La gestión sudamericana de la crisis migratoria venezolana

Entre 2017 y 2018, la crisis política, económica y social en Venezuela produjo la salida del país de 2,3 millones de sus ciudadanos. Si bien la cifra representa el 7,5% del total de la población, en las últimas semanas la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó sobre la posibilidad de que la migración masiva de venezolanos que huyen del Gobierno de Nicolás Maduro adquiera las mismas dimensiones que el problema de los refugiados en Europa. 

La magnitud del fenómeno, agravado por las recientes medidas económicas adoptadas por el Gobierno venezolano, obliga a pensar con qué herramientas cuentan los países sudamericanos para gestionar grandes flujos migratorios en contextos donde los recursos materiales para afrontarlos distan enormemente de aquéllos con los que cuenta el bloque europeo. En este sentido, factores como la cobertura mediática del fenómeno, la situación económica, la estabilidad o inestabilidad política de los países de acogida y la influencia que las tendencias internacionales de securitización y criminalización de la movilidad humana ejercen sobre las elites políticas locales debieran ser tenidos en consideración a la hora de analizar el rumbo de la gestión de las políticas migratorias de los países receptores, toda vez que la migración se ha vuelto un problema con consecuencias tanto políticas como electorales.

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En perspectiva histórica, la región ha tendido a seguir dos trayectorias en lo que a regímenes migratorios se refiere: de mayor restricción durante las décadas del 60 y principios de los 70, y de mayor apertura a mediados de los años 70. Estos vaivenes en la gestión sudamericana de la movilidad humana estuvieron influidos tanto por el contexto internacional de Guerra Fría como por los factores domésticos y/o regionales, los cuales se encontraban dominados por el paradigma de la seguridad nacional, que sirvió de estructura a los regímenes cívico-militares de entonces. 

En este sentido, y como bien argumentan Diego Acosta y Luisa Feline Freier, el advenimiento del siglo XXI dio paso a un cambio importante en el paradigma de la gobernabilidad migratoria a nivel nacional y regional, que se caracterizó por una liberalización del discurso y un enfoque del sujeto migrante desde la óptica de los derechos humanos. De acuerdo con los autores, esta nueva perspectiva se reflejó en las conferencias sudamericanas sobre Migración, que hicieron hincapié en el abandono del paradigma de securitización y criminalización de las migraciones, para estructurar y fijar las bases de un modelo basado en el desarrollo humano. 

Este nuevo paradigma migratorio surgido durante la primera década del siglo XXI en América del Sur dio origen a diversas iniciativas comunes, como son los casos del Acuerdo de Residencia del Mercosur, el Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del Mercosur, Bolivia y Chile y el Estatuto de la Ciudadanía Mercosur, que tuvieron que afrontar ciertas dificultades para su total aplicación. 

Con la reconfiguración política de los últimos años a nivel local y los cambios en las estructuras de poder a nivel global y regional, la gestión de las migraciones en América del Sur fue mayoritaria –aunque no exclusivamente– alcanzada por una nueva retórica de seguridad. En este sentido, el reforzamiento de medidas de control fronterizo, así como también la incorporación de medidas que tienden a reducir la recepción de flujos y a dificultar la regularización del estatus migratorio, se han vuelto moneda corriente en buena parte de los países de la región tras las crisis en Venezuela. De esta manera, las nuevas administraciones de Argentina, Perú, Brasil y Chile, dibujaron un nuevo panorama migratorio que hasta el momento alimenta una agenda que –a pesar de conservar su visión en los derechos humanos– tiende a emular las ideas del Norte y por ende, a volverse más restrictiva. 

En este escenario, las respuestas más recientes de los estados sudamericanos a la mayor crisis migratoria de las últimas décadas han sido variadas (véase cuadro). Muchas de las cuales han introducido sendas modificaciones a las leyes de extranjería, y todas se han basado siempre en el fundamento nacional de la gobernabilidad migratoria que caracteriza a América del Sur. 

Fuente: elaboración propia.

Siguiendo el cuadro, las respuestas sudamericanas a la crisis venezolana han fluctuado entre a) países que han incrementado las restricciones en sus políticas migratorias (Argentina, Brasil, Perú y Chile), b) países que han llevado a cabo una gestión de regularizaciones casi automática (Ecuador, Uruguay y Colombia) y c) una búsqueda coordinada de mayor cooperación regional para gestionar los flujos masivos, lo cual dio origen a la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la región.

Este panorama regional indica que Sudamérica está claramente dividida en cuanto a la gobernabilidad migratoria. Pero la respuesta a tal divergencia no es unívoca. Por un lado, la percepción sobre la migración, y la trayectoria histórica que ésta ha seguido, puede dar indicios de por qué algunos estados están gestionando mejor que otros la crisis venezolana. En esta misma línea, el crecimiento de la xenofobia y la discriminación, junto con una cobertura mediática tendenciosa hacia la población migrante, han allanado el camino para la implementación de medidas más restrictivas –como es el caso de Brasil y su polémica medida de militarizar su frontera con Venezuela tras el incidente en Roraima-, pero también han alentado la irregularidad de la migración.  

Por otra parte, la aplicación de mayores controles a la migración esta en consonancia con las tendencias internacionales hacia la securitización, la criminalización y la disuasión (deterrence) del fenómeno. En el caso sudamericano, la región tiene importantes problemas de (in)seguridad, derivados sobre todo del crimen organizado (narcotráfico, trata y tráfico de personas, etcétera). En este sentido, la aplicación de agendas migratorias más rigurosas y restrictivas tiene como principal objetivo generar una imagen de control frente a un mundo que cada vez levanta más alta la vara de la seguridad.

Por último, y no por ello menos importante, resta indagar el rol que los mercados de trabajo de los países de acogida tienen sobre la población migrante en general y la venezolana en particular. En este sentido, no está claro cuánto influye uno sobre la otra. Sin embargo, los flujos migratorios pudieran estar condicionados y/o ser mucho más sensibles de lo que se estima a las fluctuaciones macroeconómicas de los países de acogida. Esto podría explicar el rol de país de tránsito de Paraguay, o la importante afluencia de ciudadanos venezolanos a países como Perú, cuya previsión de crecimiento es del 4% para 2018.

En el mundo, hay 244 millones de migrantes internacionales, lo que significa que un 3,3% de la población vive en un país distinto al que nació, lo cual se explica, a su vez, a través de diversos factores: desde el cambio climático al crecimiento de las autocracias, pasando por las crisis económicas, las guerras y el crimen organizado. En América latina, el fenómeno no es nuevo ni ajeno. La violencia centroamericana, la inseguridad y pobreza en México, el colapso estatal en Haití y la reciente crisis política, económica y social en Venezuela indican que la migración intrarregional seguirá creciendo. A raíz de esto, resulta menester preguntarse: ¿cuán condicionados y preparados en términos de infraestructura y recursos económicos y humanos están los estados latinoamericanos para hacer frente a los flujos migratorios y a la integración política, laboral y social de los inmigrantes, teniendo en cuenta sus propias realidades de subdesarrollo?. La respuesta está abierta a debate.

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