilidad de los estudiantes. Solo destaca en los tres indicadores que reflejan la contribución de la universidad a su entorno territorial.

Posición de las universidades españolas en los rankings ARWU, THE y QS, 2016

Nota: ARWU (Academic Ranking of World Universities) o ranking de Shangai, THE (Times Higher Education World University Ranking) y QS (QS World University Ranking). 27 universidades españolas.

Fuente: ARWU, THE y QS

Una explicación hay que atribuirla, sin duda, a la relativamente reducida disponibilidad de recursos públicos tanto para financiar las actividades generales de la universidad como la investigación. La crisis no ha hecho más que empeorar esta situación, de manera que las transferencias recibidas por las universidades públicas españolas son en 2015 cerca de un 20% inferior a las del año 2009. Pretender que las universidades españolas alcancen un mayor protagonismo internacional requiere de una apuesta más decidida de las administraciones públicas en favor de las universidades públicas españolas.  Sin embargo cometeríamos, en mi opinión, un error notable si atribuyésemos exclusivamente a una mayor dotación de recursos públicos la posibilidad de mejorar nuestra competitividad internacional.

Los países de nuestro entorno disponen, en general, de unas dotaciones presupuestarias superiores a las nuestras pero no es esta la única diferencia. Lo que también es común a todos ellos es que han llevado a cabo durante estas dos  últimas décadas cambios muy notables en el modelo de regulación de sus universidades. En un estudio reciente promovido por la Fundación CYD, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades españolas y la Cámara de España se pone de relieve que hay países como Dinamarca, Finlandia, Austria, Holanda, Francia y Portugal que han coincido en establecer en sus universidades un  consejo de gobierno con presencia de personalidades externas a la propia universidad, reducido y con capacidad de designar al Rector. El Rector, además, tiene capacidad en la mayoría de los países mencionados de designar a los decanos facilitando así, el alineamiento del conjunto de la universidad a las prioridades estratégicas acordadas. Además, se ha producido una progresiva sustitución de un profesorado funcionario público por otro que es contratado laboralmente con lo que la capacidad de la universidad para gestionar su política de recursos humanos –captación, definición de la carrera académica y la política retributiva-  ha aumentado muy notablemente. También se han generalizado marcos de financiación estables en el tiempo y que cubren las necesidades básicas de las universidades y financian la excelencia y la autonomía de las universidades se ha reforzado en la definición de su oferta académica.

En España, más allá de los recortes presupuestarios mencionados, el establecimiento de la tasa de reposición del profesorado que se jubila o que se desvincula de la universidad ha aumentado la endogamia y la edad media del profesorado. Todo ello, además, con una política de acreditación del profesorado universitario que se manifiesta en desajustes muy notables entre el profesorado acreditado y la incapacidad de la universidad para ofrecer un número suficiente de plazas para dicho profesorado.

Mencionar también que los costes administrativos que suponen que los cerca de 8.300 programas de grado y máster de las universidades españolas deban pasar todos ellos un proceso de verificación y acreditación par parte de las agencias de calidad cuando la tendencia en otros países europeo es la de acreditar preferentemente la institución antes que los programas ofrecidos. Se impone, por tanto, la necesidad de mejorar la supervisión de las universidades y hacerlo en la dirección de evaluar los resultados antes que los procesos que conducen a ellos, fortaleciendo así,  la autonomía de la universidad. Todas las universidades españolas y, en particular, las que tiene una  mayor proyección internacional necesitan  unos  recursos públicos más elevados y, también,  de cambios en el marco legal que las regula. Sin instrumentos adecuados los equipos de gobierno de las universidades difícilmente podrán competir en condiciones con las universidades del resto del mundo. Abrir este debate se hace ya imprescindible y es a los políticos, a las universidades, a los agentes sociales y a la sociedad en general  a los que corresponde impulsarlo.

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