La primera mujer ¿o la única? Ante la igualdad ficticia de género

Consuelo Madrigal Martínez-Pereda tomó posesión el pasado 13 de enero de 2015, como nueva Fiscal General del Estado. La prensa la enunció como la primera de toda la democracia española. También fueron las primeras mujeres en altos cargos públicos, Emilia Casas Bahamonde, Presidenta del Tribunal Constitucional en 2004,  la primera y la única de 9 presidentes, desde 1980. Asimismo, Luisa Fernanda Rudí Úbeda, fue la primera de 9 presidentes y también la única Presidenta del Congreso en la Legislatura VII, 2000-2004, al igual que Esperanza Aguirre Gil de Biedma lo fue del Senado en la VI y VII Legislaturas (1999 – 2000 y 2000 – 2002), primera y única de 9.

En la Institución del Defensor del Pueblo, la Adjunta Primera, María Luisa Cava de Llano ocupó el cargo de Defensora del Pueblo en funciones hasta que Soledad Becerril fue nombrada Defensora del Pueblo, el 21 de julio de 2012. Los cinco anteriores fueron varones. En el Tribunal de Cuentas, el Pleno y la Comisión de Gobierno, la Sección de Fiscalización y la Sección de Enjuiciamiento, están presididos por hombres. No obstante, se aprobó por el Pleno del Tribunal el 29 de septiembre de 2014, el I Plan de Igualdad para mujeres y hombres del Tribunal de Cuentas, y la Presidencia de la Comisión de igualdad la ostenta una mujer. Desde el año 1.361, existe la figura de Contadores, Gobernadores o Presidentes del Tribunal de Cuentas y desde la vigencia de la actual Constitución española (CE), ha habido 8 presidentes y una única mujer, Milagros García Crespo (1994 – 1997). En otros órganos públicos no ha existido presencia femenina en la presidencia. Así, no ha habido mujeres en la Presidencia del Gobierno español, ni en la Presidencia del Tribunal Supremo y, por ende, del Consejo General del Poder Judicial. Como es sabido, tampoco desde la vigencia de la CE, ha existido una Reina con funciones constitucionales, pues a pesar de la primogenitura de Elena de Borbón y Grecia, la CE prevé en su artículo 57.1, la preferencia del varón a la mujer en la línea sucesoria, lo que ha dado lugar a dos reinados masculinos, Juan Carlos I y, actualmente, Felipe VI.

Es preciso ahondar en la realidad sin quedarse en las cifras. Así, el aumento de la visibilización de las mujeres en las cúpulas y centros de poder público que pueden evidenciar las estadísticas tiene una doble cara. Por un lado, las cifras reflejan la existencia de algunas mujeres más en la última década, lo que, en términos generales, hace vislumbrar cierto avance en la igualdad de hombres y mujeres. Sin embargo, se ha de subrayar que esta presencia no representa una fidedigna evolución porque esa primera mujer al frente de instituciones o con poder real de modificar las estructuras, no suele ser la primera de otras, es decir, no genera un modelo transformador.

Por este motivo, no puede velarse la realidad y conformarnos con la ínfima evolución cuantitativa, pues no se está tanto ante un progreso auténtico basado en la consecución de la igualdad real como parte de un pacto consensuado por mujeres y hombres, sino ante una experiencia exclusiva que perpetúa la desigualdad y la escasez de mujeres en el poder público y la toma de decisiones. Continuamente emergen manifestaciones de una igualdad ficticia, como la ausencia de diputadas en la Mesa de las Cortes Valencianas constituidas el pasado 11 de junio de 2015, tras las elecciones autonómicas celebradas. Pero, además, se consolida la sensación de que aquella mujer que llega o, mejor, que, de nuevo, es escogida para formar parte de la élite minoritaria, tiene unos méritos extraordinarios, de manera que se convierte en una suerte de excepción excepcional, – valga la redundancia -.

Así, en primer lugar, como consecuencia, se alimenta la idea de que esa persona es situada ahí por otros, lo que supone que la presencia de mujeres, particularmente, en sistemas de méritos sin selección objetiva, continúa siendo una concesión de derechos. Paralelamente, al ser la excepción, – la primera y, habitualmente, la única – recae en ella una especie de extra-responsabilidad, casi estigmatizante, de cumplir sus funciones por encima de las expectativas que se hubieran depositado en un candidato. Además, estas supra-expectativas no sólo son de carácter técnico o personal, sino que también se producen en relación a su propia sensibilización sobre la consideración de introducir en la proyección de su puesto la perspectiva de género, cuestión que no suele ser exigible en la misma medida a hombres en esa situación. Finalmente, el conjunto de todas estas sobre-exigencias, provocan una carga infinitamente mayor e injustificada que suele traducirse en abandonos o escasez de promociones y que, lejos de constituir un avance hacia la igualdad, dibujan una igualdad ficticia representada en la excepción y en la ausencia de voluntad para la continuidad. En definitiva, una igualdad que se pretende teñir de avance mientras solo consigue reflejar un espejismo de sí misma.

En el momento en el que nos encontramos, es preciso reivindicar el derecho de las mujeres a estar, por derecho y por ser, pues conforman más de la mitad de la Humanidad con sus valores y proyecciones, sean los que fueren, ya que, aunque desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas, éstos resultan poco relevantes, han de proyectarse sobre la sociedad en su conjunto ocupando cualquier ámbito y nivel, incluyendo los centros de poder y toma de decisiones en igualdad. La sociedad es plural, de múltiples y enriquecedoras capacidades. Ser “el mejor” es un concepto vago e impreciso, además de poliédrico, pues recoge diversas facetas, como la mera capacitación, la formación, la técnica, la habilidad, el mérito global, la profesionalidad, la capacidad personal, entre otras muchas, con lo que la igualdad no puede situarse en la excepción. Esto, claro está, no significa que las mujeres que ocupen cualquier cargo o puesto no hayan de acceder a él cumpliendo los requisitos que objetivamente se exijan o, incluso, los que se consideren necesarios para la función o cargo en un sistema por cooptación. Lo que se trata es de hacer reflexionar sobre que las mujeres que están se presuponen valiosas pero las que no están no siempre faltan porque no valgan, sino, en no pocas ocasiones, por la presunción de que eso sea así. Esa presunción es tan discriminatoria como la exclusión, pues la base de la misma constituye un estereotipo de género.

El reflejo de este marco es una igualdad artificial, preocupada, a lo sumo, por las apariencias, por cubrir cuestiones cuantitativas o hacer ejercicios de escaparatismo pero alejada, en verdad, de la igualdad real y efectiva, cualitativa y paritaria que han de perseguir todos los poderes públicos, en todos los ámbitos y niveles, conforme a los mandatos de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

PRESIDENCIA DE ÓRGANOS CONSTITUCIONALES*

*Desde la existencia de los órganos, tras la vigente Constitución española de 1978, a 2014

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

JEFATURA DEL ESTADO

0

2

2

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

0

6

6

PRESIDENCIA DEL CONGRESO

1

8

9

PRESIDENCIA DEL SENADO

1

8

9

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1

9

10

DEFENSOR/A DEL PUEBLO

1 (y 1 en funciones)

5 (1 en funciones)

6

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DEL CUENTAS

1

7

8

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

0

9

9

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

1

9

10

Autoría

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