La (in)sostenible ingobernabilidad italiana

Como era de prever en virtud de los resultados electorales del 4 de marzo, a Italia le cuesta formar gobierno. El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha tenido que abrir  hasta tres rondas de consultas para que los partidos intenten resolver el rompecabezas post-electoral que imposibilita la creación de una mayoría parlamentaria estable. Que se tarde algunas semanas, o hasta meses, en configurar un Ejecutivo no es ni muy grave ni atípico. En la historia de la Italia republicana (del 1946 al 2016), el tiempo medio de gestación oscila entre 32 y 67 días, dependiendo de que el nuevo Gobierno sea el fruto de unas elecciones o surja, en cambio, de una crisis parlamentaria.

Un poco de retraso tampoco es una anomalía sólo italiana. Desde la posguerra, en Europa los gobiernos tardan de media 26 días en tomar posesión, con Austria, Bélgica, Portugal, España y Holanda ubicadas por encima de este valor (80 días, por ejemplo, para formarlo en Holanda).

Al margen del debate sobre si una ley electoral diferente del Rosatellum Bis habría producido escenarios más estables (aunque en Italia los premios de mayoría son inconstitucionales), el punto clave es entender que las urnas han dibujado un país social y territorialmente fragmentado. En la línea del nuevo relato sobre la globalización que divide entre ganadores y perdedores, es evidente que el ascenso de las fuerzas de matriz populista, euro-crítica y con una fuerte carga anti-sistema puede interpretarse –al igual que en los otros países– como una reacción de los perdedores a los sufrimientos inducidos por la recesión económica, las políticas de austeridad y los recortes presupuestarios.

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Por ejemplo, los jóvenes italianos –con una tasa de desempleo del 31,5%, según el Eurostat de febrero pasado– han apostado masivamente por La Lega y el M5S. Si consideramos los millennials (nacidos en 1999) que votaron por primera vez en los últimos comicios, la distribución de sus preferencias ha premiado claramente al M5S (43% de los votos) y La Lega (19%). Los desempleados explicarían, en cambio, el éxito clamoroso del M5S en el sur, un territorio antiguamente feudo democristiano.

Desde el punto de vista geográfico, los resultados confirman una profunda fractura social entre un norte rico, conservador y con rasgos, en ciertos casos, excesivamente nacionalistas y xenófobos,  y un sur pobre, asistencialista y muy sensible a las promesas (o ilusiones) de quienes les ofrecen medidas para estabilizar su precario poder adquisitivo.

Varios análisis post-electorales confirman que la raíz del actual laberinto político italiano reside en la incompatibilidad entre los dos principales ganadores de las elecciones: el M5S y La Lega. No obstante, Luigi di Maio y Matteo Salvini comparten ideas sobre pensiones, Europa, mercado laboral e inmigración, aunque ambos partidos pescan en dos electorados territorialmente diversos y proponen medidas que difícilmente son conciliables.

Un análisis del voto sobre base comunal confirmaría esta  hipótesis, al evidenciar una fuerte relación negativa entre el éxito del M5S y los votos obtenidos por La Lega. En los territorios donde gana el primero pierde el segundo, sugiriendo de esta forma que las dos fuerzas no son complementarias.

En virtud de estas discrepancias, el M5S –primer partido, con el 32,7% de los votos, 10,7 millones de ciudadanos– ha rehuido hasta ahora de los acuerdos con La Lega que, a su vez, no se ha atrevido a deshacerse del todo de Silvio Berlusconi (condición imprescindible para un acuerdo) ni ha podido –por obvias razones electorales– aceptar la implementación de la renta de ciudadanía, la medida estrella propuesta por el M5S. El reddito di cittadinanza ha sido, de hecho, la razón por la que el movimiento ha arrasado en el sur italiano, y eso que se parece más al subsidio de desempleo español que a un basic income universal. Según algunas estimaciones, esta medida costaría a las arcas del estado entre 15.000 y 30.000 millones de euros, casi el 2% del Producto Interior Bruto.

Desde el otro bando, la coalición de centro derecha (La Lega, Forza Italia, Fratelli di Italia y alguna otra formación menor)  ha sido el grupo político más votado con el 37% de los votos (12,1 millones de ciudadanos). Sin embargo, la coalición no ha podido sacar adelante un Gobierno liderado por el polémico Salvini. Con la cuestión del aún incandidatable Berlusconi como telón de fondo (¿Cuál podría ser su papel en una mayoría de gobierno, visto el ostracismo del M5S y las ganas de Salvini de hacerse con el liderazgo del centro derecha?), la campaña electoral de los conservadores ha cabalgado sobre la promesa de un flat tax que reduciría y simplificaría la presión fiscal sobre las clases medias. La idea ha cuajado entre los trabajadores y pensionistas del norte, que tienen salarios nominales más altos y también un elevado coste de la vida. Considerados los costes de la reforma (estimados en una pérdida de ingresos del entorno de los 60.000 millones de euros) y las obligaciones presupuestarias que marca Bruselas, se trata de una propuesta todavía difícil de implementar; más aún si hubiera que ponerla en marcha conjuntamente con la renta de ciudadanía propuesta por el M5S.  

Todas estas maniobras ocurren en un escenario en el que la continua hemorragia de votos de la izquierda italiana (seis millones de votos perdidos en los últimos 10 años y 2,5 millones en menos que en las elecciones de 2103) convierte al partido del ex premier Paolo Gentiloni y del ex secretario Matteo Renzi en un actor temporalmente irrelevante. Un partido para las elites –como señalan los análisis sociológicos del voto–, atractivo sólo para unos jubilados nostálgicos de los gloriosos tiempos de Enrico Berlinguer y para lo que queda de la clase media (medio-alta), urbana e instruida.

Teóricamente, vale la pena recordar que la aritmética permitiría una coalición entre M5S y PD, una eventualidad que los análisis postelectorales no descartan absolutamente al haber detectado cierta complementariedad entre los electorados de las dos formaciones. Sin embargo, la distancia sobre ciertas áreas fundamentales (inmigración y reforma laboral, por ejemplo) y las dificultades de liderazgo interno en el Partitdo Democrático (PD) han dinamitado desde el principio esta opción política. Parece que la corriente interna del PD liderada por el aún poderoso Matteo Renzi prefiere curarse las heridas desde la oposición y rechaza abiertamente apoyar a un M5S que, en el curso de la pasada legislatura, se prodigó con una feroz y agria acción de oposición.

Quizás el ex secretario del PD Renzi tenga sus razones para mantener diferencias profundas con M5S. Observando los datos relativos al voto de diputados y senadores durante la XVII legislatura (2013-2018), la plataforma Open Parlamento, del observatorio Openpolis, evidencia que ambas formaciones son las más distantes y que apenas han votado de manera conjunta en el 26% de las ocasiones.    

Ante tanto caos, y sin salidas estables la vista, el transformismo político italiano suele parir los que se conocen como ‘gobiernos técnico’s, las ‘amplias coaliciones’ o las de (des)’unidad nacional’. Gobiernos impulsados por el presidente de la República, guiados solamente por alguna personalidad de prestigio, proveniente a menudo del mundo de las instituciones y sin color político previamente marcado (el caso de Mario Monti, sólo para citar un ejemplo reciente). Un Ejecutivo de estas características tendría escasa autoridad política y se limitaría a cumplir las severas obligaciones europeas y –por qué no– a seguir repartiendo cargos públicos y prebendas a los fieles de todos y cada uno de los partidos del espectro parlamentario.

Ante esta amenaza, Berlusconi dio a regañadientes un paso atrás y comprometió la abstención de Forza Italia, lo que permitiría la investidura de un presidente del Consejo de Ministros apoyado por M5S y La Lega. Veremos en los próximos meses cuál será el coste político de tal acuerdo para el conjunto de los italianos, que anhelan desde ya hace mucho un Ejecutivo capaz de dar respuestas a las innumerables demandas sociales en un país en el que el 30% de sus ciudadanos viven en condiciones de exclusión social o riesgo de pobreza.

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