¿La financiación de la cultura es regresiva?

John W. O’Hagan, en un reciente artículo publicado en el Observatorio Social de “la Caixa”sobre la asistencia a actividades artísticas y culturales financiadas con fondos públicos, examina dicho tópico y concluye que existen evidencias de que cuanto mayor es el nivel de formación de las personas, más consumo cultural realizan, incluyendo en dicho ámbito lo que se podría considerar “alta cultura” (ópera, ballet, teatro, museos o bibliotecas), tal y como resulta de la siguiente tabla del estudio referido:

Fuente: extraído de O’Hagan (2016).

Resulta además significativo que los datos existentes en España que miden los mismos parámetros no difieren significativamente de las medias europeas.

Si se considera, adicionalmente, que mayores niveles de formación conllevan, por lo general, niveles económicos más elevados, podría pensarse que existe una correlación entre riqueza y asistencia a actividades culturales y artísticas. Ello pudiera hacernos pensar, en pura hipótesis, que el poder económico personal determina el consumo cultural, acaso por que las clases con un nivel económico más bajo no pueden permitirse pagar unos precios acaso demasiado elevados.

No obstante, O’Hagan propone otra causa de inasistencia a tales eventos culturales, que es que las clases con menor formación tienen un menor interés en actividades de “alta cultura”, siendo éste –y no el precio de tales eventos– el aspecto determinante para explicar el comportamiento de determinados sectores de la población. Por el contrario, los ciudadanos con mayor formación –y, paralelamente, por lo general, con un poder adquisitivo más elevado– se interesan más por los eventos culturales ya sea por sus mayores capacidades cognitivas y de procesamiento de información, como expresión de su estatus social o por ambas razones. Todo ello se refleja en la siguiente tabla:

Fuente: extraído de O’Hagan (2016).

Siendo así, concluye el autor citado que “no es el precio ni la falta de instalaciones (…) lo que disuade de consumir alta cultura. La falta de interés es, con creces, la primera barrera (…)”, de manera que “una intervención basada en el precio o en programas de divulgación no se traducirá significativamente en un mayor consumo por nivel educativo”.

Todo ello puede conducirnos a una reflexión relevante: si los poderes públicos financian la alta cultura que consumen esencialmente las clases con mayor poder económico, ¿no sería este un gasto regresivo en el sentido de que se subvenciona a quienes menos lo necesitan? O’Hagan asevera, no obstante, que “se debe ser prudente (…) antes de afirmar que la financiación pública de la alta cultura es regresiva y desvía dinero de los pobres a los ricos”, e indica que existen otros beneficiarios de la financiación pública de las actividades artísticas y culturales antes referidas, como serían los propios productores, creadores, artistas, el turismo cultural y el fomento de la innovación y experimentación en las artes.

Pues bien, la financiación de la cultura con cargo a fondos públicos es un lugar común en todos los países. En España, tales políticas pueden justificarse en la propia Constitución (preámbulo, arts. 9.2, 44, 46, 48 o 50, entre otros). Y algo similar ocurre en el ámbito europeo (vid., por ejemplo, el art. 167 del Tratado de la Unión Europea). En definitiva, es en principio lícito que los poderes públicos destinen fondos públicos a la promoción de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones, sobre todo en lo que se concibe como los aspectos más exquisitos de la misma, en muchos casos antieconómicos salvo que exista un apoyo oficial.

Ahora bien ¿es enteramente discrecional el destino de fondos públicos para eventos culturales? Podría, en principio, pensarse que se trata de una opción política y, como tal, dotada de una discrecionalidad técnica admisible jurídicamente en cuanto no derive en arbitrariedad y no haya existido una desviación de poder o alguna otra anomalía que vicie enteramente el acto.

Ello, sin embargo, no es enteramente así. Nuestra Constitución exige en su art. 31.2 que las políticas de gasto público realicen una “asignación equitativa de los recursos públicos”. Y si bien se trata de una expresión indeterminada, resulta necesario concretar su significado. Particularmente, lo mismo que en lo que respecta a los ingresos públicos el art. 31.1 de nuestra Carta Magna alude a los principios de capacidad económica y progresividad (deberán pagar más tributos quienes más riqueza tienen), en el ámbito de la actividad subvencional la asignación equitativa bien podría definirse en sentido contrario a los postulados de justicia tributaria antes referidos: deberán recibir más subvenciones quienes menos poder económico ostenten. Siendo ello así, y en lo que respecta al gasto en actividades culturales, cabría entender que financiar con dinero público en una mayor medida a quienes más riqueza tienen resulta un cierto contrasentido desde postulados de justicia de la actividad financiera de los entes públicos.

En mi opinión habría que diferenciar dos tipos de gasto público relacionado con aspectos culturales: por un lado, el que se realiza en bibliotecas y museos; y, por otro lado, el destinado a subvencionar actividades relacionada con las artes escénicas y musicales. Mientras el primero tiene un mayor sentido de inversión intergeneracional, el segundo es gasto en su más puro sentido de consumo: se agota con el espectáculo mismo. Probablemente por ello las consecuencias que cabría derivar en relación con la financiación pública tengan matices distintos en uno y otro caso, pudiendo aplicarse las líneas que siguen más al segundo de los tipos identificados de gasto público cultural que al primero.

Posiblemente el gasto público más necesario en relación con las actividades culturales es el destinado a su conocimiento y a la creación de ciertos hábitos de consumo de alta cultura en todos los sectores de la población. Por ello, deberían contemplarse políticas de gasto público –o meramente, de diseño de planes de estudio– para la formación en todos los niveles del sistema educativo que faciliten en conocimiento y comprensión de ciertas actividades artísticas, históricas, literarias, etc. Y, adicionalmente, reconocer una absoluta gratuidad o alta subvención para consumos de eventos culturales considerados como excelentes para los más jóvenes (por ejemplo, hasta los 25 años). A partir de una edad adulta independiente, la política de precios en actividades subvencionadas debería estar relacionada con la renta y riqueza individual o grupal. No se trata de algo utópico o irrealizable, habida cuenta de que en una sociedad cada vez más informatizada el conocimiento de la renta y patrimonio de cada persona es cada vez más sencillo. Hasta tal punto ello es así que el actual copago farmacéutico (que conlleva una actividad subvencional respecto de los medicamentos) varía en función de la riqueza personal. Ciertamente a ello se orienta cada vez más la actividad del gasto público. De hecho, algunos de los parámetros antes indicados se siguen habitualmente en algunos países centroeuropeos, provocando hábitos de consumo cultural más generalizados: mayor inversión en educación sobre artes musicales y escénicas, trato favorable a los jóvenes, venta de entradas baratas a pocas horas de la actuación o en lugares menos cómodos (donde, incluso, no existen asientos), poniendo el acento en eliminar posibles problemas de acceso a espectáculos culturales de altura.

En resumen, la financiación pública de la alta cultura merece en la actualidad una revisión: en lugar de una política única de precios que beneficia a las clases económicas más favorecidas y que son las que, habitualmente, consumen más tales manifestaciones, podrían discriminarse precios en función de la renta y patrimonio personales o de la edad. De este modo se lograría, probablemente, un mayor interés de todas las clases sociales por ciertos espectáculos culturales, elevando el interés en los mismos. Y todo ello porque la cultura de una sociedad no se cifra únicamente en los conocimientos científicos que ostente la ciudadanía, sino también en la comprensión y conocimiento de otros fenómenos artísticos que potencian un crecimiento personal integral.

Artículo realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”

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2 Comentarios

  1. Guillermo Escobar
    Guillermo Escobar 06-23-2017

    Enhorabuena Manuel por tan interesante artículo, que me obliga a repensar el capítulo sobre “El derecho a la cultura” en el libro colectivo en el que tú también participaste hace unos años. Hay un dato empírico que no tengo tan claro y que habría que demostrar: los más cultos son más ricos. Aplaudo la reflexión sobre la justicia pues, siendo esta uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, los juristas apenas nos ocupamos de ella. Los profesores tenemos acceso gratuito a museos, y esto es injusto. En museos sí hay precios especiales para determinados colectivos; p. ej., los niños no pagan. Habría que extenderlo al teatro y estudiarlo con seriedad. Creo que deberías enviarlo a los responsables de política cultural de CCAA y ayuntamientos. Saludos, GE

    • Manuel Lucas
      Manuel Lucas 07-03-2017

      Querido Guillermo: muchas gracias por tus comentarios, como siempre interesantes; en cuanto a los datos empíricos, las estadísticas suelen establecer una cierta correlación entre cultura, formación educativa e, incluso, riqueza personal. Aparte de los datos del artículo que comento, se encuentran otros muchos en el anuario de estadísticas culturales, elaborado anualmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/naec/portada.html). Por otro lado, no se me había ocurrido reflexionar sobre la gratuidad de acceso a museos que tenemos los profesores: gracias por traerlo a colación porque pensaré sobre ello, aunque en principio tengo la misma impresión que tú. Un saludo. ML

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