La lucha contra la pobreza en España: la excepción vasca

El 7 de marzo de 1989, el diario El País publicaba un artículo del entonces Consejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, el nacionalista José Ignacio Arrieta, denominado Euskadi, ante la marginación. En él explicaba las razones por las que la Comunidad Autónoma del País Vasco había aprobado el Decreto que establecía el llamado Ingreso Mínimo Familiar, el primer caso de una Renta Mínima autonómica en España. El Gobierno de la comunidad vasca estaba entonces conformado por una coalición de gobierno del PNV y del PSE.

En aquel artículo de El País, el Consejero Arrieta afrontaba las acusaciones de que la prestación, popularmente conocida como salario social, iba a consolidar la marginación de la población en edad laboral a la que iba dirigida. Ésa era la tesis de Matilde Fernández, entonces Ministra de Asuntos Sociales del Gobierno de España. El sentido último de esta tesis quedó perfectamente reflejado en la siguiente sentencia: “hay que dar la caña y no el pez. Lo que hace el Gobierno vasco es dar el pez“. Defendido en Langreo a mediados de noviembre de 1988, el planteamiento reflejaba el claro distanciamiento de un gobierno que apostaba por las prestaciones no contributivas para la población situada fuera del ámbito laboral y las políticas que hoy llamaríamos de activación.

Parte de la animadversión del Gobierno de Madrid al salario social vasco se relacionaba con el liderazgo nacionalista en el proyecto. De hecho, la introducción de un sistema de rentas mínimas en Euskadi fue asumida de manera explícita por el Lehendakari Ardanza. Con anterioridad, uno de los principales impulsores fue el también nacionalista Jon Azua. Como antecesor de Arrieta, la preocupación por la pobreza de Azua fue la que de verdad puso las bases del cambio, impulsando una investigación cuyas conclusiones, presentadas en 1987, convencieron a la mayoría del Parlamento Vasco de la necesidad de actuar. Euskadi, una sociedad tradicionalmente próspera, había salido malherida de la reconversión industrial. La pobreza era una realidad más extendida de lo que se pensaba y los puestos de trabajo perdidos ponían en peligro el futuro laboral de las nuevas generaciones.

La posición del Gobierno de España se caracterizaba sin embargo por varios errores de percepción. Por una parte, la introducción de una política de garantía de ingresos en Euskadi no se limitaba a una mera prestación pensada para satisfacer las necesidades de supervivencia. Incluía actuaciones complementarias para resolver carencias relacionadas con el acceso a la vivienda, mejorar las condiciones de vida a largo plazo y actuar ante situaciones de emergencia. Ponía también énfasis en las políticas de inserción social y laboral.

Por otra parte, no se trataba de un proyecto exclusivo del PNV. Dado su componente interinstitucional, con participación de Ayuntamientos y Diputaciones Forales, en el desarrollo del Plan de Lucha contra la Pobreza participaron cargos institucionales vinculados a diversos partidos. En la segunda mitad de los años 90, la definitiva consolidación legal del conjunto del sistema incluso correspondió al Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social que entonces dirigía Ramón Jáuregui. Jáuregui, junto al también socialista Jesús Loza, ya había tenido un papel decisivo en 1989 para evitar un conflicto interinstitucional entre los gobiernos de Euskadi y de España.

En realidad, la política de garantía de ingresos acabó pronto por convertirse en una política propia del país, asumida por prácticamente todos los partidos con presencia en el Parlamento Vasco. Esto incluía al Partido Popular cuyo principal líder a finales de los años 80, Pablo Mosquera, se caracterizó por sus iniciativas parlamentarias para impulsar el proyecto de plan contra la pobreza que finalmente asumió Ardanza.

En cierta forma, a principios de los años 90, parecía que la política de Rentas Mínimas incluso llevaba camino de consolidarse como nuevo elemento del modelo de protección social en España. El compromiso de CCOO y UGT con esta medida, enmarcado en su Propuesta Sindical Prioritaria, contribuyó de manera decisiva a extender la propuesta vasca a otras comunidades autónomas. La introducción de la política de rentas mínimas en la Comunidad de Madrid fue decisiva en ese camino.

No es intención de este artículo profundizar en las razones por las que el sistema de Rentas Mínimas acabó por fracasar en lo que parecía un verdadero proyecto de reconfiguración del modelo de protección social en España. Y sería injusto afirmar que la acción de las Comunidades Autónomas en esta materia haya resultado por completo irrelevante. En algunos casos, como sucede en Asturias y en Navarra, los avances en el desarrollo del modelo han sido importantes.

Pero sí es evidente que sólo en Euskadi las políticas de garantía de ingresos han llegado a traducirse en un sistema por completo comparable a los del centro y norte de Europa, con componentes incluso originales en ese contexto. El sistema vasco de bonificación al empleo, introducido en el año 2000, se adelanta en varios años, por ejemplo, al paso que se da en Francia desde la RMI al actual Revenu de Solidarité Active (RSA). La paradoja es que, en los países del sur de Europa, el sistema vasco, un sistema autonómico por tanto, se ha convertido en el modelo más desarrollado de Rentas Mínimas.

La explicación radica en la voluntad política de los distintos equipos que se han responsabilizado desde 1989 de esta actuación en el Gobierno Vasco. Éstos buscaron inicialmente consolidar y mejorar la política de garantía de ingresos para luego mantenerla durante el difícil periodo de la crisis posterior a 2008. Vista en su conjunto esta actuación, desde sus orígenes hasta la actualidad, se trata de una verdadera excepción en el ámbito español. El hecho de que el País Vasco haya llegado a considerar este sistema como rasgo esencial del sistema de bienestar en su territorio es lo que explica que esta comunidad concentre en la actualidad más de un 40% del gasto autonómico en Rentas Mínimas.

¿Fue un error perseverar en la difícil y arriesgada apuesta que realizó el gobierno de José Antonio Ardanza y Ramón Jáuregui? Sería difícil encontrar a alguno de los políticos y técnicos que participaron de aquella apuesta inicial dispuestos a refrendar esta opinión. Las razones son fáciles de explicar para quienes conocen la Euskadi de hoy, por muy dura que resulte en ocasiones, y la sociedad desmoralizada, desgarrada y en muchos aspectos violenta que salía de la reconversión industrial. Euskadi corría entonces el peligro de convertirse en lo que ha representado Detroit en Estados Unidos: un ejemplo de la riqueza pasada y de la decadencia presente.

Pueden mencionarse algunos datos que ayuden a explicar los resultados de una política que no se diseñó únicamente para garantizar a corto plazo el acceso a unos recursos mínimos sino para preservar a largo plazo la estabilidad económica de la población vasca. Uno de ellos es el que se relaciona con la proporción de personas en hogares que no tienen recursos para abordar gastos extraordinarios. El 22,5% de Euskadi no sólo se aleja del 42,1% de España o el 36% de la UE-15. Alemania y Francia apenas bajan algo de esos niveles, con cifras entre el 33 y 34%. Con un 18,2%, sólo Suecia se sitúa por debajo de la CAE en este indicador. Este escenario explica la mayor estabilidad financiera de las familias vascas, su bajo riesgo de sobreendeudamiento y el comparativamente bajo impacto de los desahucios en Euskadi

El mecanismo de estabilización social y económica que se asocia a la política de garantía de ingresos contribuye también a explicar que Euskadi haya sido la comunidad menos afectada por el desempleo durante la última crisis, con una media del 13,3% entre 2009 y 2013 por 16,8% en Madrid, 19,7% en Cataluña y 22% en el conjunto de España. Es la única comunidad autónoma en el que el impacto medio del desempleo posterior a la crisis financiera de 2008 ha sido más de cinco puntos inferior al conocido en la crisis de los años 90.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA

No todo es perfecto en el modelo vasco y la gestión resulta con frecuencia difícil y mejorable. Pero el sistema de garantía de ingresos sigue situando al País Vasco en niveles de bienestar, prevención de la pobreza y limitación de la desigualdad que son propios de los Estados socialmente más avanzados en la UE. Y ello con un gasto social relativamente pequeño. La realidad es que una acción decidida y combinada del Estado y de las comunidades autónomas de régimen común podría sostener un sistema parecido al de Euskadi.

La política de garantía de ingresos desarrollada en Euskadi constituye, por tanto, un referente para quienes pretenden reducir la pobreza en España. Pero, más que en los números y resultados del sistema vasco, es en la política en lo que deben fijarse quienes tienen esa preocupación.

En el artículo de José Ignacio Arrieta ya comentado, éste señalaba que el 7 de marzo de 1989 iba a marcar “el inicio de una forma de articular socialmente el país” y hacía referencia a que la aprobación de la acción contra la pobreza no respondía a una situación de bonanza política sino a “una opción política clara” de lucha contra las nuevas formas de pobreza. Y esto era así “porque en Euskadi hemos asumido la marginación no como un problema del que la padece, sino de la sociedad”. En realidad, la verdadera excepción vasca consiste en que, casi treinta años después, la gran mayoría de los representantes políticos de esa Comunidad Autónoma siguen haciendo suyo ese principio.

Autoría

3 Comentarios

  1. Luis Moreno
    Luis Moreno 10-13-2015

    Ojalá la iniciativa vasca incentivase la mímesis autonómica en el resto de nacionalidades y regiones. Esclarecedor artículo de uno de los principales inductores de la implementación de las rentas mínimas y de la construcción de una ‘malla de seguridad’ ciudadana en España.

  2. Alfonso Lopez
    Alfonso Lopez 10-13-2015

    Merece la pena el articulo y difundir esta idea oor el resto del estado, a ver si otras comunidades deciden impulsar algo parecido.

  3. Edurne Baranano
    Edurne Baranano 10-16-2015

    las politicas publicas necesitan sustentarse sobre valores que las legitimen. Si ademas disponemos de un tiempo de aplicacion dilatado, que nos proporciona datos de los efectos, como es el caso, merece ser analizado en otros entornos.

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.