La nueva generación de rentas mínimas: ¿hacia una renta garantizada?

El pasado lunes entró en vigor la nueva Renta Valenciana de Inclusión, que supone algunas novedades importantes respecto del programa de renta mínima que la precedió. Sólo una semana antes, el Gobierno de Navarra celebraba unas jornadas sobre este asunto en las que algunos expertos en políticas sociales y garantía de rentas compartimos mesas de debate con gestores, implementadores, técnicos y políticos en el campo de los servicios sociales y la lucha contra la pobreza y la exclusión. Las jornadas, enormemente productivas, arrojaron para muchos una agradable constatación: en muchas comunidades autónomas se están poniendo en marcha reformas de los programas tradicionales de rentas mínimas de inserción que aumentan tanto la generosidad como la incondicionalidad de dichas prestaciones, al tiempo que se introducen interesantes innovaciones en su diseño y gestión. Esto supone, sin duda, una tendencia a contracorriente de lo que ha sido la tónica habitual (con pocas excepciones) en nuestro país, pero también, en cierto modo, a nivel europeo, pues hoy día observamos más bien un preocupante giro hacia una mayor condicionalidad laboral y un recorte de la cobertura (como es el caso, por ejemplo, del ‘universal credit’ británico).

Las susodichas reformas, sin embargo, se están haciendo con relativa discreción y sin tanta proyección mediática como algunas otras experiencias (véase el experimento piloto de Finlandia sobre renta básica, que analicé en un artículo anterior en Agenda Pública), cuando en realidad introducen medidas muy similares, con la ventaja de aplicarlas en una política real y no en un programa experimental a una pequeña muestra de población. En mi opinión, los resultados de muchas de estas reformas (si su implementación no se frustra, y si los investigadores podemos obtener los datos necesarios de las respectivas administraciones) ofrecerán en unos pocos años mucha más información, y de mucha más calidad, que los de algunos experimentos que se airean día sí, día no, en los medios de comunicación.

El cuadro comparativo adjunto intenta resumir algunas de las características más innovadoras de las nuevas rentas mínimas en España. El color político de los gobiernos que las ponen en marcha es variopinto: desde gobiernos de partidos nacionalistas apoyados por nuevos y viejos partidos de izquierda (Navarra), pasando por gobiernos de coalición o acuerdos parlamentarios que incluyen a Podemos y otros partidos de izquierda en torno al PSOE (Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana), hasta algún Gobierno del PP con apoyo de Ciudadanos (La Rioja), e incluso experiencias nacidas en una Iniciativa Legislativa Popular independiente de los partidos (Cataluña). He incluido aquéllas que ya cuentan con una ley reciente aprobada al respecto, o al menos un proyecto de ley presentado en su Parlamento (como es el caso de Aragón). Algunas otras (como Castilla La Mancha) están también avanzando en proyectos similares aunque no se hayan concretado aún del todo, motivo por el cual no figuran en el cuadro. Finalmente, incluyo también el País Vasco que, aunque su programa es más antiguo, ha sido pionero y ha servido de referencia para muchas otras comunidades.

*SMI: Salario Mínimo Interprofesional; **IRSC: Indicador de Renda de Suficiència; ***IPREM: Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, una de las primeras cosas que el cuadro permite comprobar es que este último caso, aunque sin duda siga siendo el más avanzado en cuanto a intensidad protectora y cobertura, quizá esté siendo superado ya en cuanto a innovaciones en el diseño de los programas y la relajación de algunos requisitos para cobrar las prestaciones. Por ejemplo, si bien mantiene su papel pionero en cuanto a la lucha contra la trampa de la pobreza y la compatibilidad de las rentas mínimas con los salarios bajos, sigue manteniendo la condicionalidad de la prestación a la activación laboral y las medidas de inserción, algo que otras comunidades autónomas están relajando e incluso eliminando, convirtiendo dichas medidas en algo voluntario e incluso incentivado económicamente.

Todas las comunidades incluidas en el cuadro articulan sus rentas mínimas como un derecho subjetivo, no dependiente de disponibilidad presupuestaria, evitando así la discrecionalidad política al respecto. Todas otorgan también una duración indefinida (aunque sujeta a renovaciones periódicas), al cobro de la prestación mientras se mantenga la insuficiencia de ingresos. Es reseñable, asimismo, que muchas de ellas aprueben el silencio administrativo ‘positivo’ para las solicitudes (en caso de no respuesta de la Administración en el plazo legal fijado, se entiende concedida la prestación).

En el capítulo de las innovaciones aún no tan frecuentes, el programa navarro es el único que introduce un mecanismo automático de indexación independiente de decisiones políticas, al vincular la actualización de la prestación con indicadores como el IPC y el salario medio, en vez del Salario Mínimo Interprofesional o el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, índice de referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo). Estos dos últimos han estado muchos años congelados, con el consiguiente perjuicio para los beneficiarios de prestaciones indexadas a los mismos.

Por su parte, la nueva renta mínima de la Comunidad Valenciana incluye dos medidas de notable ambición: la automaticidad en el acceso a ayudas adicionales (becas de comedor, prestaciones farmacéuticas, gastos escolares, etcétera) para los beneficiarios, y el establecimiento de una modalidad de prestación que ni siquiera está condicionada a la disposición a aceptar ofertas de empleo (como lo sigue estando en el resto de los programas). Encontramos también innovaciones muy interesantes en cuanto a integración fiscal de las prestaciones en el caso navarro, un asunto sobre el que se ha avanzado poco en España y que merecería un análisis aparte.

Sin embargo, seguramente los dos tipos de medidas de mayor calado, y que la mayoría de las nuevas rentas mínimas introducen, sean la incondicionalidad, en diversos grados o modalidades, de la prestación respecto de la firma de un plan de inserción (algo políticamente impensable hace sólo una década); y el combate contra la trampa de la pobreza, permitiendo a los beneficiarios que acumulen a la prestación una cierta proporción de los ingresos salariales de que dispongan hasta un tope variable (algo que, si se articulase por la vía fiscal, estaría en la línea de los créditos fiscales para trabajadores que se han extendido por diversos países europeos durante las últimas dos décadas).

Todas estas medidas, muchas aún tímidas, abren ventanas de oportunidad para ir acercando los programas de rentas mínimas a auténticas rentas garantizadas (condicionadas únicamente a la insuficiencia de ingresos) y los aproximan también a algunos interesantes aspectos contenidos en la propuesta de la renta básica universal. De este modo, muestran que son posibles avances concretos que repercutan en una mejora palpable de las condiciones de vida de los hogares más castigados por la crisis, y que el debate sobre los modelos de garantía de rentas es más fértil cuando se plantean las condiciones de acceso a las prestaciones como una cuestión de grado de incondicionalidad más que de todo o nada. Por último, atestiguan que es posible hacer progresos desde administraciones subestatales como las comunidades autónomas que, una vez más, realizan una contribución importante a la lucha contra la pobreza, rellenando lagunas que deja la ausencia de una garantía de rentas adecuada a nivel estatal.

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.