La politización de los jueces de los altos tribunales

Se habla mucho de la independencia del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo, y se acostumbra a citar a Montesquieu en apoyo de esa idea. Sin embargo, leyendo al histórico autor y a otros filósofos o juristas de la época –a Rousseau o a Robespierre, sobre todo–, lo que se deduce de sus palabras no es una auténtica búsqueda de la independencia judicial, sino un terror a que los jueces vayan a la suya y le den la espalda a las leyes, que expresan la voluntad popular. De ahí que, entre muchas otras instituciones del derecho inglés, defendieran el jurado, simplemente porque no era permanente y, por tanto, no amenazaba con crear un korps que pudiera inmiscuirse indebidamente en la gobernanza de un Estado.

Cuando la administración napoleónica estabilizó el Poder Judicial, en contra de la doctrina revolucionaria, una de las primeras cosas que hizo fue crear el Ministerio de Justicia, órgano que observado de cerca terminológicamente hablando es un auténtico oxímoron desde la perspectiva de la división de poderes. Napoléon deseaba mantener el control sobre los tribunales. Y así ha sido desde entonces. Sólo en las últimas décadas, como consecuencia de una lectura de la división de poderes más alejada de la mentalidad revolucionaria –aunque pretendiendo ser más purista– ha ido sumando enteros en la doctrina la independencia judicial. Sin duda, una curiosa historia.

Pero lo cierto es que los gobiernos pugnan por que tal independencia, existente habitualmente en el primer y segundo grado de jurisdicción, no se traslade plenamente a los tribunales supremos –inclusive los constitucionales–; es decir, a los que tienen la última palabra. Así por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país del que surge más directamente nuestro actual sistema de tribunales supremos –el precedente inmediatamente anterior es Inglaterra–, el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema es netamente político, con varios filtros de calidad, pero al final es el presidente quien propone y casi impone –con la aquiescencia del Senado– a un candidato a los nueve asientos de ese tribunal, si tiene la fortuna de que durante su mandato se produzca una vacante.

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En Alemania, ejemplo de tantas cosas en materia jurídica, Congreso y Senado eligen a los magistrados del Tribunal Constitucional por mayorías de dos tercios. Los del Tribunal Supremo son elegidos por el ministro de Justicia junto con el Consejo de Nombramiento de Jueces, que es un órgano representado por los ministros de justicia de los estados federados, así como por miembros escogidos por el Congreso. La influencia politica es, pues, evidente. En Italia, los nombramientos dependen del Consejo Superior de la Magistratura –cuyos miembros son nombrados en 2/3 por los jueces y en un 1/3 por el Parlamento–, con influencia previa evidente del Ministerio de Justicia. En ambos países se exige que se trate de candidatos con una notable trayectoria jurídica, aun teniendo esa influencia política de origen y pese a que, a decir verdad, en general suele primar la excelencia a la politización en su trabajo cotidiano. El sistema en Francia es similar: los nombra el presidente de la República a propuesta del Consejo Superior de la Magistratura.

A la vista de todo lo anterior, cabe concluir con claridad que los políticos recelan de la Justicia, y no quieren que su poder escape completamente de sus manos. Los gobiernos no parecen desear que la Justicia sea completamente independiente. Y es que, a mi juicio, todos estos sistemas tienen un obvio pecado original político. Por mucho que se insista en la alta cualificación –muchas veces indiscutible– de los designados, no se trata de personas que son nombradas exclusivamente por sus méritos. Se pudiera pensar que lo ideal para la independencia sería que los jueces eligieran directamente a sus órganos, pero ese sistema tiene el problema de que también en el Poder Judicial se forman naturalmente facciones que suelen tener un sesgo político.

En España, por ejemplo, existe algo insólito en muchos países: las asociaciones judiciales, que los medios de comunicación –y no sólo ellos– relacionan con tremenda insistencia con tendencias ideológicas muy consolidadas. El resultado de las votaciones, por tanto, tampoco estaría libre de influencias partidistas. Por otra parte, el desgraciado descubrimiento reciente de unos correos electrónicos en los que se adivina el extremismo ideológico de algunos jueces, utilizando expresiones gruesas para referirse a los políticos independentistas, no ayuda precisamente a creer en su neutralidad.

Por tanto, ¿qué hacer? A mi juicio, habría que abolir definitivamente todos estos sistemas. Si en otros países no han dado más problemas –que destaca la doctrina de varios estados con insistencia– es porque los propios jueces se han preocupado de preservar por encima de todo la excelencia de su labor –como siempre debiera ser–, al tiempo que han intentado que sus sentencias no dejen adivinar el origen político de las influencias en su nombramiento. Pero no siempre ha sido así y, en todo caso, el resultado final depende de la honorabilidad de cada juez, asunto siempre comprometido. Ha habido fallos de la Corte Suprema de los EE.UU. en que los jueces han firmado votos particulares denunciando escandalosas influencias ideológicas. Un ilustrativo ejemplo reciente, que merece mucho la pena leer, es el voto particular de Sotomayor a la sentencia Utah v. Strief (579 U.S. _, 136 S. Ct. 2056 (2016)).

Por ello, quizás haya llegado el momento de alejarse de esos sistemas de nombramiento en favor de una baremación de méritos objetiva, que aunque dificilísima de establecer, podría llegar a conseguirse si se deseara. Se trataría de seguir las trayectorias de los jueces en busca de la excelencia de sus fallos, atendiendo a diversos criterios que debieran ser objeto de reflexión por parte de una comisión legislativa plural a lo largo de un período extenso para establecer una regulación adecuada, hasta que se dé con el mejor sistema observando todos los problemas que se vayan generando. En todo caso, si se consigue, se habrá dado un paso de gigante: un Poder Judicial verdaderamente independiente y formado por personas con un conocimiento indiscutible del ordenamiento jurídico, que se acaben convirtiendo en aquello que sin duda están llamados a ser: garantes de todo el sistema.

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