La independencia (judicial)

Los jueces son de carne y hueso. Con frecuencia se oye hablar de la obligada confianza ciudadana en los jueces y del debido respeto por su independencia. Y, ciertamente, las leyes garantizan dicha independencia con respecto a los poderes ejecutivo –es la más sensible– y legislativo, y se les intenta salvaguardar de posibles presiones pagándoles un sueldo digno, aunque actualmente desactualizado en demasiados casos si se piensa en la tremenda responsabilidad que les compete y los habituales ingresos de muchos abogados que actúan ante ellos.

Pero con todo lo anterior acostumbra a olvidarse que los jueces son seres humanos, aunque representen a un poder del que se supone absoluta objetividad y neutralidad. Al final se trata de simples personas que pueden equivocarse y estar sometidas a todo tipo de influencias y pasiones. En realidad, no reciben la más mínima instrucción o formación para aprender a soportar las presiones.

Y las presiones existen en todos los planos, y no es nada sencillo resistirlas. Un juez tiene un entorno de familia y amigos, así como un entorno laboral. Es inevitable que con las personas de esos ambientes hablen a veces de los casos que deben resolver, habitualmente sin identificar a los litigantes. Pero cuando el caso es famoso, sólo los más tímidos, prudentes y respetuosos de esos entornos se abstienen de hablarles del asunto. Sin embargo, es irreal pensar que sus íntimos de los tres colectivos citados –familia, amigos y compañeros– no lo hagan. De hecho, pueden llegar hasta a “deliberar” con ellos. Tampoco escapan los jueces de los medios de comunicación, que también escuchan y, como cualquier otra persona, pueden ser influídos por los mismos. De todas esas irregulares “deliberaciones” pueden salir pronunciamientos judiciales. Los jueces especialmente discretos actúan con sigilo, simplemente no comentan nada con nadie y apagan la radio o el televisor y desde luego prescinden de las redes sociales cuando se habla del asunto que llevan. Pero no puede asegurarse que esa sea la norma general.

Otras presiones son todavía más directas y, sobre todo, angustiosas. En la carrera judicial se anhelan ascensos y destinos que dependen de decisiones muchas veces personales de otros jueces o autoridades que están en una posición que les facilita la influencia en la decisión, o que sencillamente se hallan mejor relacionados con quienes deben resolver el ascenso o traslado. En esos contextos puede producirse, sin duda, el tráfico de influencias para guiar una decisión judicial en un proceso concreto. No digo que se produzcan esas presiones, ni mucho menos, pero que las mismas no sucedan –o al menos no tengan efecto– depende exclusivamente de la bonhomía de los que tienen el poder fáctico o de la resistencia personal del propio juez. Ningún mecanismo eficaz existe en nuestras leyes para garantizar que esas influencias –muchas veces delictivas– no se produzcan.

De esa imagen que se intuye entre tinieblas surge en muchas ocasiones –demasiadas– la denuncia de la –habitualmente inexistente en democracia– corrupción de los jueces. Criticarles injustamente sale gratis, porque todo resulta tan sencillo como discrepar de su resolución y poner el ventilador ideológico en marcha, etiquetando al juez como próximo a una u otra tendencia. Y es que aunque ni mucho menos sea la norma general, a veces sucede que el juez no ha hablado con nadie del asunto pero su propio condicionamiento ideológico –más conservador, más progresista, más punitivo, más libertario, etc– va a orientar su juicio. Y ello, cuando acontece, se traduce simplemente en que el juez sigue sus prejuicios a la hora de juzgar, lo que es inaceptable.

Ante tal cantidad de influencias y peligros cabría preguntarse cómo es posible que los seres humanos confiemos simplemente en el parecer de otra persona –el juez– para tomar decisiones trascendentales en nuestra sociedad. La respuesta a esa pregunta no es nada fácil histórica, filosófica y antropológicamente, aunque puede decirse que hemos optado por atribuir esas difíciles decisiones a personas a las que exigimos un nivel de formación jurídica muy avanzado, de tal modo que pensamos que sus conocimientos, por su propio peso y contundencia, les alejarán de los instintos más pasionales a la hora de emitir su juicio. Y debe decirse que normalmente funciona este sistema.

Sin embargo, falla puntualmente por todas las razones antes indicadas, y por ello hay que ir más allá en las garantías. Todos los ascensos y destinos debieran depender de nombramientos automáticos siguiendo criterios netamente objetivos, sin influencia de persona alguna. Además, exactamente igual que otros profesionales, los jueces debieran ser evaluados psicológicamente al asumir sus funciones. Lo exige la tremenda responsabilidad que implica el oficio de juzgar. Uno de los objetos de esos exámenes, que debieran prepararse con gran cuidado, es obvio: alejar a los fanáticos o a los más influenciables al menos de los juicios de mayor compromiso ideológico. No se trata de perseguir ideologías, ni mucho menos, sino de distanciar a las personas que se vean gobernadas por dichas tendencias de pensamiento en decisiones que, en puridad, nada debieran tener que ver con ellas.

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