La pena de muerte no es cosa del pasado

Que la pena de muerte no es cosa del pasado se pone de manifiesto año tras año con el Día mundial consagrado a su abolición global, en esta ocasión, el 10 de octubre de 2015, centrado en los delitos de tráfico de drogas 

Y es que el camino hacia abolición mundial se está recorriendo por etapas. La primera fue el reconocimiento a los condenados de una serie de garantías. Son las denominadas Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, adoptadas por Resolución 1984/50, de 25.05.1984 y Resolución 1989/64, de 24.05.1989. Por ejemplo, velar por su aplicación solo en el caso de delitos graves entendiendo como tales los dolosos; excluir de la pena de muerte a determinados colectivos (menores de 18 años en el momento de la comisión del delito, mujeres embarazadas, enfermos mentales), o ejecutar la pena capital causando el menor sufrimiento posible.

Más recientemente, la meta a alcanzar ha sido la moratoria, es decir, la suspensión temporal de las ejecuciones y de las condenas (por citar alguna, la Resolución, aprobada por la Asamblea Nacional, 62/149 sobre la moratoria del uso de la pena de muerte, de 18.12.2007) con la finalidad de conseguir posteriormente la deseada abolición (como ha ocurrido en la República de Surinam este año).

Pero, ¿qué es lo que lleva a muchos Estados a utilizar la pena de muerte? Uno de los argumentos más recurrentes es su pretendido “efecto disuasorio”: Ejecutar evita que otros sujetos delincan en el futuro. Los estudios empíricos demuestran, sin embargo, lo contrario: La pena de muerte carece de efectos preventivo-generales y no reduce el número de delitos. Lo anterior se verifica no solo en el caso de asesinatos, sino también en otro tipo de comportamientos delictivos como los delitos de tráfico de drogas. En países como Singapur, con un Código penal extremadamente represivo en este ámbito, ni la tasa de criminalidad en esta categoría es más baja en comparación con la de otros Estados (Costa Rica o Turquía), ni el número de incautaciones ha disminuido, ni, por tanto, se ha contribuido a reducir los efectos nocivos de las drogas. Todo lo contrario, con récord incluido en 2012.

Conclusión: No por ser más represivos contra el crimen, se consigue disminuirlo ni evitar la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos que se pretenden proteger.

Si a lo anterior se unen problemas de discriminación, arbitrariedad y errores judiciales asociados a su aplicación, el NO a la pena capital ha de ser rotundo. De nuevo aquí los estudios empíricos son reveladores: Harm Reduction Internacional ha constatado que el número de confesiones obtenidas bajo tortura y que, en definitiva, las posibilidades de tener un proceso justo en el caso de delitos relacionados con el tráfico de drogas son muy limitadas. Sin olvidar que ante la falta de garantías procesales cientos de personas inocentes son condenadas a pena de muerte en el mundo. En EE.UU. más de 155 personas condenadas por asesinato lograron salir del corredor de la muerte tras probar su inocencia. Otras no tuvieron tanta suerte e, incluso, pese a albergar dudas sobre su culpabilidad, se procedió a su ejecución con efectos irreversibles.

Igualmente, cabe destacar el carácter tremendamente selectivo de la pena capital. Sus posibles destinatarios suelen ser extranjeros y, en una gran mayoría de los casos, personas con escasos recursos económicos en situación de total exclusión social que caen en manos de las organizaciones criminales. Ilustrativo vuelve a ser de nuevo el caso del tráfico de drogas: Quienes llegan al corredor de la muerte no son los grandes narcotraficantes, sino personas con una posición mucho más baja en el escalafón jerárquico de la organización (camellos, “mulas”, etc.). En 2007 Arabia Saudí ejecutó a 40 personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas. 36 eran extranjeros. En 2008, se ejecutaron 23. De ellos, 17 no eran de nacionalidad saudí. En otro tipo de delitos, los datos tampoco dejan margen de duda: En EE.UU. se ejecuta más cuando el autor del delito es un negro y la víctima es blanca que al contrario.

¿Todavía no te has convencido de la inutilidad de la pena de muerte? ¿Acaso los delincuentes no son ante todo seres humanos? Nadie por cometer un delito deja de ser persona. La pena capital no es compatible con el principio humanista que debe regir todo sistema de justicia penal.

Contribuye pues a un trato digno y justo de los delincuentes. Todos tenemos algo que aportar: las farmacéuticas europeas han adoptado medidas para impedir las exportaciones a países con riesgo de utilizar determinadas sustancias en la injección letal; las ONGs contribuyen a la transparencia de las ejecuciones realizadas en el mundo informando a la opinión pública (entre otras, Amnistía Internacional Coalición Mundial contra la Pena de Muerte; Red Académica Internacional para la Abolición de la Pena de Muerte; etc.), y hasta el Papa se atreve a decir en el Congreso estadounidense que un “castigo justo y necesario no debe nunca excluir la dimensión de la esperanza y el objetivo de la rehabilitación”. Tú puedes lanzar el debate en casa con tus familiares y fuera con tus amigos y conocidos. Y si eres profesor comprométete más por los derechos humanos: organiza debates entre tus alumnos, exhibiciones…

En definitiva aporta tu granito de arena y aboga por el NO rotundo a la pena capital.

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