La guardia pretoriana de Theresa May

Theresa May se ha colocado a sí misma ante una ardua encrucijada, de dificilísima, si no imposible, superación. Tras las elecciones del 8 de junio carece de la autoridad política y de la mayoría social suficientes para proseguir su rumbo de un “Brexit duro”, el que pretendía desgajar al Reino Unido tanto del mercado interior como de la unión aduanera europea, esto es, los ámbitos típicos de sus principales intereses tradicionales.

Y al mismo tiempo la “guardia pretoriana” de los conservadores eurohostiles en cuyos brazos la primera ministra se ha dejado progresivamente aprisionar, está fuertemente conjurada para impedir cualquier otra salida al enredo. Una salida alternativa que indefectiblemente se plasmaría en alguna fórmula de “Brexit blando”, en esencia reducible a la continuidad de una relación comercial potente con la Unión Europea (UE) a través del Espacio Económico Europeo (EEE).

La aplicación del concepto de “guardia pretoriana” al caso británico se debe al profesor de Oxford Paul Craig, el principal jurista público británico especializado en temas europeos y coautor del manual de derecho comunitario que se ha elevado a cánon en la isla. Así lo explicó en un reciente coloquio organizado en Barcelona por Agenda Pública y el Instituto de Investigación Transjus: se trata de un colectivo del partido tory “muy comprometido, de ideas muy establecidas, empeñado en aplicarlas sin importarle su coste”. Abarca a “un número muy limitado de personas conjuradas, quizás una veintena, apoyado por un segundo círculo de unos sesenta dirigentes”, adeptos a aplicar la estrategia de que la mejor defensa es un buen ataque. Con ella han cosechado éxitos, como forzar a Cameron la convocatoria de un referéndum que “nunca debiera haberse celebrado” al igual que las recientes elecciones.

Esa guardia pretoriana radical seguirá apoyando durante un tiempo a May (aunque a esta le será difícil culminar la legislatura). Y es que la ven como dique de lo que más teme, que se abra paso la “solución noruega”, a la que no le harían ascos incluso ministros del Gabinete como el canciller del Exchequer, Phillip Hammond (quien estuvo en la cuerda floja antes de las elecciones y tuvo que ser ratificado tras ellas). Pero esa salida, que supone seguir formando parte del EEE (y por tanto del mercado interior y de la tarifa exterior común), incluye las condiciones contra las que los secesionistas radicales más agriamente se movilizaron: aceptar la libre circulación de trabajadores y aportar significativas contribuciones financieras a la Unión. Con la desventaja, respecto de la pertenencia a la UE, que excluye la participación política directa en la elaboración de las normativas comunitarias. Así que se revelaría una “situación peor que la de formar parte de la UE” y desembocaría en “cuestionarse públicamente la conveniencia del Brexit”, como bien sintetiza Craig.

Ahora bien, la solidez argumental de los “duros” choca una y otra vez contra la realidad social y política. Contra la débil mayoría social conseguida en un referéndum que no fue para nada un modelo democrático (al falsearse la información); contra las dificultades registradas durante un año en el plan de fraguar acuerdos comerciales distintos a los europeos (los presuntos socios prefieren pactos con una comunidad de más de 400 millones de consumidores que con otra de apenas 65 millones); contra los daños colaterales del apoyo que presta al Brexit su principal padrino internacional, Donald Trump, frecuentemente en forma de bumerán…

Y ahora, nuevamente, contra la cohesión territorial interna del propio Reino Unido. El propio referéndum ya suscitó respuestas contrarias a la mayoritaria, o al menos reticentes, en Escocia, el Ulster y Gibraltar. El débil pacto parlamentario que May ha trabado con los unionistas norirlandeses para conseguir una mayoría de gobierno suficiente será costoso: se excluye de entrada un acuerdo permanente y detallado, por lo que se acudirá a pactar medida por medida y ley por ley, con lo que ello entraña de volatilidad, contradictoria con la pretensión electoral de convertir a la primera ministra en una líder “estable y fuerte”. Además, los herederos del cura Ian Paisley son lógicamente partidarios de un Brexit “blando” en el sentido de que la nueva frontera con la República de Irlanda sea lo más porosa posible, pues es lo que salva su comercio interior, su mejorada prosperidad y las relaciones cotidianas de sus familias. Y un acuerdo así corre el riesgo de quebrar la neutralidad ante los distintos agentes del Ulster a la que el Gobierno británico viene obligado por los Acuerdos de Viernes Santo que pacificaron el territorio: el Sinn Fein de Gerry Adams podría boicotearlo, ya personándose en la Cámara de Westminster (a lo que hasta hoy se niega), lo que podría minorizar al Gobierno, ya activando un referéndum de asociación a la República irlandesa.

Para mayor complicación surgirá ineluctablemente el problema financiero. La secesión de Europa implicará que los fondos regionales comunitarios, hasta ahora destinados con abundancia al Ulster gracias a la política de cohesión, deberán ser reemplazados por el Tesoro británico. Ahora bien, el reparto de los flujos entre las distintas naciones del Reino obedece desde 1978 a la “fórmula Barnett” (por Joel Barnett, su inventor), según la cual los gastos adicionales que se financien a un territorio deberán comprometerse también con los demás, lo que creará tensiones presupuestarias, en un escenario de probable contracción económica nacional.

Así que a perro flaco todo son pulgas. La historia vuelve a enseñarnos que entregarse a las guardias pretorianas fragiliza a los césares.

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