La factura del Brexit: “we want our money”

Las relaciones del Reino Unido (RU) con la Unión Europea (UE) causaron, desde el primer momento de la adhesión del RU a la UE, arduos debates sobre el presupesuto de la UE, solo hay que recordar la famosa frase de Margaret Thatcher “I want my money back”. Este célebre ruego de Thatcher se convirtió en una de las demandas más marcadas de la campaña del Brexit y en uno de los puntos más conflictivos en las negociaciones sobre el Brexit.

Las cifras de la llamada Brexit-Bill fueron dispares y se basaron en cálculos muy intencionados – el Financial Times estimó en un primer informe una demanda potencial por parte de la UE de 20 mil millones de euros, posteriormente se publicó la cifra de 100 mil millones. La Comisión Europea basó su estrategia negociadora en una cifra mínima de 60 mil millones de euros. El 28 de noviembre, varios medios informaron que el acuerdo al que se parecía haber llegado puede moverse entre 45 mil millones y 55 mil millones de euros. La pregunta que puede surgir es cómo se llega a estas cifras, cuando fue el RU el que demandaba que le devolvieran su dinero. El argumento básico es que el RU se comprometió en el año 2013 por un periodo específico – principalmente hasta 2020 – con el presupuesto multianual de la UE y las responsabilidades que surgen de este acuerdo no desaparecen con el Brexit. Con el acuerdo aún sin confirmar, se puede asegurar que el RU seguirá contribuyendo al presupuesto hasta 2020 y al mismo tiempo, continuarán las inversiones de la UE en el RU. El pago de otras obligaciones se repartirá a lo largo de los siguientes años, ya sea para suavizar el impacto del acuerdo en la opinión pública británica o por la necesaria contribución del RU a las pensiones de los funcionarios europeos. Aunque falta la confirmación por parte de la Comisión y una revisión de las cifras concretas, el Consejo Europeo del 14 y 15 de diciembre podrá dar luz verde al comienzo de las negociaciones de la futura relación comercial entre la UE y el RU.

Aunque ya se haya llegado a un posible acuerdo sobre la cuestión de la factura del divorcio, quedaran abiertas las preguntas sobre el impacto a largo plazo del Brexit en el presupuesto de la UE y en qué términos financieros se establecen las futuras relaciones entre la UE y el RU. Independientemente del acuerdo final sobre la salida del RU de la UE, podemos confirmar que los efectos estructurales para el presupuesto de la UE van a ser muy importantes en el medio y largo plazo. Aparte de dejar un agujero en el presupuesto de la UE, la salida del Reino Unido altera los debates sobre la reforma del presupuesto y la dinámica de la negociación presupuestaria en el Consejo.

A pesar del conocido cheque británico, el RU es unos de los mayores contribuyentes netos al prepuesto de la UE. La salida del Reino Unido supondrá una reducción de alrededor de 17 mil millones de euros (12%) anuales en los ingresos de la UE – una cifra similar a las contribuciones de todos los estados miembros que ingresaron a la UE en el año 2004. Esta reducción en los ingresos sólo se compensa parcialmente por una reducción del gasto de la UE en el RU, que alcanza un promedio de 7,5 mil millones de euros anuales desde 2014.

Si no se modifica la financiación del presupuesto y la estructura del gasto, la UE se enfrenta a una reducción del presupuesto entre 9-10 mil millones de euros como consecuencia del Brexit. ¿De dónde podrían venir estos recursos?

Se barajan diferentes escenarios: en primer lugar, se debate un aumento de las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE, sin embargo, esto afectaría desproporcionadamente a algunos de los mayores contribuyentes netos de la UE, como Alemania, los Países Bajos y Suecia. En parte, porque estos países se benefician de “descuentos” en la financiación del cheque británico que limita sus contribuciones – un sistema que desparecerá con el Brexit.

En segundo lugar, se debate un recorte del gasto en las políticas re-distributivas de la UE, no obstante, estos recortes tendrían que ser sustanciales y, ante el debate actual sobre los nuevos desafíos de la UE en materias como defensa o migración, deberían centrarse en las dos grandes categorías del gasto, la política de Cohesión y la PAC.

En tercer lugar, y lo más probable, se podría pensar en una combinación de los dos primeros escenarios, además de una modificación en la financiación de algunas políticas p.e. una posible cofinanciación de la PAC en el futuro.

En cuarto lugar, se plantean reformas estructurales que podrían afectar a los ingresos de la UE. Existen diferentes propuestas, pero algunas posibles opciones serían un impuesto europeo sobre el carbono, un impuesto armonizado sobre las sociedades o sobre las transacciones financieras. No obstante, y a pesar de que exista la esperanza de que el Brexit abriría un periodo de reflexión que proporcionaría soluciones creativas, o la perspectiva de que el Brexit podría funcionar como catalizador para reformas que han sido aparcadas durante muchos años, el modus operandi de las reformas de la financiación de la UE se basa en la unanimidad, lo que convierte esta última opción de nuevo en la menos probable. 

Finalmente, en estos cálculos, hay que tener en cuenta la futura relación y los posibles acuerdos con el RU p.e. para continuar con el acceso al mercado único. Asumir los modelos de Noruega y Suiza, que pagan cuotas anuales para el acceso, podría generar el tener contrapartidas para suavizar el impacto de la salida. Por otro lado, también se baraja la posibilidad de aportaciones del RU por su acceso a programas específicos de la UE, p.e. en materia de I+D. Otro punto a tener en cuenta, es que el Brexit podría llevar asociado un incremento de los aranceles aplicados a las mercancías exportadas del Reino Unido y como resultado a un incremento de los ingresos.

Pero no todo el debate es hipotético y dirigido hacia los próximos años. El resultado del referéndum del Brexit ya ha tenido diversos impactos en los presupuestos anuales de la UE. La fuerte depreciación de la libra británica en relación al euro se ha traducido en una importante reducción de la contribución del RU al presupuesto desde el año 2016.

En este sentido la victoria que se ha conseguido por parte de la UE es una victoria a corto plazo queda pendiente un debate interno sobre el presupuesto a partir de 2020.

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