La influencia del sector privado en los nuevos acuerdos comerciales

En los últimos años, la negociación de los dos grandes tratados de libre comercio, TTIP (EEUU/Unión Europea) y TTP (Estados Unidos y una decena de países del Pacífico), ha puesto sobre la mesa de debate la enorme complejidad de estos acuerdos y la dificultad de medir su impacto futuro. Esta discusión, que engloba las consecuencias que tendrán no sólo para los países firmantes, sino para diferentes sectores económicos y estratos sociales dentro de los mismos, se ha complicado conforme los tratados han ido paulatinamente incluyendo diferentes líneas de negociación que trascienden, y mucho, al sector comercial y que generan trade-offs difíciles de medir en ámbitos anteriormente poco contemplados en estas discusiones. Más allá de las disputas sobre aranceles, los nuevos acuerdos sientan las bases de los estándares de calidad y producción, los niveles de protección de la propiedad industrial/intelectual, las reglas de seguridad y salud pública, las condiciones para las inversiones privadas, las normas para los flujos de capitales y un sinfín de cuestiones que condicionan, y restringen, los ámbitos de actuación de los estados de dirigir no sólo su política económica, sino laboral, social, medioambiental y un largo etcétera. La llegada del proteccionismo con Donald Trump ha puesto en cuestión todas las bases que sustentaban estos acuerdos y e incluso el propio sistema de libre comercio en general. En este contexto, cabe preguntarse cómo se negocian estos acuerdos y qué rol dejan al sector privado.

En su último artículo, Dani Rodrik, cuestiona la linealidad previamente asumida, tanto por la ortodoxia académica como gubernamental, de que los tratados de libre comercio generan relaciones win-win entre los firmantes. Rodrik plantea que, en la enorme complejidad de los nuevos tratados, existe un amplio espacio en el que los intereses privados pueden llegar a desviar las negociaciones de la búsqueda del interés general. Además, argumenta, en la negociación de estas nuevas cuestiones no existen estándares internacionales que permitan medir cuál es el nivel óptimo de regulación/desregulación (¿existe en la implementación de los derechos de propiedad intelectual? ¿Cuáles deben ser los estándares de protección al consumidor en el ámbito alimentario? ¿Qué regulación de entrada y salida de capitales es la idónea para fomentar crecimiento económico?) y, por consiguiente, se abre un nuevo escenario para la generación de ganadores y perdedores tras las negociaciones.

En este sentido, la participación del sector privado en las negociaciones de acuerdos comerciales ha sido una constante en la historia del comercio internacional: son ellos los primeros afectados (aunque no los únicos) y no se puede prescindir de su conocimiento técnico para evaluar las tendencias del comercio. Sin embargo, anteriormente, la reducción de estos acuerdos a cuestiones puramente arancelarias hacía que el análisis de las consecuencias de una determinada política comercial fuera relativamente transparente (podía incluso ser modelizada con mayor o menor acierto), y la participación (e influencia) de los lobbies podía ser trazada y contrarrestada en caso de contradecir el interés general del país. Esta práctica de inclusión del sector privado se ha mantenido intacta y se ha reforzado progresivamente en la nueva generación de acuerdos. Los grandes grupos empresariales saben que se la juegan en los detalles que se negocian y que los resultados tendrán implicaciones directas en sus cuentas de resultados. Esto, unido al habitual secreto que acompaña a las negociaciones, ha contribuido a crear un clima de sospecha sobre éstas y sobre los acuerdos, así como un alto nivel de percepción de incertidumbre sobre sus resultados.

En mi experiencia en procesos de negociación de tratados de libre comercio (centrada en países en África, con todas las limitaciones que esto tiene para extrapolarla, especialmente en las regiones de SADC y Comesa), la presencia de representantes del sector privado en las mesas preparatorias de las negociaciones es constante y sus posturas son, en muchos casos, opuestas dentro incluso de los mismos sectores. Por otro lado, la enorme dificultad para abordar todos los asuntos generan una brecha clarísima de capacidades, ya argumentada en los procesos de negociación de la OMC por el propioGeorge Soros, y especialmente en la Ronda de Uruguay, cuya consecuencia es que aquellos gobiernos con menor capacidad (y voluntad, si contemplamos también la propensión a la corrupción) de afrontar estos procesos sean mucho más vulnerables a la capacidad de influencia del sector privado y a los abusos de las otras partes.

En un trabajo reciente con el Departamento de Comercio Internacional de un Gobierno africano tuve que explicar el porqué una determinada posición sólo favorecía a una sola empresa del sector cárnico nacional: era un único artículo de un apartado con más de 57 páginas de un proceso que claramente podrá alcanzar las 1.500. Su inclusión estaba promovida por un actor privado y se apoyaba en la falta de capacidad de la contraparte pública de entender las consecuencias de aceptar un simple estándar de calidad de producción de carne de vaca. A cambio, este actor le había dado al Gobierno la capacidad técnica para negociar muchos otros asuntos de ese y otros sectores.

Esta falta de capacidades y de creciente influencia del sector privado en las negociaciones se reproduce, aunque nos extrañe, en las negociaciones de los tratados entre países desarrollados. De acuerdo con el Corporate Europe Observatory, de 597 encuentros que el equipo de negociación del TTIP había mantenido con agentes terceros entre 2012 y 2014, 528 fueron con lobistas del sector privado. Este elevado número de reuniones puede ser indicativo de que los resultados de las negociaciones no son tan claros como parecen; de ahí que, durante el proceso negociador, se dediquen tantos recursos a condicionar su contenido. De hecho, si no existen las capacidades necesarias, los resultados pueden acabar reforzando el interés de unos pocos frente a los de la mayoría. Esto no quiere decir que la participación del sector privado en las mesas preparatorias sea necesariamente negativa, sino que hay que ser consciente de que los acuerdos de libre comercio de nueva generación tienen una complejidad que favorece su capacidad de acción y, como asegura Jeffrey Kucik, la falta de transparencia puede dejar fuera los intereses de aquellos que no están presentes en las rondas.

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