La política de marear la perdiz contra el cambio climático

El cambio climático es una realidad que en 2018 pocos se atreven a negar. Ha sido un camino complicado, pero ningún candidato a presidir el Gobierno se atrevería hoy en día a poner en duda que la mano del hombre está acelerando el proceso (por otro lado, proceso natural) del cambio climático en la Tierra.

Sólo hemos tardado unos 50 años en alcanzar la conciencia global de que existe el problema y que es necesario afrontarlo. Tan sólo han pasado 20 años desde que se firmara el Protocolo de Kyoto y aún seguimos peleando sobre qué hacer. Parecía que la Cumbre de París de 2015 había conseguido un compromiso general de la comunidad internacional dejando atrás la excusa de que “yo no hago nada porque, al fin y al cabo, el de enfrente no va a hacerlo”. Y llegó Donald Trump y dio al traste con las expectativas de ir todos a una.

Por nuestra parte, en España hemos decidido seguir estudiando el asunto. Al menos, tenemos un amplio consenso sobre que es necesario actuar; lo de qué hacer lo dejamos para otro día. Parece que no somos conscientes de lo que nos jugamos.

España es uno de los países que más afectados pueden verse en los próximos decenios con la subida de las temperaturas, por lo que deberíamos actuar más rápidamente. De hecho, incluso sería deseable que nuestro país fuera motor del cambio en el conjunto de las naciones del planeta de acuerdo con lo que nos estamos jugando. Hemos decidido, como en otros muchos casos, ceder el liderazgo a otros países, perdiendo una gran oportunidad.

¿Y qué nos estamos jugando exactamente? Pensemos sólo en la principal industria española: la de alimentación y bebidas. Nuestros productos (con o sin transformación) son reconocidos a nivel global como sinónimo de calidad y seguridad. El aumento de las temperaturas llevará aparejados problemas en el abastecimiento de agua para los regadíos junto con fenómenos de desertificación. Esta situación pondrá en riesgo nuestra agricultura y ganadería, y los bancos de peces buscarán otras latitudes con condiciones más adecuadas a sus necesidades. Sin la materia prima al lado de casa, difícilmente tendremos una agroindustria capaz de repetir los éxitos que hemos tenido hasta ahora.

La subida de las temperaturas también creará nuevos destinos turísticos, que se ven afectados negativamente por un termómetro demasiado frío durante buena parte del año. Esto puede ser perjudicial también para la buena salud de nuestra economía. La bajada de los precios de los vuelos ha hecho aumentar el turismo mundial (afectando también, de paso, al cambio climático). No es casual que se haya disparado el número de visitas a Islandia, por ejemplo, hasta el punto de que estén analizando cómo frenar el fenómeno. Nota aparte merece nuestra insistencia en aplaudir los récords anuales de llegadas como un gran triunfo, sin tener en cuenta que lo relevante son los ingresos económicos (¿o alguien mide el éxito de una tienda por cuánta gente entra y no por cuánto gastan?).

Se podrían poner numerosos ejemplos de los efectos negativos que tiene el cambio climático en España, que van mucho más allá del propio impacto en el clima. ¿Y qué hacemos para afrontar el problema? Hemos decidido que lo mejor es seguir estudiándolo. Algunas comunidades autónomas se han lanzado a elaborar leyes para visibilizar que se preocupan y se ocupan. Pero su capacidad para regular en esta materia es tan limitada que, para evitar el ridículo, se están centrando en adoptar medidas más efectistas que efectivas.

A nivel nacional, el Gobierno se ha puesto las pilas (es ironía, no me malinterpreten). Se montó una comisión interministerial con buena parte de los ministerios que, hasta donde sé, no ha hecho prácticamente nada. El Ministerio de Energía puso en marcha un grupo de expertos. Con un generoso presupuesto de cero euros y el apoyo de cero funcionarios tenía que elaborar en seis meses un estudio que sirviera de base para establecer los distintos escenarios energéticos del futuro. El PSOE también creó su propio grupo de expertos, mientras que Podemos hizo una jornada con numerosas mesas que fue el inicio de un trabajo interno para redactar su versión de la ley de cambio climático. Ciudadanos se conforma con mirar de lejos lo que hace el resto. Entretanto, los ministerios de Energía y de Medio Ambiente se ponen zancadillas no se sabe muy bien si para visibilizar quién manda de verdad en este asunto dentro del Gobierno.

El informe del grupo ministerial debe llevarse al Congreso de los Diputados para iniciar un debate que después se recogerá en un nuevo documento de conclusiones que servirá para realizar otro informe que dé lugar a otro estudio que termine en no se sabe muy bien qué. Dentro de lo positivo, podemos ver que el informe de los expertos ha tenido un amplio respaldo de 11 de los 14 integrantes.

Desde que Mariano Rajoy anunciara la ley de cambio climático han pasado más de dos años y, por el momento, no la habrá en el futuro cercano. La complejidad del problema que abordamos es evidente: los efectos de hacer o no hacer son inciertos, los valores implicados son controvertidos, los intereses en juego son muy altos y todos tenemos claro que es urgente tomar decisiones; una tormenta perfecta que Funtowicz y Ravetz definieron en los años 90 como situaciones posnormales.

Ante esta era de posnormalidad, en la que se desconocen los efectos reales que tendrán las decisiones, la tendencia natural es compartir la responsabilidad con una comunidad amplia de decisores. Cada vez lo vemos más en el ámbito político; no sólo en el del cambio climático.

El caso es que aquí parece que nadie es capaz de dar el paso. Desde la oposición se denuncia la poca voluntad del Gobierno de presentar un anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ésta era una buena táctica en la época del bipartidismo para eludir responsabilidades. Hoy ya no es excusa: el partido gobernante no controla el Congreso y la Cámara tiene autonomía para gestionar sus recursos. Se podrían haber creado las herramientas para que los grupos parlamentarios contaran con su grupo de expertos, estudiaran escenarios y elaborasen una proposición de Ley.

Pero -como en todo este proceso- el vértigo a tomar una decisión nítida es demasiado grande. Especialmente complicado será llegar a consensos en determinadas materias (impuestos, nuclear o carbón). Lo contrario al consenso es que una decisión en una dirección nos lleve a un nuevo cambio de timón en la política energética dentro de un par de años. Recordemos que la estrategia que debemos aprobar ahora debe llegar, como mínimo, a 2030; y, si fuera posible, marcar las líneas generales hasta 2050. El Partido Popular se ha colocado en una posición pública tan negativa respecto al cambio climático que ningún partido parece interesado en hacerse la foto de la firma del acuerdo por si terminan contaminados.

Vista la situación, aún son muchos los que miran con esperanza a la Unión Europea para que, nuevamente, sea quien marque el camino que deba seguir España. Es la Unión la que ha marcado los compromisos que tenemos en la actualidad y parece que será la que siga tirando del carro (este año, el Gobierno enviará a la Comisión el Plan Integrado Nacional de Energía y Clima con el conjunto de acciones que ejecutaremos para cumplir los compromisos).

Parece que sí. Aquí nos limitaremos a chupar rueda europea porque lo de liderar es muy cansado. Al final, me da que tendremos que pedir que se monte un grupo de expertos sobre liderazgo.

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